En el caminar de MINGA, hemos ido perfilando un criterio territorial para el desarrollo del proyecto institucional, ubicándonos finalmente en dos regiones: el nororiente y el suroccidente, ampliado ahora a la idea de la surcolombianidad como integración de tres grandes bioregiones: el Pacífico, los Andes y la Amazonía. Concentramos principalmente nuestro trabajo allí en consideración al nivel de relacionamientos y compromisos alcanzados con sus comunidades y organizaciones, el sentido de proceso desarrollado por ellas, pero también por sus particularidades territoriales, culturales, económicas y políticas que las caracterizan, como el hecho de ser parte de dinámicas fronterizas.
La región nor-oriental
Está constituida por cinco bioregiones transfronterizas: el desierto de la Guajira, la Serranía de Perijá, la cuenca del Catatumbo, la cordillera Andina y la Araucanía. En ellas se han desarrollado varias culturas indígenas: Wayúu, Yukpa, Barí, U’wa, Guahíbo y Betoyes, además de las culturas campesinas y urbanas, todas ellas con un carácter binacional. La biodiversidad de territorios desérticos, de selva húmeda tropical, de páramos y de llanuras, tejidos en una tupida trama de corrientes de agua, constituyen un bien natural invaluable; además de los existentes en el subsuelo, como el petróleo, el carbón y otros minerales. La agrodiversidad, los vientos y la posición geográfica, por su conexión marina con el Atlántico, completan el inventario de la significación vital de estos territorios para la sostenibilidad de proyectos comunitarios de región. Administrativamente, en Colombia hacen parte de la jurisdicción de los departamentos de Guajira, Cesar, Norte de Santander, Santander y Arauca.
Procesos que MINGA acompaña:
En el trascurso de estos más de 20 años de caminar, hemos acompañado diversos procesos sociales en la región, unos de manera permanente y otros sin continuidad, por sus circunstancias económicas y políticas. Hasta hace unos años, por ejemplo, promovimos el proceso de integración binacional indígena en la frontera colombo-venezolana, en particular el proyecto de Nación Wayuú. También hemos acompañado el proceso de construcción de memoria histórica de los trabajadores y ex trabajadores de la palma aceitera en el Sur del Cesar y Santander, sobretodo.
Hoy, las regiones en las que mantenemos un acompañamiento en proceso son El Catatumbo, y Arauca.
En el Catatumbo, cuna de nuestra organización, aportamos en el fortalecimiento de varios de los ejes del Plan de Vida del Comité de Integración Social del Catatumbo – CISCA, como propuesta de región en la que desarrolla los principios de integración, vida y territorio. En ese sentido, hemos contribuido en los temas de: derechos humanos, juventud, mujeres y comunicaciones.
En este marco, hemos caminando con el CISCA principalmente el proceso de la Escuela de Altos Estudios Sociales y Ambientales del Catatumbo, el proceso de construcción de agendas interculturales de paz, además del apoyo a las Casas de Derechos, la Escuela de Mujeres del CNA –en la que se integra también el Cesar-, los procesos juveniles y el Equipo de Comunicaciones.
Los trabajos de la memoria, la articulación nacional, los intercambios con otras regiones y la incidencia con instituciones nacionales e internacionales, también son apoyadas por MINGA; e igualmente la protección del conjunto del proceso, a través de la asistencia jurídica y el Programa Somos Defensores. Junto con los demás ejes de construcción del Plan de Vida, el CISCA proyecta el ordenamiento comunitario de la región alrededor de los Territorios Campesinos Agroalimentarios.
“El Catatumbo es una de las regiones con mayores niveles de NBI, por encima del promedio nacional. La intervención de la explotación petrolera desde los años 30’s no generó desarrollo social y, por el contrario, exacerbó los conflictos en la región. En los años 80’s y mediados de los 90’s, los movimientos sociales del Catatumbo alcanzan desarrollos importantes que se expresaron en: asociaciones de las juntas comunales, redes de cooperativas, festivales culturales regionales, redes de derechos humanos y ejercicios de administración pública. De las tensiones entre la reclamación de derechos de la población catatumbera y los intereses económicos y políticos foráneos, se desprende una alta movilización social, la militarización de la región, el incremento de las acciones de la insurgencia y, en el período 1999-2005, incursión violenta de los grupos paramilitares. En estos seis años, especialmente, se producen los mayores índices de violación a los derechos humanos sobre la población, el rompimiento del tejido comunitario y la intromisión del narcotráfico. A la desmovilización de los paramilitares le prosiguió otra estrategia de control de la región: el Plan Nacional de Consolidación Territorial, con un enfoque de militarización del desarrollo, a la par de una Seguridad Democrática que buscó resultados positivos en ejecuciones extrajudiciales. El Catatumbo fue el detonante de un fenómeno que estaba ocurriendo en todo el país, a raíz de la movilización social de la región denunciando tales hechos y, en particular, el caso de los jóvenes de Soacha. Los prospectos mineros, energéticos y agroindustriales planteados para el Catatumbo, sostienen una presencia del Estado enfocada en lo militar que ha conllevado al montaje de la Fuerza de Tarea Conjunta “Vulcano”, justificada en la estigmatización de la población y el desconocimiento de los proyectos de vida comunitarios.“
En Arauca, hemos acompañado la propuesta territorial del espacio de articulación Movimiento Social y Político del Oriente, -antes Organizaciones Sociales-, especialmente en los ejes de derechos humanos y paz.
Con esos propósitos coordinamos acciones con el Comité de Derechos Humanos “Joel Sierra”, en torno a la asistencia jurídica, la denuncia y la protección, con el acompañamiento del Programa Somos Defensores. Desde MINGA facilitamos para estos procesos, acciones de interlocución e incidencia en el desarrollo de sus conflictos, e igualmente su visibilización aportando a la extensión de sus comunicaciones. Apoyamos además las iniciativas de paz desarrolladas en la región desde la participación en la Mesa Social para la Paz.
«La Araucanía es una región definida por el río Arauca, que como decía el maestro Fals Borda, antes que limitar territorios los une a lado y lado de su rivera como ecosistema único. En tanto departamento colombiano, hizo parte de los llamados “territorios nacionales” por considerarlos zonas sin estructura institucional, por lo tanto, sin atención social. Eso indica que fue un territorio en donde el Estado sólo se hizo presente a partir de 1982, cuando se descubre el mayor yacimiento de petróleo del país en ese momento, explotado por una empresa transnacional. Luego la constitución de 1991 lo volvió departamento. Desde entonces, la región sufre un proceso de militarización muy agresivo con los derechos de la población, en cuanto a la territorialidad, el ambiente, la cultura, las libertades y la integridad física. Inicialmente el gobierno despliega un gran dispositivo militar para darle seguridad a la inversión extranjera y luego aparecen otros actores armados, como la insurgencia en los 80’s y a finales de los 90’s los paramilitares.
La Seguridad Democrática ha sido aplicada en todo su rigor en esta región. Primero fue declarada una zona de excepción (estado de sitio regional); después empezó a concentrar unidades y operaciones militares – incluidas las fumigaciones aéreas – con asesoría directa del ejército estadounidense. Hoy existe un comando operativo integrado como Fuerza de Tarea Conjunta denominada Quirón. En medio de tales adversidades, ha florecido allí un proceso comunitario que ha demostrado capacidad para asumir de manera directa la solución autónoma de todas las problemáticas que enfrenta, inclusive la de los cultivos ilícitos».
El Sur Occidente
Está constituido por tres bioregiones transfronterizas: el Pacífico, los Andes y la Amazonía. Las relaciones ecosistémicas y socioculturales que se han tejido en una franja territorial importante entre los Andes y la Amazonía, la han caracterizado como región andino-amazónica, de la que hacen parte los departamentos del Putumayo y Caquetá, el oriente de Nariño y Cauca, y el sur del Huila, en Colombia; además de la Provincia de Sucumbíos en Ecuador, en la zona fronteriza. La biodiversidad de zona costera, páramo y selva húmeda tropical, constituye una riqueza natural importante, ofreciendo además una diversidad agrícola fundamental para la soberanía alimentaria de sus pueblos.
Concentra el mayor número de culturas indígenas y afrocolombianas del país, además de comunidades campesinas y urbanas, muchas de ellas con identidades binacionales. Integra la segunda frontera más dinámica de Colombia, tanto en los aspectos culturales y la movilidad humana, como en lo político y lo económico. Y un elemento trascendental: esta región fronteriza constituye la entrada a la Amazonía; de hecho, hace parte de uno de los corredores de intervención que une los dos océanos, de Tumaco a Belem.
Procesos que MINGA acompaña
En el sur colombiano, interactuamos con importantes procesos sociales cuyo protagonismo ha trascendido al ámbito nacional con diferentes convocatorias en torno a la paz, los derechos humanos y las soberanías territoriales, ejes que en general se estructuran en términos de Planes de Vida, de Etnodesarrollo y de Salvaguarda y en múltiples espacios de articulación regional. Se trata en primer lugar de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca -ACIN, el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC, el Comité de Integración del Macizo –CIMA, el Proceso de Comunidades Negras –PCN-, el Movimiento Campesino de Cajibío y algunos procesos urbanos.
Acompañamos también el fortalecimiento de la unificación de las comunidades Awá en torno al proceso denominado la Gran Familia Awá, agrupado hoy en torno a tres organizaciones en Colombia: la Unidad Indígena del Pueblo Awá -UNIPA, el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte –CAMAWARI, y la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo -ACIPAP; junto con la Federación de Centros Awá del Ecuador -FCAE.
Particularmente en el Putumayo, apoyamos los procesos de la Escuela de Estudios Sociales y Ambientales y la Escuela de Mujeres para el Liderazgo Social, como una minga del conocimiento para la construcción de propuestas de desarrollo comunitario, en las que participan organizaciones campesinas, indígenas y de las negritudes, asociaciones de víctimas, juntas comunales y grupos de trabajo ambiental y cultural. Las bases de las alternativas al desarrollo extractivista que se han determinado giran en torno a reivindicar la región del Putumayo como territorio amazónico y agroalimentario; una perspectiva que ha pasado del Putumayo a lo Andino-Amazónico y, en un plano internacional, a lo Pan-Amazónico.
El Encuentro Binacional de la frontera realizado en Putumayo en febrero de 2016, en el que participaron organizaciones sociales de este departamento, Nariño, Cauca, Caquetá, Huila y Sucumbios, proyectó la necesidad de trabajar por la integración de esta región Andino-Amazónica para enfrentar las afectaciones del desarrollo extractivista y la gran infraestructura instalada para ese propósito. Este proceso se encuentra posteriormente con el del Foro Social Pan Amazónico, y se enlaza a la preparación de su VIII encuentro en Perú y ahora a la construcción del IX Foro en Colombia, ampliando la coordinación de iniciativas alrededor del cuidado y la defensa del gran biosistema Amazónico, junto con organizaciones de los otros ocho países que tienen jurisdicción en él.
“El Sur Occidente colombiano es una región de grandes contrastes: un escenario en donde se han concentrado un intensivo extractivismo, una alta militarización y una política antidrogas represiva; pero también donde han germinado en medio de tales desastres las propuestas de región y de país más intrépidas, sostenidas en la unidad de los pueblos indígenas, negros y campesinos, junto a procesos urbanos. El piedemonte amazónico es el territorio más intervenido por la explotación petrolera, la cresta andina lo es por los grandes proyectos mineros y los monocultivos agroindustriales se expanden sobretodo en la zona andino- pacífica; y en tanto hacen parte de negocios transnacionales, su infraestructura está incorporada a los corredores de integración suramericana por lo que el Sur está cruzado por tres de ellos: Caracas-Quito, Amazonas-Tumaco y Orinoco- Buenaventura. Esta región también ha sido el principal escenario del conflicto armado con el mayor número de estructuras y operaciones militares -apoyadas directamente por el ejército estadounidense a través del denominado “Plan Colombia”-, con una permanente presencia de grupos insurgentes y donde se han producido los hechos de guerra más tenaces; además de la incursión brutal de los grupos paramilitares. Esta agresiva implantación de enclaves económicos, en conjunción con los enfrentamientos bélicos, fragmentó la biodiversidad, los territorios, los pueblos y las culturas de este sur, registrando altos índices de violación de derechos humanos. La crisis de las economías comunitarias, como uno de sus impactos, allanó la entrada del narcotráfico que ligó la coca a sus negocios transnacionales y la promovió como otro de los monocultivos, sumando nuevos ingredientes a toda esa conflictividad. Pero en la maltratada conciencia de los pueblos sureños se impuso finalmente su dignidad histórica, enraizada en las culturas y sus territorialidades, donde anidaron y crecieron múltiples alternativas al desarrollo del capital. La reactivación de los procesos comunitarios indígenas, negros y campesinos, se trenzaron en torno a ejercicios de recuperación y armonización de los territorios, de soberanía alimentaria y de realización propia de derechos. Desde estas bases se movilizaron importantes iniciativas, entre ellas “El Sur le responde al Plan Colombia”, el proyecto de la Surcolombianidad liderado por las gobernaciones departamentales donde se accedió a sus administraciones, la Consulta Popular autónoma sobre los Tratados de Libre Comercio, o la instauración del Resguardo La María como Territorio de Paz, desde donde se levantaron varios llamamientos a la solución política del conflicto armado. El tejido social del Sur en movimiento también convocó los procesos de articulación más originales y significativos de los últimos tiempos, los que transitaron de la Cumbre de Organizaciones Sociales y la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, al Congreso de los Pueblos. La fortaleza de las organizaciones sociales en esta parte del país, la constituye la diversidad de identidades que las componen, la capacidad autonómica para echar a andar sus alternativas y la audacia para integrarse en proyectos de vida comunes.“
Bogotá
En la capital del país, hemos trabajado fundamentalmente en la interlocución con organismos del gobierno nacional y del Estado, y con la comunidad internacional, ya sea de manera bilateral o en alianza con otros actores sociales. En esta dinámica acompaña las gestiones que las organizaciones, especialmente regionales, requieren adelantar con tales instituciones. Finalmente, desde este espacio, desde Minga aportamos al fortalecimiento de los escenarios nacionales de las diferentes plataformas sociales, de derechos y paz.
Una de las labores más importantes que desempeñamos en Bogotá es la incidencia, pedagogía y comunicación para la protección y las garantías para los procesos sociales y sus liderazgos, a través del Programa de Protección a Líderes y Defensores de Derechos humanos, Somos Defensores, el cual cuenta actualmente con el apoyo de una red de más de 500 organizaciones sociales locales y nacionales que alimentan su sistema de información y monitoreo; a la vez que incide a nivel internacional mediante el acompañamiento, formación y compartir de experiencias en materia de protección, con procesos organizativos en países de Centro y Sur América así como en Europa.
Otra de las tareas que abarcamos desde nuestro centro de funcionamiento es el de la visibilización de los procesos regionales, tanto de sus denuncias como de sus propuestas, amplificando sus expresiones en medios de comunicación nacionales e internacionales o posicionando sus trabajos de la memoria en diferentes escenarios, ya sea en exposiciones a manera de galerías, o en la elaboración de publicaciones.
Algunas de estas tareas las hacemos en coordinación con otras organizaciones defensoras de derechos humanos e instituciones como los Centros de Memoria, Distrital y Nacional. Uno de los ejercicios en este campo que ha adquirido un carácter de proceso es el de los Costureros de la Memoria, donde se traman diversas experiencias en todo el país alrededor de una red de organizaciones que realizan este trabajo, principalmente encabezado por mujeres víctimas del conflicto armado.
