La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca -ACIN- a través de su vocero Nelson Lemus, nos invita a acompañar la Minga Social y Comunitaria por la defensa de la vida, el derecho a la protesta social y la Jurisdicción Especial Indígena-JEI.
El objetivo principal de la Minga Social y Comunitaria, donde además de la ACIN, también confluye el Consejo Regional Indígena -CRIC- y la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-, es la defensa de la jurisdicción indígena gravemente atacada tras la detención arbitraria del líder indígena Feliciano Valencia, quien a pesar de haber sido trasladado bajo cuidado de las autoridades tradicionales aún se encuentra a la espera de ser declarado inocente de los cargos que se le han imputado.
Se espera que el día 22 de noviembre inicie una multitudinaria movilización desde el departamento del Cauca hasta la ciudad de Bogotá donde las autoridades tendrán una agenda de incidencia y denuncia ante su principal preocupación en este momento: la legitimidad de la justicia indígena.
Compartimos el documento del tejido de comunicaciones de la ACIN sobre este importante tema:
Desde el Tejido de Comunicación de la ACIN, compartimos la convocatoria de las organizaciones indígenas ACIN, CRIC y la ONIC, a la “Minga Social y Comunitaria por la defensa de la vida, el derecho a la protesta social y la Jurisdicción Especial Indígena-JEI” que empezará el próximo 22 de noviembre de 2015.
Celebramos que las autoridades indígenas busquen la reactivación de la Minga social y comunitaria del 2008, en el actual contexto de persecución política, jurídica y mediática de la que ha sido víctima el movimiento indígena como consecuencia de las acciones legítimas de control que se realizan actualmente en la Liberación de la Madre Tierra. Esperamos que esta iniciativa respete la agenda que se planteó en el año 2008, en su sentido original ya que es el resultado de un trabajo en conjunto con las comunidades indígenas de base y la síntesis de sus necesidades, exigencias y propuestas. Estos son los cinco puntos de la minga del 2008 que acogieron diferentes pueblos y procesos sociales del país:
1. No aceptamos «Tratados de Libre Comercio» porque tienen el propósito de despojarnos de nuestros derechos, culturas, saberes y territorios.
2. Rechazamos y exigimos la derogatoria de las reformas constitucionales y legales que sirven a los intereses del modelo económico y a la codicia transnacional.
3. Denunciamos el terror y la guerra como estrategias de despojo que en Colombia se implementan a través del Plan Colombia y la política de Seguridad Democrática.
4. Exigimos el cumplimiento de normas, acuerdos y convenios que se ignoran de manera sistemática. Pero no exigimos solamente como indígenas. Todas las causas son nuestras.
5. Construyamos la Agenda de los Pueblos. Nos comprometemos a compartir y sentir el dolor de otros pueblos y procesos. Tejido de dolor que se haga camino para que esta institucionalidad ilegítima al servicio del capital transnacional sea reemplazada por un Gobierno Popular Sabio.
Minga Social y Comunitaria por la defensa de la vida, el derecho a la protesta social y la Jurisdicción Especial Indígena-JEI
El actual contexto de terminación del conflicto armado y diálogos de paz, promete tranquilidad y esperanza para todos los colombianos y colombianas, se ve alterado por fuertes vientos de guerra que aún continúan poniendo en riesgo los derechos fundamentales de los ciento dos (102) pueblos indígenas y de los sectores sociales y populares de la mayor parte del país. Las acciones de guerra y terror hoy son reemplazadas por medio de reportajes tendenciosos, infames y calumniosos de las grandes cadenas televisivas representadas en RCN y CARACOL. Las acciones cívico-militares continúan suplantando el deber de las instituciones públicas. Los falsos positivos siguen sucediendo quedando en la impunidad de los actores intelectuales. Las desapariciones forzosas trascienden hoy a asesinatos selectivos por parte de la fuerza pública. Las políticas del gobierno nacional son reglamentadas vía decretos con fuerza de ley, que no prometen mayor cumplimiento ni garantizan los derechos. Los proyectos económicos y megaproyectos de transnacionales afloran en todas las regiones sin ningún tipo de retribución económica y control ambiental. El proceso de resistencia del movimiento indígena y social es hoy criminalizado y encarcelado por algunos tribunales y jueces especializados, bajo el pretexto de poner en riesgo los intereses de las llamadas “locomotoras del desarrollo”.
