Sin rostro, casi invisibles a la opinión pública nacional, y evocando al poeta Eduardo Galeano pareciera que “valen menos que la bala que los mata”. Ese es el mensaje del más reciente informe del Programa Somos Defensores: el asesinato de defensores de derechos humanos parece no importarle a nadie.
Las cifras semestrales confirman que la violencia contra estos activistas en Colombia se incrementa ante la mirada cómplice del Gobierno Nacional y especialmente de la Fiscalía general de la Nación que no investiga sus crímenes pero si judicializa líderes sociales. Análisis de un semestre preocupante.
2015 y su primer semestre nos arroja noticias contradictorias: movilización social por la paz, la continuidad de los diálogos en La Habana, pero incremento del 105% en las agresiones contra defensores de derechos humanos en comparación con el mismo periodo de 2014 (pasamos de 194 agresiones en 2014 a 399 en 2015). Las amenazas, homicidios y atentados contra estos activistas están a la orden del día sin que hasta la fecha, haya resultados en al menos una investigación realizada por la Fiscalía General de la Nación. Es evidente que para la Fiscalía, la violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos no es prioritaria ni importante en sus investigaciones, condenando los crímenes y agresiones que sufren, a la completa impunidad. Vale la pena señalar que en los periodos de gobierno del Presidente Juan Manuel Santos han sido amenazados (aprox.) 1500 defensores y 320 han sido asesinados, sin que se haya judicializado a sus responsables.
Entre enero y junio de 2015, fueron registradas 399 agresiones individuales contra defensores(as), discriminadas en 332 amenazas (incremento de 216%), 34 asesinatos (incremento del 15%), 25 atentados, 4 detenciones arbitrarias, 3 casos de uso arbitrario del sistema penal y 1 de robo de información. Según el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia – SIADDHH, en la mayoría de los casos los presuntos responsables señalan a grupos Paramilitares con un 72%, mientras el 22% corresponde a Desconocidos y 5% a agentes estatales (PONAL, FF.MM, C.T.I., otros). Las guerrillas de las FARC y el ELN aparecen con presunta responsabilidad en 3 casos, que vale la pena señalar, una de ellas es un homicidio cuyo presunto responsable es el ELN.
Los homicidios presentaron un incremento del 15%, pasando de 30 homicidios en 2014 a 34 en el presente año. De los 34 asesinatos, el 85% correspondieron a hombres y el 15% a mujeres. Cauca y Antioquia son los departamentos que registran mayor número de defensores asesinados con 5 líderes cada uno. De estos 34 homicidios, en 13 de ellos las fuentes consultadas confirman que, los defensores habían denunciado amenazas antes su asesinato. Se debe señalar que en muchos casos de homicidio, familiares o amigos de los defensores(as) siguen siendo agredidos en estos hechos saliendo heridos o incluso muertos; esta misma situación fue detectada en los análisis de los años 2012, 2013 y 2014.
Otra situación preocupante son las amenazas, las cuales se incrementaron exponencialmente en 2015. Esta es una tendencia que se extiende desde septiembre de 2014 cuando se inició una andanada de amenazas masivas que registraron 15 panfletos amenazantes y que en 2015 registran 27. Se calcula que entre 2014 y lo corrido de 2015 se presentó un incremento de defensores amenazados del 216% (pasa de 105 defensores amenazados en 2014 a 332 en 2015 en el mismo periodo).
En promedio, entre enero y junio de 2015, cada día fueron agredidos 2 defensores(as) y cada 5 días fue asesinado uno(a) de ellos(as). El informe también señala que de las 399 agresiones individuales registradas en el SIADDHH, los departamentos que cuentan con mayor número de casos son Bogotá (paso de 13 casos en 2014 a 144 en 2015), Valle del Cauca (paso de 34 casos en 2014 a 81 en 2015), seguida de Cauca, Atlántico, Sucre, Antioquia y Meta.
El informe también señala la significativa preocupación por los reiterativos casos, irregularidades y actos ilegales entorno al uso de la inteligencia estatal como mecanismo de agresión contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos; igualmente le hace seguimiento a la crítica situación de corrupción y desgreño administrativo en la que se encuentra la Unidad Nacional de Protección, entidad encargada de precisamente proteger a los defensores(as) y que según recientes revelaciones de la Contraloría, confirmarían las denuncias hechas por el Programa Somos Defensores en su Informe Anual 2014 “La Divina Comedia”: Detrimento patrimonial de 15 mil millones de pesos, déficit presupuestal de 42 mil millones y de los tres principales responsables de tal situación (Andrés Villamizar – Ex Director General, Alonso Miranda Ex Director de Protección y Julián Marulanda Ex Secretario General) tan solo uno cuenta con investigaciones en proceso.
Las cifras completas del Sistema de Información de Agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia SIADDHH para el periodo enero – junio 2015 y otros periodos pueden ser consultados enwww.somosdefensores.org
