Gobierno Duque finge la paz, reinventa la guerra y retrocede en derechos humanos: Plataformas de DDHH
Escrito por: Plataformas de DDHH
Más de quinientas organizaciones sociales y no gubernamentales, agrupadas en tres plataformas de derechos humanos, presentan ante al Parlamento Europeo y en seis departamentos del país, el balance en términos de derechos humanos del primer año de gestión del presidente Iván Duque Márquez, en donde aseguran que hasta el momento este gobierno finge la paz, reinventa la guerra y es en general regresivo en términos de derechos sociales, económicos y de garantías para líderes, defensores y defensoras.
El balance denominado “El Aprendiz del Embrujo”, cuenta con alrededor de sesenta autores institucionales y personales, investigadores, dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, escritores, periodistas, caricaturistas y fotógrafos. Está coordinado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, que agrupa a 173 organizaciones; la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, de la que hacen parte 269 organizaciones, y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, con 125 organizaciones.
La publicación contiene 72 artículos divididos en cinco capítulos: un análisis de la situación de Colombia en el mundo; una valoración de los factores que estructuran el régimen político y los pactos contra el Estado social de derecho; un balance sobre el debilitamiento de la paz en el país que incluye la implementación del Acuerdo de Paz, la evolución del conflicto en las regiones y las negociaciones con el ELN; la pregunta por el lugar de los derechos en el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”; y un riguroso estudio sobre la situación que enfrentan las personas y organizaciones que trabajan por la paz y los derechos humanos en Colombia.
El doble discurso del Gobierno Nacional frente a la paz:
Según la publicación, el Gobierno del presidente Duque tiene un doble discurso, “por un lado asegura que está cumpliendo el Acuerdo de Paz, y por el otro, intenta imponer una agenda diferente de reforma rural integral, sustitución de cultivos y atención de víctimas”.
Sin embargo, el análisis va más allá. Para las plataformas de derechos humanos, “lo que realmente está pasando es un proceso de desfinanciación de los compromisos adquiridos, no apoyar ningún desarrollo legislativo fruto del Acuerdo, presentar propuestas contrarias a lo acordado, así como desnaturalizar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.
Frente al tema de financiación de la implementación del Acuerdo de Paz, el balance indica que el Gobierno “no aseguró los recursos para la implementación del Acuerdo de Paz, de hecho, los 37 billones previstos para para este cuatrienio, más de una tercera parte son inciertos; pero, sobre todo, los recursos que dicen estar destinados para dicho Acuerdo, lo son para programas sociales generales del Estado”.
Según Lida Núñez, vocera nacional de las plataformas que presentan el informe, en cuanto a la financiación del Acuerdo de Paz, “las principales instituciones creadas por el Acuerdo les están reduciendo los recursos, tal es el caso del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición y la Agencia de Renovación del Territorio; además, no se han especificado los recursos para los Planes de Desarrollo Territorial ni para el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y Desarrollo Alternativo”.
Para Camilo Castellanos, otro de los voceros de las plataformas de derechos humanos, “no solo es la ausencia de financiación, sino también un olvido total de las obligaciones legales: no fue posible realizar la reforma política, la reforma rural integral sigue pendiente, y aunque no tuvieron éxito en la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz, no cesan en el empeño de desvirtuarla”.
Reinvención de la Guerra:
En lo que va del Gobierno de Duque, según las plataformas de derechos humanos, no solo se negó la existencia del conflicto armado, sino se impulsaron acciones directas para reinstalar la guerra en las regiones. Prueba de esto es la “Política de Seguridad y Defensa Para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad” que está orientada a generar medidas de militarización intensa y facultades a la fuerza pública en todo el territorio nacional, que en gran parte reproduce el modelo de la Seguridad Democrática implementado entre los años 2002-2010.
Para Olga Silva, también vocera de las plataformas que entregan este balance, “prueba de la reconfiguración de la guerra las da el Ministerio de Defensa al reconocer que en el periodo de diciembre de 2018 a mayo de 2019 habían aumentado los combates de 101 a 227, es decir un 124% más que en igual periodo del año anterior. Al mismo tiempo que el CICR ha alertado sobre la grave crisis humanitaria en algunas regiones y la expansión de cinco nuevos tipos de conflicto armado en Colombia. Como consecuencia hoy tenemos un aumento del desplazamiento forzado en cada vez más regiones”.
Plan Nacional de Desarrollo deteriora la garantía de los derechos humanos fundamentales y colectivos:
Según el informe, el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, contiene apuestas regresivas como: una agenda de limitación de las libertades individuales como la dosis mínima, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la protección de los derechos de las parejas del mismo sexo y sus familias. Por otra parte, este Plan tiene una aproximación única y reducida al concepto de familia desde una perspectiva fundamentalista, y finalmente, el Plan da una explicación de las brechas de género como resultado de barreras individuales de acceso a la educación y al mercado de trabajo por parte de las mujeres, desconociendo la discriminación, la desigualdad y las estructuras culturales, económicas y políticas existentes.
Según Camilo Castellanos, “Es tan regresivo el panorama actual que temas de amplio debate público como las violencias de género y las acciones de protección para las personas LGBTI, fueron eliminadas del Plan de Desarrollo del gobierno actual ante presiones políticas”.
El regreso de la estigmatización y la ausencia de garantías para el desarrollo de sus actividades
El balance entregado por las plataformas de derechos humanos señala cuatro factores que alimentan el clima de falta de garantías para la defensa de los derechos humanos: 1. la estigmatización de los liderazgos sociales; 2 la falta de reconocimiento de la sistematicidad de los crímenes en su contra; 3 la impunidad histórica que los rodea, y 4 la ausencia de una política pública de garantías que enfrente estos factores y subsane las debilidades de los programas existentes.
En este sentido Olga Silva, vocera nacional de las plataformas, señala que, “durante el primer año del gobierno de Iván Duque, entre agosto de 2018 y mayo de 2019 han sido asesinadas por lo menos 212 personas defensoras de derechos humanos y 44 excombatientes de FARC en proceso de reincorporación sin que la respuesta estatal muestre efectividad y sin que las medidas adoptadas por esta administración se hayan traducido en cambios positivos para la vida e integridad personal de quienes realizan labores de liderazgo y defensa de derechos.”
Finalmente, el balance entregado sobre este primer año del Gobierno del presidente Iván Duque, reafirma que no solo se ha generado incertidumbre y desgaste político en materia de construcción de paz y fortalecimiento de los derechos humanos, sino que está desaprovechando una gran oportunidad para darle un impulso modernizador al país en varias áreas cruciales como lo rural, la política, el narcotráfico y la atención de millones de víctimas, quienes parecen actores irrelevantes en las políticas de este Gobierno.
Datos clave balance:
De los 37 billones previstos para la paz, más de una tercera parte son inciertos y los que están son para programas sociales generales del Estado.
Sin redefinir planes y recursos para la restitución de cultivos en las zonas cocaleras, la carrera contra el narcotráfico la va a perder el Estado Colombiano. La meta del gobierno es solo de 17 mil hectáreas a 2022.
En el primer trimestre de 2019 se duplicó el porcentaje de mujeres defensoras asesinadas de 6 en 2018 a 12 en 2019. Por su parte tres personas defensoras LBGTI fueron asesinadas durante el año 2018, mientras que en el primer semestre de 2019 ya han ocurrido seis asesinatos. 226 líderes sociales han sido asesinados en el primer año de gobierno.
Los decretos 1438 y 1426 expedidos por la Presidencia de la República en agosto, permiten la utilización de recursos de Fondo Paz y de Regalías para la construcción de paz, en las Zonas Estratégicas de Intervención Integral, con lo cual se abre la posibilidad de reducir aún más la financiación para la implementación del Acuerdo de Paz
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