Compartimos la intervención completa de Liliana del Pilar Castillo, Directora ejecutiva de la Asociación MINGA, durante la Audiencia territorial de Medidas de satisfacción de verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, realizada el 20 de septiembre de 2024 en San Calixto, Norte de Santander:
La Asociación Minga organización no gubernamental de DDHH, en su calidad de representantes judiciales de varias víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales de la región del Catatumbo, expresa un afectuoso saludo a los familiares de las víctimas aquí presentes, a la magistratura, al equipo de trabajo de la JEP, comunidad internacional, a los estudiantes aquí presentes que representan las nuevas generaciones y futuro de nuestro país y a los procesos sociales de la región, particularmente al Comité de Integración Social del Catatumbo -CISCA-, con quienes desde hace muchos años hemos trabajado articuladamente para visibilizar estos hechos.
En primer lugar queremos resaltar la importancia de la realización de esta audiencia en la región del Catatumbo; la Jurisdicción especial para la Paz anuncio y consagro en su mandato como uno de los principios fundamentales la centralidad de las victimas; sin embargo más allá de la presencia en esta región para la recepción de los informes y la audiencia de reconocimiento de responsabilidad de 11 comparecientes como máximos responsables no había brindado la oportunidad para que las víctimas pudiesen participar , como lo hicieron el día de hoy, de forma activa en una diligencia de medidas de satisfacción.
Reconocemos que las familias de estos casos y de muchos otros a nivel nacional han tenido que transitar un camino muy largo, más de 15 años para obtener algo de esclarecimiento.
Resaltamos que la JEP ha contribuido de manera importante con el reconocimiento de la existencia de esta práctica criminal que por muchos años fue negada por el Estado colombiano. Avanzar en la determinación de un número aproximado de estos hechos victimizantes (6402) y la identificación de patrones de macro criminalidad ha sido un logro; sin embargo hoy día enfrente otros desafíos, y quisiera referirme a tres de ellos:
1. Esperamos que la JEP, En sus decisiones judiciales, reconozca con contundencia que la masividad y extensión territorial de la práctica criminal de las ejecuciones extrajudiciales solo se explica porque fue una Política de Estado, lo que se corrobora, además, con el hecho de que expuesta y denunciada esa forma de violación a los derechos humanos, el gobierno de ese entonces, después de haberla promovido por seis años, tomó la decisión de ponerle fin; no fueron hechos aislados ni la responsabilidad de algunos cuantos: fue una Política del Estado colombiano asesinar personas en estado de indefensión.
2. Frente a las garantías de no repetición, urge entender que la mentalidad criminal incrustada en las fuerzas militares no se supera solo con cursos y discursos de respeto por los DDHH. En estos casos hemos evidenciado que muchos de los comparecientes eran expertos en derechos humanos y pese a ello actuaron en total contravía de los mismos. Para avanzar en un cambio estructural y una profunda transformación de las fuerzas militares, se requiere diseñar estrategias que permitan remover dentro de esa institución la mentalidad inculcada por la subordinación de estas en la guerra fría, a los Estados Unidos y su política del enemigo interno, y anticomunismo irracional, para evitar que próximas generaciones vuelvan a repetir estos crímenes.
3. Frente a las medidas de reparación, instamos respetuosamente a la JEP a reconocer que en la lucha por los DDHH, hay un sesgo que margina y desprecia al campesinado. Muestra de ello es que justamente los campesinos del Catatumbo fueron los primeros que se movilizaron de forma organizada y masiva para denunciar la práctica de las ejecuciones extrajudiciales y los primeros que obligaron al Estado a contenerla. Esa iniciativa se invisibilizó y se ocultó, solo por el hecho de no haber sido las víctimas y los denunciantes población urbana.
Es hora que eso se resalte y el Estado y, particularmente la JEP, haga ese reconocimiento. Por ello en esta audiencia como representantes de víctimas queremos solicitar a la magistratura corregir la injusticia histórica de que no se haya reconocido que los campesinos del Catatumbo fueron los primeros en denunciar y lograr con su firmeza frenar la práctica de las ejecuciones extrajudiciales que se estaban presentando en esta región; por ello una medida de reparación que solicitamos es que la JEP pueda convocar a una sala plena y se produzca en la misma una decisión que reconozca ese mérito a los y las campesinas del Catatumbo que heroicamente desde el 2006 públicamente se atrevieron a denunciar esta práctica criminal.
También solicitamos se avance en el esclarecimiento de la responsabilidad que en estos hechos pudo tener el hoy General activo de la República, Giovanni Rodríguez León, quién para la época de los hechos fungía como Comandante del Batallón Contraguerrilla No. 95 y hoy es Comandante de la segunda división del Ejército Nacional.
Debemos tener presente que, cómo han dicho las víctimas: la justicia que demora ya no es justa.
COMPARTIMOS SALUDOS ESPECIALES EN EL MARCO DE ESTA AUDIENCIA:
