Compartimos el articulo publicado por la Revista Javeriana en relación a la galería de la memoria Somos Tierra.
Una propuesta pedagógica y estética de reparación simbólica a partir de la resignificación de las memorias construida con las víctimas desde los territorios afectados por la violencia.
A partir de la Ley 1448/11, se da paso a la creación del Centro de Memoria Histórica, encargado de responder a actividades de reconstrucción de memoria sobre el conflicto, tales como el mantenimiento de archivos de lo ocurrido, eventos públicos de memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado a colombianos y colombianas. Se espera que con tales medidas se favorezca la no repetición de los hechos, la aceptación pública de lo ocurrido, la solicitud de perdón público y el establecimiento de la dignidad de las víctimas” (Ley 1448 de 2011, Ministerio de Interior y de Justicia, 2011, p. 76).
Introducción
En el contexto colombiano, al abordar las implicaciones de la reparación simbólica, es importante comenzar por identificar la dimensión colectiva del daño; establecer cuáles fueron los impactos ocasionados por la violencia sociopolítica y cuáles son sus significados al interior del “cuerpo social victimizado” (Jiménez Caballero, 2010). Eso se logra no sólo a partir de esclarecer la naturaleza de los crímenes cometidos, sino al comprender la magnitud de la destrucción de lo que fue excluido como posibilidad; es decir, al valorar cuáles fueron los legados políticos, culturales y sociales de las personas, comunidades, organizaciones y sectores sociales a quienes se intentó aniquilar o exterminar física y simbólicamente.
¿Por qué es importante la dimensión simbólica en la reparación integral?
La reparación simbólica, se define en términos de una serie de acciones orientadas a reconstruir la memoria colectiva, el patrimonio histórico y cultural, a fin de restablecer la dignidad de la comunidad afectada y de la sociedad en general, restableciendo los lazos de confianza y solidaridad que existían entre la gente. Este tipo de acciones, que tienen un carácter político y ético, deben ir acompañadas de medidas jurídicas, psicosociales y económicas, que, reunidas en un programa de reparación integral, contribuyan, en primer lugar, a que las víctimas sean reconocidas como tales en su dignidad y derechos, a través de una compensación de los daños, sufrimientos y perjuicios causados a nivel moral, emocional, mental y espiritual, que les permita resignificar el dolor y el miedo, restablecer su derecho al buen nombre y fortalecer su identidad individual y colectiva. Y, en segundo lugar, contribuyan a que el conjunto de los ciudadanos se reconozcan como parte de una “sociedad víctima” (Gómez Müller, 2008), en tanto la vulneración masiva y sistemática de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto sociopolítico, ha sido producida en un contexto histórico y cultural de deshumanización y degradación moral, que implica asumir que los procesos de victimización dan cuenta de una grave fractura del vínculo colectivo que afecta e implica a todos los colombianos.
De acuerdo con los resultados obtenidos a partir de un estudio de investigación sobre las expectativas y el grado de satisfacción de las víctimas frente a las medidas de reparación integral en Colombia, realizado por el equipo del Área de Víctimas del Observatorio Internacional del Centro de Toledo para la Paz, a cargo del profesor Juan Felipe García (2012) de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana[1], es importante destacar que “no existe una relación de homogeneidad entre lo que el Estado ofrece (leyes, instituciones y programas) y lo que las víctimas demandan. En el prólogo del libro que da cuenta del estudio mencionado, Claudia Medina Aguilar[2], afirma que “las primeras prioridades de las víctimas, de acuerdo con los hallazgos de esta investigación, tienen que ver con procesos sociales e institucionales, que además de dignificar las formas de vida más afectadas por el conflicto, reconozcan las pérdidas individuales como pérdidas de todos, y eviten memorias unidireccionales que despolitizan a los actores y sus reivindicaciones. En otras palabras, tienen que ver con la construcción de una esfera pública del duelo (…) lo cual implica hacer énfasis en la reconstrucción de ciudadanía con base en dos variables: el reconocimiento y dignificación de las formas de vida victimizadas -y destruidas- por el conflicto; y la validación en la esfera pública de los duelos individuales y colectivos de esas poblaciones, desde sus propias narraciones”.
De acuerdo a las leyes producidas en el contexto histórico reciente, enmarcado en la implementación y aplicación de medidas de Justicia Transicional en Colombia, como la Ley 957/05, la Ley 1448/11 y la Ley 1592/12, las medidas simbólicas que favorecen la reparación integral se pueden agrupar en cuatro categorías:
1. Garantías de no repetición y medidas de prevención.
2. Acciones simbólicas y políticas de reconocimiento y encuentro.
3. Construcción de la memoria histórica.
4. Promoción y educación en Derechos Humanos.
* Psicóloga de la Universidad de Los Andes. Docente –Investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana.; Miembro del Grupo “Lazos Sociales y Culturas de Paz”. Defensora de los Derechos Humanos. Directora de la Fundación Manuel Cepeda Vargas, y miembro del Grupo M de Memoria.
** Artista plástico y escultor de la Universidad Nacional de Colombia. Defensor de los Derechos Humanos de la Asociación Minga. Autor de la Galería de la Memoria “Somos Tierra”, entre otras obras que dan cuenta de su amplia trayectoria como especialista en Arte y Derechos Humanos en Colombia.
[1] El lugar de las víctimas en Colombia. Análisis sobre las instituciones de verdad, justicia y reparación desde una perspectiva de víctimas.
[2] Directora del Centro Internacional de Toledo para la Paz
