Las garantías en torno al derecho a defender los Derechos Humanos (DD. HH) son un tema que ha estado presente en la agenda de las plataformas de DD. HH desde el 2009. En ese momento se creó el Proceso Nacional de Garantías, concebido como un espacio de diálogo tripartito del que hacen parte instituciones estatales, plataformas de DD. HH y la comunidad internacional en calidad de observadores y acompañantes del proceso. El diálogo ha estado dirigido a discutir conjuntamente sobre la violencia que afecta a las personas defensoras de Derechos Humanos y orientar la acción estatal con miras a su superación, tomando en cuenta los estándares internacionales en la materia y buscando la efectiva coordinación y articulación entre las instituciones competentes tanto en lo nacional, como en lo local. En ese orden de ideas, se le puede considerar un importante espacio de diálogo político.
Desde entonces y hasta la fecha, el proceso ha tenido varios ires y venires, momentos de actividad intensa y otros en los que pareciera se acerca su fin. Sin embargo, resurge cual ave fénix, en buena medida por la apropiación que desde lo regional ha ganado entre las organizaciones que participan y su exigibilidad constante a que funcionen los distintos mecanismos que hacen parte de esta. La participación y las mesas territoriales de garantías se constituyen por tanto en claves fundamentales de este proceso, del camino recorrido y de la experiencia ganada.
¿Garantías o protección?
Dentro de todo esto, hablar de garantías para las personas defensoras de DD. HH y no de protección ha adquirido un profundo sentido político que parte de la reflexión y elaboración de las organizaciones de Derechos Humanos en torno a las obligaciones del Estado para con quienes defienden derechos, a partir de los estándares internacionales de Derechos Humanos. Sobre esta base, las organizaciones han propuesto cuatro dimensiones a tomar en cuenta en la configuración de una política pública de garantías para personas defensoras de los Derechos Humanos: i) prevención, ii) protección, ii) investigación, judicialización y sanción y, iv) garantías de no repetición.
Esa dimensión política y multifacética de la obligación estatal incorporada a la visión de garantías para el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos guarda un vínculo estrecho con el concepto de seguridad humana. Desde este enfoque, una política pública debe considerar la interdependencia de las variables económicas, políticas, sociales, ambientales y culturales, entre otras que rodean a las personas defensoras de DD. HH, para que el análisis de los riesgos que enfrentan sea complejo y diferenciado.
Tal y como lo ha expresado la Organización de Estados Americanos (OEA):
“La seguridad se fortalece cuando profundizamos en su dimensión humana. Las condiciones de la seguridad humana mejoran mediante el pleno respeto a la dignidad, los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de las personas, así como mediante la promoción del desarrollo económico y social, la inclusión social, la educación y la lucha contra la pobreza, las enfermedades y el hambre”.
El deterioro progresivo y preocupante de la situación que enfrentaron las personas defensoras de DD.HH en Colombia durante el gobierno de Iván Duque se pone en evidencia con el aumento casi constante de las agresiones, sobre todo de los asesinatos y amenazas, la aridez del Proceso Nacional de Garantías, cuyo funcionamiento fue prácticamente nulo, un enfoque negacionista de los riesgos y la respuesta errática por parte de gobierno a la situación de violencia contra las personas defensoras. Todo ello pone un desafío de gran envergadura al nuevo gobierno en esta materia. No obstante, consideramos que hasta el momento las señales son positivas.
Con la llegada al gobierno del Presidente Gustavo Petro y de la Vicepresidenta Francia Márquez, la discusión en torno a las garantías tiene un nuevo y renovado escenario político en el que la primera señal a favor es justamente la adopción de la seguridad humana como enfoque rector en materia de políticas públicas relacionadas con la seguridad.
Igualmente, la visión negacionista en torno a la gravedad de la situación ha sido superada. Tanto el Presidente, su Vicepresidenta, como los miembros del gabinete, asumen la gravedad del panorama que enfrentan las personas defensoras, la necesidad de impactar las dinámicas de violencia contra ellas y la importancia de contar con el apoyo y el acompañamiento de organizaciones internacionales con experiencias en la materia para la definición e implementación de las medidas a adoptar. En ese campo es posible apreciar ya un diálogo renovado que parte de reconocer por parte del gobierno, lo que organizaciones internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos OACNUDH, la Misión Permanente de Verificación de las Naciones Unidas, la MAPP-OEA, entre otros, pueden aportar desde sus mandatos, en lo inmediato y a mediano plazo.
Plan de emergencia para la protección de liderazgos sociales
Una de las señales más visibles y significativas que evidencian la superación del discurso negacionista imperante anteriormente es la adopción del Plan de emergencia para la protección de los liderazgos sociales, personas defensoras de Derechos Humanos y pactantes de paz. Este fue elaborado por las Plataformas de DD. HH, la subcomisión de Derechos Humanos de la Cumbre Agraria y el Programa Somos Defensores, con el apoyo técnico de la OACNUDH y la Misión Permanente, y el respaldo de varios congresistas del Pacto Histórico entre los que se cuentan Iván Cepeda, Jahel Quiroga, Gloria Flórez y Alirio Uribe. Fue recibido por el Presidente Gustavo Petro días antes de su posesión y asumido en su integralidad como carta de navegación del actual gobierno sin ninguna cortapisa.
El plan de emergencia incorpora 49 medidas en 6 ejes y un horizonte temporal a dos velocidades: de una parte medidas inmediatas a desarrollarse en los primeros 100 días de gobierno y otras a mediano plazo a realizarse al año siguiente una vez cumplidos los 100 días. El objetivo del plan es proteger la vida y detener las agresiones contra liderazgos sociales, personas defensoras de DD.HH y pactantes de paz y está orientado por 4 principios: i) acción de prevención y protección inmediata, ii) activación de los mecanismos en materia de seguridad previstos en el acuerdo final de paz, iii) priorización territorial como respuesta a las situaciones de alto riesgo, y iv) Activación de los distintos escenarios de interlocución, concertación y participación de las organizaciones sociales y comunidades étnicas.
Cumplidos ya los primeros 100 días varias de las medidas previstas tienen avances importantes, aunque desafortunadamente las dinámicas de violencia y agresiones que afectan a las personas defensoras de DD.HH no han logrado frenarse.
Lo cual indica que la desactivación de las complejas dinámicas de violencia que afectan a las personas defensoras requiere, de una parte, de más tiempo para que los efectos positivos de las medidas adoptadas se manifiesten, pero también, del concurso de la institucionalidad en su conjunto pues la coordinación armónica de las instituciones resulta indispensable. Igualmente, a partir de la experiencia de implementación de algunas de las medidas en este lapso es posible plantear los ajustes que se considere requieran en aras de su eficacia.
Puestos de Mando Unificados por la Vida PMUV
Los Puestos de Mando Unificado por la Vida (PMUV) son una de las medidas previstas en el cuarto eje del Plan de Emergencia, referido a la presencia territorial del Estado y el acompañamiento de la comunidad internacional en las regiones y municipios priorizados. Se orienta a materializar la presencia institucional en su conjunto con miras a la adopción de acciones operativas y medidas urgentes para proteger a las personas defensoras de Derechos Humanos y pactantes de paz. Se conciben con un carácter temporal mientras se logra bajar la intensidad de las agresiones y se avanza en la configuración de la política integral de garantías. En esa medida la participación de las organizaciones sociales de los municipios y regiones donde se desarrollan resulta fundamental para: i) presentar los que consideran factores de riesgo más acuciantes que enfrentan, ii) presentar los casos de personas amenazadas frente a las cuales se deben implementar acciones de forma rápida, iii) hacer el seguimiento de los compromisos adquiridos por las instituciones y poder evaluar los impactos de las medidas adoptadas. Adicionalmente, son invitados permanentes a las sesiones de los PMUV la OACNUDH, la Misión Permanente de Verificación y la MAPP- OEA, organizaciones que han estado fuertemente comprometidas en acompañamiento de los mismos.
Serán coordinados por el Ministerio del Interior y sus delegados de la Dirección de DDHH, quienes ejercerán labores de supervisión e impulso a modo de secretaría técnica. Además, están conformados por delegados de MinDefensa, OACP, gobernación, alcaldía, secretario de gobierno local, personeros, defensoría del pueblo, procuraduría general de la nación, UNP, Fiscalía, Policía Nacional, particularmente de la UNIPEP. Representantes de la Comunidad Internacional, organizaciones sociales y DDHH, comités de impulso del programa integral de Mujeres, Lideresas y Defensoras, firmantes y JAC. Con esto buscan garantizar una presencia permanente y coordinada de las autoridades del Estado para acciones de prevención y protección. Abordarán las situaciones concretas de riesgo en cada municipio y región. Implementarán la oferta institucional adecuada para resolver casos de riesgo activando rutas de protección pertinentes. Todo ello con enfoque diferencial y de contexto, por lo cuál ante los pueblos étnicos se garantizará el debido relacionamiento con sus autoridades y procesos.
Según el plan, los PMUV tendrán comunicación directa con los comandantes de unidades policiales, militares presentes y de fiscalía en la zona. No obstante, son las organizaciones sociales y de DDHH las que determinan si pueden o no participar estas instituciones al interior de los espacios. Finalmente, las acciones de protección en el marco de los PMUV deben coordinarse con las guardias comunitarias y otras formas de autoprotección.
La puesta en marcha y funcionamiento de los PMUV no ha resultado una tarea fácil. Se han presentado disparidades en la forma de operar y dificultades en la comprensión sobre su finalidad y funciones, tanto en las alcaldías y gobernaciones de los municipios y regiones priorizadas en el plan, quiénes son las autoridades llamadas a convocarlos, como por parte de las organizaciones sociales llamadas a participar. Una de las razones que explican esta situación es que por tratarse de una medida de emergencia, se inició su operación de manera inmediata, sin que las instituciones concernidas y también las organizaciones sociales y autoridades étnicas tuvieran la claridad sobre su objetivo y alcance.
Esta comprensión y aprendizaje se ha dado sobre la marcha y ha permitido en varios de los lugares en los que viene operando que se haya ido afinando el funcionamiento del mecanismo y la sintonía entre las distintas voces que participan. En otros lugares en cambio el nivel de desconfianza y prevenciones hacia las autoridades por parte de las organizaciones sociales y en algunos casos entre las mismas organizaciones es tan grande que hace muy difícil su correcto funcionamiento y genera escepticismo por parte de las organizaciones.
El Proceso Nacional de Garantías
Otra de las señales de cambio significativas es el reconocimiento al Proceso Nacional de Garantías, cuya reactivación ya se ha puesto en marcha por parte de la dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y las plataformas de DD. HH. La activación de este proceso tanto a escala territorial como nacional es una de las medidas incorporadas en el primer eje del plan de emergencia, relativo a la generación de confianza institucional. Igualmente a este proceso se le reconoce su importancia en el seguimiento del plan y a las mesas territoriales de garantías su presencia como delegados permanentes en los PMUV.
Dado que el gobierno anterior puso palos en la rueda para la activación de espacios de interlocución ya definidos en esta materia de garantías, en todo este proceso ha sido muy importante la activación de estos espacios como una de las medidas de recuperación de la confianza institucional. Esto revela la conciencia del actual gobierno de la necesidad de acortar la brecha de la desconfianza, que creció significativamente en el periodo de gobierno anterior, para que su apuesta por la participación fructifique.
Finalmente, los desafíos para el gobierno nacional en materia de garantías para las personas defensoras de Derechos Humanos son grandes. Conllevan, entre otros elementos, enfrentar la inercia y cuellos de botella institucionales que no en pocas ocasiones se convierten en una piedra constante en el zapato, e impiden avanzar en la dirección de los cambios propuestos con agilidad, pertinencia y eficacia.
Los desafíos para el movimiento de Derechos Humanos y el amplio espectro de los procesos sociales, no es de menor envergadura. Se trata de: (1) Asimilar un nuevo escenario político inédito en la que no solamente su voz cuenta, sino también resulta importante su concurso en la ejecución de las acciones propuestas. (2) Mantener su autonomía combinando el seguimiento y veeduría de la situación en los territorios y el fortalecimiento de su capacidad propositiva en los distintos espacios habilitados para la participación. (3) Reconocer el sentido de oportunidad que ofrece el nuevo gobierno para avanzar en términos de una política pública de garantías en clave participativa, aunque los resultados no se vayan a apreciar de inmediato.
Existe así una apuesta compartida entre el actual gobierno y el movimiento de Derechos Humanos, y es que las señales positivas en el escenario político logren comenzar a impactar las realidades de violencia que se viven en los territorios y cimentar las posibilidades de cambio hacia una paz incluyente, diversa y con justicia social.
