Las plataformas de derechos humanos y paz conformadas por cerca de 900 organizaciones, hacemos pública nuestra profunda preocupación por las sorprendentes declaraciones del Presidente Juan Manuel Santos sobre “si realmente vale la pena” mantener la presencia en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La Oficina en Colombia ha acompañado la adopción de políticas y medidas con un impacto positivo en materia de derechos humanos. También ha sido clave al advertir sobre iniciativas legislativas regresivas o denunciar situaciones de abierta violación de derechos, como las agresiones de grupos guerrilleros y paramilitares, los llamados “falsos positivos” o las “chuzadas” del DAS. Además, ha apoyado al Gobierno en la definición de acciones para enfrentar estos fenómenos y ha supervisado su cumplimiento.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU consideró en 1996 que la situación en Colombia era muy grave y que las recomendaciones de sus mecanismos eran apenas aplicadas. Con la venia del Gobierno colombiano la Comisión pidió que se estableciera cuanto antes una oficina permanente en Colombia. Es decir que la presencia de la Alta Comisionada en el país no se debió a una concesión del Gobierno, sino a un mandato del principal órgano de las Naciones Unidas en derechos humanos.
Diferentes órganos de la ONU han corroborado en los últimos años que la situación de derechos humanos sigue siendo grave en el país. Esto significa que, de acuerdo con quienes pidieron la creación de la Oficina, la presencia de esta todavía se justifica. No puede ser el Gobierno de Colombia el que unilateralmente decida que la Oficina ya no es necesaria, y menos en un momento en el que la continuación de las violaciones a los derechos humanos y los altos niveles de impunidad evidencian la precariedad de la garantía de los derechos en el país.
Si como dijo el Presidente, “somos lo suficientemente maduros para saber que el respeto por los derechos humanos es una obligación de todos y cada uno de los ciudadanos, pero sobre todo del Estado colombiano”, no existe ninguna razón para temer la presencia de la ONU en Colombia. Para cualquier Estado que pretenda priorizar los derechos humanos es todo un privilegio contar con semejante apoyo en esa labor. Y en Colombia, la crisis de la salud, la violencia contra las mujeres, la continuidad del desplazamiento forzado o el asesinato de líderes de tierras (por citar sólo algunos ejemplos) son prueba de que la Oficina todavía es necesaria.
El reciente rechazo del Gobierno a las declaraciones de la OACNUDH sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades en el Catatumbo o sobre las consecuencias negativas de la ampliación del fuero militar evidencian que al Gobierno la supervisión internacional en derechos humanos le resulta incómoda, pero ello no es suficiente para suprimirla, ni es lo propio de un Estado que pretenda calificarse, según el presidente Santos, como “maduro” y conocedor de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Por lo anterior, las organizaciones de derechos humanos y paz solicitamos, respetuosamente pero con profunda convicción, que el mandato de la Oficina de la Alta Comisionada en Colombia sea renovado integralmente y por todo el tiempo que sea necesario.
Mayor información: Claudia Erazo 311 848 47 11 / Gustavo Gallón 311 481 71 83 / Franklin Castañeda 313 391 9384 / Claudia Mejía 310 248 39 30 / Alirio Uribe 312 587 49 58 / Jahel Quiroga 318 210 13 46 / Nelson Berrío 310 269 76 96.
Bogota, 16 de Julio de 2013
