Si 2018 fue uno de los años más violentos para los líderes sociales en Colombia, con por lo menos 155 asesinatos, 2019 se viene perfilando desde hace tiempo como otro período siniestro para quienes trabajan por la defensa de los derechos de las comunidades en los territorios. De hecho, según cifras del programa Somos Defensores, al 30 de junio pasado habían sido asesinados 59 líderes en distintas regiones del país, y en plena época electoral y con comicios locales y regionales a la vuelta de la esquina, el panorama luce desalentador y la preocupación es de todos.
Por eso la movilización del pasado viernes a favor de la vida y para lanzar un llamado de alerta ante la seguidilla de crímenes y ataques contra líderes sociales fue masiva y logró que incluso se levantara la voz en distintas ciudades del mundo. Y pese al grito decisivo de la sociedad que se rehúsa a normalizar la muerte de sus líderes, el camino sigue siendo espinoso y desde las organizaciones sociales aseguran que nada va a cambiar hasta que se lleven a cabo acciones directas para desmantelar las estructuras criminales que se están fortaleciendo en los territorios.
En entrevista con El Espectador, Diana Sánchez, directora de la asociación Minga, coordinadora del programa Somos Defensores y defensora de derechos humanos, habla de lo que se viene para las organizaciones y los líderes sociales tras la movilización, teniendo además como telón de fondo los nuevos riesgos en los territorios con las elecciones de octubre.
¿Cuál fue la conclusión que dejó la marcha por los líderes?
Que como sociedad hemos madurado, y gracias al cierre del conflicto armado hemos ido perdiendo el miedo a movilizarnos y pronunciarnos. La convocatoria fue un éxito, incluso antes de que se hiciera la movilización. La gente entendió que esto es de todos, no de un partido político o un grupo, sino de todas las personas que consideramos que hay que marcar un punto de inflexión para que esta violencia que no tiene sentido se detenga y no avance más. Una sociedad que se manifiesta y pide cambios gana mucha legitimidad y se empodera. Siempre que pase eso los gobernantes y el Estado no pueden hacer lo que quieran, tienen que contar con la gente.
¿Cuál fue el mensaje que quedó para quienes ejercen liderazgos y defienden derechos humanos en los territorios?
Que no están solos, que no son personas aisladas y que los ilegales no van a seguir haciendo con ellos lo que quieran, sin que la sociedad se pronuncie y exija garantías para el ejercicio de su labor. Que sus casos no quedarán en la impunidad y que sus vidas no han sido en vano. Estamos luchando para que el Estado asuma algo que nunca ha querido asumir. Aquí nadie puede ser más importante que otros, los empresarios no valen más que los líderes populares, las mujeres que ponen la cara en los territorios no valen menos que otros que tienen recursos económicos o poder.
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¿Qué mensaje le deja al Gobierno la acogida nacional e internacional que tuvo la movilización?
Que debe responsabilizarse y caminar hacia medidas efectivas y no seguir hablando de protección física ni material porque esas no son garantías, eso es seguir prolongando el problema de manera perversa y no resolverlo. Con esto se le dice al Gobierno que tiene que cumplir el Acuerdo de Paz que dejó unos dispositivos jurídicos, normativos y políticos que si se desarrollan pueden generar mejores condiciones en los territorios para que a estas personas no las sigan matando.
¿Pero ante tanto escepticismo cree que este tipo de acciones tienen un verdadero impacto?
Es una presión real, el Gobierno no puede seguir incumpliendo su palabra. Es un paso enorme, porque como colombianos tenemos que empezar a exigir, no es posible que se firmen todos los días compromisos con la sociedad, los indígenas, los negros, las mujeres, los campesinos y los guerrilleros para después no cumplir nada. Son muchos los mensajes que una movilización como esta tiene que dejarnos.
¿Cuál debería ser entonces el llamado al Gobierno Nacional?
Uno de los temas claves es que el Estado tiene que seguir buscando la posibilidad de cerrar definitivamente el conflicto armado con el Eln por la vía negociada. Las cifras demuestran que en los territorios de los que salieron las Farc como grupo armado bajaron los índices de violencia. Sí, no se puede negar que hay muchas expresiones de violencia como el mismo asesinato de líderes sociales, pero hay territorios que ya viven de una manera más tranquila. Eso no es una equivocación, no fue errado haber acabado el conflicto armado por la vía negociada con las Farc, así no les estén cumpliendo.
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¿Hay preocupación especial por los riesgos emergentes de cara a las elecciones locales de octubre?
El riesgo para los líderes existe. Acá hay una tendencia en algunos territorios que son los más emproblemados como Cauca, Antioquia, Córdoba, Norte de Santander, Putumayo, Nariño, Valle y Chocó. Pero nosotros estamos llamando la atención a los funcionarios públicos y autoridades civiles y militares, porque son los que tienen una altísima responsabilidad -por acción u omisión- de lo que les pase a las personas en los territorios, sean líderes o no. Este es un Estado que siempre ha mirado hacia otro lado.
¿Qué responsabilidad le cabe a la justicia en estos casos?
Mucha, a la Fiscalía por ejemplo, porque sigue manipulando las cifras. Habla de un 60 % de esclarecimiento y eso es falso, a lo sumo hay un 10 o un 15%, el resto es que avanzan las investigaciones y ya. Si hubiera ese esclarecimiento, ¿entonces por qué no están desmantelando el crimen organizado? ¿Qué pasó con lo que quedó establecido en el Acuerdo de Paz? ¿Qué pasó con la Unidad Especial de Investigaciones? ¿Con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad? ¿Por qué no están haciendo nada para desmantelar el crimen organizado?
¿Qué viene entonces ahora?
La movilización del viernes fue un hito para nosotros como sociedad, porque es un “no más a la violencia”. Esto ya es invivible, no es posible que sigamos naturalizando la muerte violenta como forma de tramitar nuestras diferencias y conflictos. Además, se envió un mensaje claro a los grupos criminales e incluso a la Fuerza Pública, y es que al movimiento social no se le puede estigmatizar. Hay que acabar con ese cuento de algunos altos funcionarios que dicen que detrás de las muertes lo que hay son problemas de faldas, temas de narcotráfico o riñas personales. Esas afirmaciones lo único que hacen es naturalizar esas muertes.
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¿Por qué hay tantas cifras y tan diferentes sobre los ataques a líderes?
En eso juegan muchas cosas, como la dimensión que se tenga de qué es un liderazgo social. Nosotros en el sistema del programa Somos Defensores tenemos el concepto más amplio que conocemos, y es el de Naciones Unidas: defensores de derechos humanos son todos aquellos que contribuyen a defender los derechos y las reivindicaciones de sus comunidades y trabajan todos los días por eso. Tenemos criterios fundamentales que utilizamos todos los días cuando hacemos los monitoreos. Por ejemplo, las personas que registramos deben tener un reconocimiento de alguna organización social, sea junta de acción comunal, cooperativa, asociación, cabildo o consejo comunitario. Es posible que tengamos subregistros, porque no tenemos la misma capacidad que tienen otros organismos para estar en todos los territorios para poder registrar, pero hacemos un esfuerzo muy grande porque trabajamos en redes.
