Este 12 de octubre se instaló en Bogotá el mural ¿Quiénes dieron la orden para…? una iniciativa de la #CampañaPorLaVerdad que agrupa a organizaciones del Espacio de Litigo Estratégico, víctimas y artistas urbanos, y que, en esta ocasión, busca hacer visibles a militares y agentes estatales no integrantes de la fuerza pública involucrados con el paramilitarismo, que esperamos sean llamados a comparecer ante la JEP dentro de las investigaciones del macrocaso 08: Crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado.
Infortunadamente, cuando aún se estaba dando inicio a la acción, agentes de la fuerza pública y un dirigente político llegó al sitio de la acción a amedrentar a los artistas, las organizaciones defensoras de derechos humanos que estaban allí y las obligaron a retirarse, censurando la parte del mural que ya había sido instalado.
Pero un grupo importante de víctimas que se encuentran reunidas en Bogotá llegaron al sitio para resistirse a la censura y reiniciar la obra. Recordamos que la Corte Constitucional se pronunció protegiendo estas expresiones de memoria de las víctimas.
El mural es una nueva versión del que se hizo célebre al revelar los rostros de altos mandos militares bajo cuyo mando se cometieron los mal llamados “falsos positivos”, y que logró elevar el debate público sobre la responsabilidad por cadena de mando en el macrocaso 03, y que fue objeto del fallo de la Corte que protegió el acto de memoria.
El macrocaso 08, como lo hemos señalado desde las organizaciones acompañantes de víctimas, responde a una demanda histórica sobre la verdad del proyecto paramilitar que no es posible explicar como un fenómeno impulsado por un tercer actor, sino como una compleja red de intereses militares, económicos y políticos que se articularon en políticas estatales y se concretaron en graves crímenes en los territorios.
Esta nueva pieza de memoria de las víctimas surge de revisar y contrastar decisiones judiciales y documentación oficial relacionada con 10 dirigentes políticos y nueve militares investigados o condenados por crímenes como masacres, desplazamientos forzados, despojos de tierras, desapariciones forzadas, homicidios y otros, cometidos en connivencia o incluso mediante la conformación de grupos paramilitares.
La cifra que lo encabeza se desprende del Auto 104 del 30 de agosto de 2022 donde la JEP identificó 15.710 víctimas de la fuerza pública, 56.502 del paramilitarismo y 280 de agentes estatales no integrantes de la Fuerza Pública para un total de 72.492 víctimas reconocidas por la justicia transicional en este macrocaso, en los territorios priorizados de el Gran Magdalena (Cesar-Guajira-Magdalena); los Montes de María; Ariari-Guayabero-Guaviare, Caguán y Florencia; Antioquia y el Magdalena Medio.
Los rostros que aparecen en esta edición del mural corresponden a: Salvador Arana Sus, exgobernador de Sucre y exembajador en Chile condenado por homicidio y vínculos con el paramilitarismo; Jaime Blanco Maya, exempresario de Drummond condenado por homicidio de sindicalistas y concierto para delinquir; Eleonora Pineda, exrepresentante por Córdoba, condenada por vínculos con el paramilitarismo; Enilce López, alias La Gata, exempresaria de apuestas en Sucre, condenada por homicidio y lavado de activos; y Ana María Flórez, exdirectora seccional de Fiscalías en Norte de Santander, condenada por entregar información al paramilitarismo.
También figuran en el mural del paramilitarismo, Muriel de Jesús Benito Rebollo, exrepresentante a la Cámara por Sucre condenada por concierto para delinquir en alianza con el paramilitarismo de Jorge 40; José Miguel Narváez, condenado por el homicidio del periodista y defensor de derechos humanos Jaime Garzón, señalado en múltiples versiones como eslabón entre el ejército y grupos paramilitares, Luis Camilo Osorio, exfiscal General de la Nación investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara por sus nexos con el paramilitarismo, hecho recogido en el informe de la CEV; Ramiro Suárez Corzo, exalcalde de Cúcuta condenado por el homicidio de un de sus exasesores, perpetrado por paramilitares de Santander; y David Char Navas, señalado por nexos con el bloque norte de las AUC.
En cuanto a los militares, se mantienen los rostros de Mario Montoya y Oscar González Peña, esta vez en relación con las investigaciones por sus vínculos con las AUC, y emergen los del general (r) Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, condenado por la masacre de Mapiripán; el general (r) Rito Alejo del Río, condenado por el homicidio del campesino Marino López y que reveló sus nexos con las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, ACCU, el coronel (r) Robinson González del Río, investigado por sus vínculos con el grupo Cordillera Sur del Clan del Golfo; el Coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, condenado por el secuestro de dos ciudadanos y acusado por el homicidio de Jaime Garzón, en asocio con paramilitares del Bloque Capital; el contralmirante Rodrigo Quiñones Cárdenas, excomandante de la Brigada Primera de Infantería de Marina señalado de prestar apoyo a las AUC para cometer la masacre de Chengue y El Salado, en Sucre; El mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, exjefe de la Brigada XX, clausurada en 1998 por violaciones de derechos humanos, y el general (r) Leonardo Barrero Gordillo, excomandante de la Brigada 11, señalado por vínculos con el paramilitarismo bajo la figura de las Convivir, y quien ha sido el único que ha comparecido por estos hechos en el macrocaso 08.
A pesar de lo numeroso del ejercicio reflejado en el mural, estos nombres y cargos son solo una muestra de lo que hemos documentado por décadas ante la justicia ordinaria y transicional. Tal y como lo recogimos en casi una decena de informes presentados a la JEP -en solicitud de apertura de este macrocaso- el paramilitarismo fue una política de Estado.
Esto ha quedado establecido desde el surgimiento de las primeras estructuras de este tipo amparadas en la Ley 48 de 1968, recientemente derogada por la prohibición constitucional del paramilitarismo fruto del Acuerdo Final de Paz, y de ello dan cuenta múltiples testimonios, pruebas documentales y decisiones judiciales que ilustran las labores de entrenamiento, inteligencia, armamento y otros recursos suministrados por agentes de la fuerza pública a estas estructuras criminales, o la realización de operaciones conjuntas y patrullajes combinados con el Ejército en el contexto de los cuales se cometieron numerosas y graves violaciones a los derechos humanos.
Por lo anterior, esperamos que con esta nueva expresión de memoria de las víctimas, se contribuya a posicionar la verdad histórica sobre el paramilitarismo, y –junto con el impulso procesal que seguiremos adelantando ante la JEP- se contribuya también a un avance más célere en el esclarecimiento de este entramado criminal, la determinación pronta de responsables al más alto nivel, además de la identificación de patrones y políticas que dieron como resultado estos graves crímenes, para que la sociedad conozca la verdad sobre quiénes dieron la orden de desarrollar el paramilitarismo en Colombia, para que estos hechos cesen y nunca más se repitan.
#CampañaPorLaVerdad
