905 organizaciones sociales y de Derechos Humanos, 216 organizaciones internacionales y más de 6500 personas piden frenar la militarización de la protesta social y el restablecimiento de garantías y libertades para la movilización ciudadana en Colombia. Demandan al gobierno de Iván Duque, reversar la decisión de militarizar la respuesta a las protestas sociales, y, por el contrario, brindar todas las garantías para la movilización, dando además, respuesta a sus legítimas demandas.
Varios días después de las numerosas protestas sociales, el gobierno del Presidente Iván Duque se decidió a escuchar el clamor popular de retirar la regresiva y nefasta propuesta de Reforma Tributaria, que de manera indolente pretendía estrangular aún más las deterioradas condiciones de vida de la población, producto de las malas políticas para manejar la pandemia. Sin embargo, su empeño por imponerla por la fuerza en contra de una mayoría de la población, desató una represión violenta sobre la ciudadanía y una negación flagrante de las elementales garantías en un Estado de Derecho para el ejercicio de la movilización, la protesta y la participación ciudadana en los asuntos que los afectan.
Luego de seis días de intensas movilizaciones, la represión que se desató contra las personas, que por millones se lanzaron a las calles para impedir semejante atropello contra las clases medias, pobres y asalariadas, se saldó con la vida de 18 personas asesinadas, 305 heridas, 23 con mutilación o lesiones oculares, 11 casos de violencia sexual y violencias basadas en género, al menos 988 detenidos, 8 allanamientos fueron declarados ilegales, 398 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial, y 47 agresiones intencionales a defensores/as de derechos humanos o reporteros independientes que denunciaban o trataban de poner fin a estos atropellos.
Sin embargo, la decisión del gobierno de Duque de sacar el Ejército a las calles para reforzar la contención a la protesta social, añadió una nueva vulneración al orden constitucional y legal, generando además, mayor violencia estatal, como la registrada en la ciudada de Cali y otras ciudades del país, el día 3 de mayo. Este panorama incontrolado de uso desproporcionado e ilegal de la fuerza, se sumó al ya deteriorado clima de violaciones colectivas al derecho a la vida, la libertad, la integridad y demás derechos y libertades fundamentales, pisoteados impunemente ante la descalificación global de todas las protestas como vandalismo y la justificación con este argumento de la brutal represión, que sin ninguna intervención de los órganos de control, perpetró la policía y el ESMAD, y ahora el Ejército, en asocio en muchas ocasiones, con civiles no identificados que hacen uso indiscriminado y selectivo de las armas con los fatales resultados ya descritos.
La estigmatización desde el gobierno a la protesta como mero vandalismo, ha llevado a las fuerzas de seguridad a actuar con la percepción inducida de que la población que reclama son enemigos internos; es un peligro sacar los militares a las calles a enfrentar los reclamos de los ciudadanos, pues su entrenamiento y misión están orientados a confrontar las situaciones relacionada con conflictos armados, mediante el uso de las armas, y no para tramitar movilizaciones por el reclamo de derechos. El teatro de operaciones creado en la ciudad de Cali el día 3 de mayo, dan cuenta de ello.
El retiro de la reforma tributaria y la renuncia del Ministro de Hacienda, es un triunfo de la protesta social, y de millones de personas que padecieron las actuaciones arbitrarias de las fuerzas de seguridad. Un costo demasiado alto para las víctimas por la terquedad oficial de imponer una reforma para el despojo, a los sectores más vulnerables. Pero las protestas sociales vienen desarrollándose por otros motivos adicionales como la reforma a la salud, la reforma pensional, el genocidio continuado de los liderazgos sociales y los firmantes de la paz, las luchas contra la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, la aspersión manual de glifosato y la orden firme de la aspersión aérea del agrotóxico a todo el campo colombiano; pasando por encima de los acuerdos de miles de campesinos cultivadores de la hoja de coca.
Además del incumplimiento a la implementación integral del Acuerdo de Paz y la búsqueda de salida negociadas a la guerra y al deterioro de la situación humanitaria en las regiones. Pero también, por la garantía de una renta básica para millones de familias que padecen hambre o no pueden satisfacer sus necesidades elementales; por una atención eficaz e integral de salud, educación, acceso a empleos dignos y una política internacional respetuosa de las relaciones armoniosas y la autodeterminación de los países vecinos.
Por estas razones, desde las Plataformas de organizaciones de derechos humanos, sociales, de víctimas y de lucha por la paz:
- Demandamos al gobierno de Iván Duque, reversar la decisión de militarizar la respuesta a las protestas sociales, y, por el contrario, abrirse a una actitud de escucha a los reclamos de la movilización social. ∙ Pedimos al Congreso de la República realizar sus deberes de control político a los abusos y desmanes del gobierno, y legislar para atender los reclamos de la mayoría por una renta básica para atender la crisis ocasionada por la desatención social a la pandemia y las medidas gubernamentales por favorecer los grandes intereses corporativos del capital nacional y transnacional.
- Solicitamos a los alcaldes y gobernadores, sumarse a las voces de rechazo a la pretensión del gobierno nacional de enfrentar la protesta social con el refuerzo de acciones militares y represivas de toda índole.
- Exigimos, la independencia de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación y la conminamos a presentar con prontitud un informe detallado y completo sobre el total de víctimas asesinadas, desaparecidas, heridas, sexualmente abusadas y arbitrariamente detenidas en los hechos denunciados con ocasión del paro nacional y restablecer las acciones de control a los abusos oficiales en el uso de la fuerza.
- Pedimos a la Fiscalía y al Poder Judicial llevar a cabo investigaciones prontas, serias, independientes y exhaustivas sobre todas y cada una de las agresiones y atropellos denunciados, y orientar a los fiscales a dejar de actuar en connivencia para validar arbitrariedades y atropellos a líderes sociales, organizaciones o personas que ejercen su derecho a protestar de manera pacífica.
- Y a la comunidad internacional, impulsar acciones de vigilancia y monitoreo de la grave crisis humanitaria que padece la población colombiana como consecuencia de la falta de implementación de los compromisos asumidos en virtud del Acuerdo de Paz, y en especial para solicitar al Estado Colombiano poner fin a las vulneraciones de derechos humanos derivados del trato represivo y desmedido de la fuerza pública a la movilización y la protesta social.
A todas las anteriores entidades, solicitamos desplegar sus acciones para restablecer, en las condiciones que deben imperar en un Estado Social de Derecho, como lo establece la Constitución Política y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las garantías necesarias para el ejercicio de la movilización y la protesta social, sin el temor a que su ejercicio conlleve un riesgo para la vida, la libertad, la integridad física, moral y sexual de quienes reclaman el disfrute y vigencia de los derechos y libertades públicas, y el derecho a vivir en una sociedad en paz y libre de los efectos de la guerra, y tener una vida digna.
Suscriben,
Personas Nacionales (6140) ……………………………………………………………………………………………………………..3
Organizaciones Nacionales (905)……………………………………………………………………………………………………..37
Personas Internacionales (530) ……………………………………………………………………………………………………….45
Organizaciones internacionales (216) ………………………………………………………………………………………………48
210504 FRENAR LA MILITARIZACION DE LA PROTESTA SOCIAL FINAL
