En los próximos días se realizará la Segunda Asamblea por la Paz “Territorios con energía construyendo paz para la nación”. Existen varios aspectos en los cuales esta segunda Asamblea que convoca la Unión Sindical Obrera la hacen diferente a su primera versión de mediados de los años 90.
Una sustancial: en los años 90 se produjo la agresión más feroz que haya soportado el pueblo colombiano en los últimos tiempos, particularmente en las regiones petroleras del país, por lo que esa Asamblea correspondió a la necesaria resistencia que debió organizarse. Hoy, el contexto lo define un proceso de paz empujado por el movimiento popular en el que las problemáticas del país se revisan como factores estructurales de la crisis nacional, donde el conflicto armado es una de sus principales expresiones, lo que ofrece una oportunidad política de orden histórico.
Visto en estas dimensiones, los alcances de la segunda Asamblea serán profundos y extensos si se posiciona acertadamente en tal escenario. Porque el debate que promueve es alrededor de un asunto determinante para la configuración de un nuevo país que debe superar las sinrazones de la centenaria violencia política: el extractivismo, ahora en su edición neoliberal, como modelo económico que degrada la vida social y ambiental, explotando la naturaleza y el trabajo de manera intensiva, e interviniendo agresivamente nuestros territorios y nuestras comunidades. Ese extractivismo sobre el cual se ha ordenado esta sociedad y su Estado desde comienzos del siglo pasado cuando las transnacionales empezaron el saqueo del petróleo, con la promesa siempre incumplida del “progreso”, el “desarrollo” o la “prosperidad”, como han maquillado sus mentiras. Un siglo después seguimos siendo uno de los países más inequitativos del mundo, según lo plantean estudios de las Naciones Unidas; o sólo basta con observar críticamente nuestras realidades.
El modelo extractivista al cual sometieron las corporaciones y sus gobiernos a los pueblos y los territorios de esta nación inconclusa, constituyó además la lógica económica sobre la cual se estructuraron las relaciones de dependencia con el capital transnacional y su sistema-mundo. Así se erigió una institucionalidad a la medida del imperio, con la complicidad de los grupos económicos y políticos que han gobernado este país con una obscena voluntad entreguista. Y de por sí, esta condición en la que nuestra soberanía fue entregada absolutamente a los dictados del gobierno estadounidense, quien representa a las principales empresas del cartel mundial del petróleo, hace que este conflicto armado, social y ambiental, tenga un carácter internacional. Nadie ignora que en la disputa por el control de los bienes energéticos, especialmente, ha prevalecido una estrategia guerrerista en los poderes del Norte.
Y un tercer aspecto a destacar en la trascendencia del tema desarrollado por la Segunda Asamblea por la Paz, es el del territorio. Evidentemente es en este espacio concreto en donde se conjuga la gran industria minera y energética, la degradación ambiental, el empobrecimiento de las poblaciones, la corrupción, la exacerbación del conflicto armado y el tratamiento militar a la protesta social. Es en el territorio en donde la tal globalización del capital se materializa con todos sus impactos. Y en este marco, es en los territorios principalmente en donde el proceso de paz adquiere el sentido que los pueblos o los oligarcas quieren que tome.
En la perspectiva de un nuevo proyecto de país, la visión territorial permite recuperar la integralidad de la problemática y por lo tanto de sus alternativas. La diversidad de conflictos que se desarrollan en los territorios por las políticas intervencionistas que dirigen las transnacionales mineras y energéticas, ofrecen la posibilidad de una lectura holística y a partir de ella construir una alternativa con las mismas características. Una alternativa en la que de hecho confluyan además los distintos actores movilizados en la intención de ponerle freno a esa locomotora, desde lo ambiental, lo cultural, los derechos, lo laboral, lo económico, la soberanía, lo académico, lo artístico, etc., pero que precisan de una articulación coherente en la que sean capaces de reconocerse cada quien en la integralidad de la propuesta y su momento histórico.
Por estas razones, debatir acerca de una nueva política minera y energética como propósito fundamental de la Segunda Asamblea por la Paz, significa poner en cuestión el modelo extractivista, colocar los intereses del imperio y sus corporaciones en la mesa, recuperar las soberanías territoriales, desmontar las estrategias de guerra y abrirle camino a la consolidación del sujeto histórico, plural e integral, que le dé sostenibilidad y profundidad al proceso de paz como construcción del país para la vida digna que nos merecemos todas y todos: el Buen Vivir.
Para ese fin, la Asamblea puede encontrar en la Mesa Social para la Paz, cuyo llamamiento público a su conformación se realizó en días pasados, un escenario apropiado en dónde darle continuidad y desarrollos en diferentes sentidos al proceso planteado. Sobretodo, un escenario en donde el diálogo adquiera el carácter de una negociación política, similar a la de las otras mesas gobierno-insurgencia, con oportunidades de participación real en las decisiones sobre el pacto nacional en el que deberá discurrir la consolidación del proceso de paz.
