En 2007 el predio San Rafael, fue entregado a la comunidad indígena del Resguardo de Toribio, sin embargo el mismo predio había sido prometido a las comunidades Afro de la zona. La disputa por la tierra ha originado el conflicto.

El predio, que se encuentra  ubicado ente los municipios de Santander de Quilichao y Buenos Aires- Cauca,  fue entregado al pueblo NASSA como un compromiso del gobierno por su responsabilidad en la masacre del Nilo ocurrida en el año de 1991, desde entonces el pueblo NASSA a ocupado el predio de acuerdo a sus costumbres y tradiciones.

Los Afrodescendiente arguyen que esa tierra les pertenece, y que el gobierno no les ha solucionado el problema de tierras que padecen desde hace mucho tiempo.

El pasado 22 de mayo de 2011 un grupo de personas de las comunidades afro descendientes orientadas por ARDECAM, entre otras organizaciones,  ocuparon de forma violenta el predio, generando una confrontación  con la comunidad NASSA. La confrontación se extendió hasta el 23 de Mayo y dejo como saldo 17 comuneros indígenas heridos, un menor de edad muerto y algunos daños materiales.

Dados los hechos se convoco una reunión entre los lideres de los pueblos, la defensoría del pueblo, y los alcaldes de los municipios de Santander de Quilichao y Buenos Aires. También hizo presencia el secretario de gobierno departamental, un delegado de la procuraduría, efectivos de la policía y del ejército que fueron llamados por parte del Alcalde del municipio de Santander de Quilichao.

En el encuentro se hizo el llamado a las autoridades para que resolvieran el problema de tierra de los afro descendientes toda vez que se señalo que el origen del conflicto ha sido  dado por la negligencia del Gobierno Nacional y del INCODER, en el tema de tierras.

También se reafirmo que es la guardia indígena el ente encargado de controlar y proteger a la comunidad, y que la  presencia de la Fuerza pública antes de representar garantías, representa un  riesgo para la vida comunal y el buen vivir.

Finalmente se pidió a los presentes que se estableciera la responsabilidad de los actores involucrados en la acción del 22 de mayo, y que se de lugar a la justicia, verdad y reparación por la agresión, con el fin de restituir la confianza entre los pueblos, para que no se socaven los procesos de unidad y lucha solidaria que se han venido adelantando en los últimos tiempos.