A partir del 30 de agosto y hasta el 5 de septiembre, se realizará en el país las jornadas de indignación campesina, étnica y popular, las cuales son convocadas por el Congreso de los Pueblos, aquí las razones de la movilización…
Como una manera de denunciar y manifestar los constantes y sistemáticos incumplimientos de los acuerdos surgidos tras el paro agrario, así como la creciente persecución al movimiento social colombiano y la continuación de políticas anti populares del despojo y la explotación de los bienes naturales, el Congreso de los Pueblos participará activamente en las Jornadas nacionales de indignación campesina, étnica y popular.
Convocamos a este nuevo escenario de movilización, haciendo propio el llamado de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular. Estas jornadas, que tendrán lugar en la ciudad de Bogotá y en todo el territorio nacional, buscan constituirse en espacios de discusión acerca del momento actual de las negociaciones con el gobierno y los problemas más acuciantes del país.
Las Jornadas quieren poner en evidencia la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, tendiente a privilegiar la entrega de baldíos en provecho de la agroindustria, el despojo en favor de la gran minería, en detrimento de la vida, los ecosistemas y los territorios. Además, quiere enfatizar en que el PND representa un modelo que amenaza a las comunidades, a los sectores agrarios y populares y a la soberanía nacional.
La movilización se justifica pues es claro que, en medio de los anuncios de la culminación del conflicto armado y un nuevo escenario de post conflicto, ni el PND, ni las políticas actuales del gobierno Santos, ofrecen garantías ni posibilidades a los sectores sociales, de participar en la construcción de una verdadera paz con justicia social.
En esta ocasión el Congreso de los Pueblos le reclama al gobierno nacional el cumplimiento de acuerdos alcanzados con la Cumbre Agraria y otros sectores en las movilizaciones anteriores. También exige garantías reales para la oposición, la movilización y la protesta social, el fin a la persecución vía montajes judiciales a líderes, lideresas y dirigentes sociales, así como la derogatoria del Plan Nacional de Desarrollo.