La preocupación del gobierno nacional por la firmeza con que vienen manifestándose los distintos sectores agrarios, étnicos y populares en la construcción del Paro Nacional anunciado para las próximas semanas, tuvo un gesto de inconfundible lectura: la reunión a la que los dirigentes populares fueron convocados el pasado viernes en el Palacio Nariño. Allí, el propio presidente de la República Juan Manuel Santos encabezó la delegación oficial que incluyó al ministro de Trabajo, Agricultura e Interior, a viceministros de todas las carteras, a la directora del Departamento para la Prosperidad Social y al presidente del Congreso de la República.
La gestión convocó también a personalidades como «garantes»; entre ellos el expresidente de la República Ernesto Samper, el representante a la Cámara y senador electo Iván Cepeda, el monseñor Sánchez Aponte por la Conferencia Episcopal, y Todd Howland, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia. Tanto nombre oficial, tanta institucionalidad hacen prever que el presidente Santos esta vez tomó nota del descontento social y difícilmente vuelva a referirse a la protesta en ciernes con el mismo desprecio con que lo hizo la vez anterior, cuando en medio de la paralización del país declaró: «ese tal Paro no existe».
La representación popular
Por las organizaciones populares asistieron 14 delegados y delegadas, en representación de los procesos que dieron vida a la Cumbre Agraria, Étnica y Popular semanas atrás: la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-, el Coordinador Nacional Agrario -CNA- y el Congreso de los Pueblos, la Mesa de Interlocución y Acuerdos -MIA- y Marcha Patriótica, el Proceso de Comunidades Negras -PCN-, la Mesa de Unidad Agraria -MUA-, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina -ANZORC-, la Coalición de Organizaciones y Movimientos Sociales de Colombia -COMOSOC- y la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria -Fensuagro-. Aunque no estuvieron presentes delegados de Las Dignidades, confirmaron que serán parte del Paro y las movilizaciones.
«El objetivo con el cual fuimos a esa reunión se cumplió, no era una negociación sino un espacio de presentación de los tres puntos básicos: pliego único, mesa única y Paro Nacional Agrario como instrumento de presión», explicó a Colombia Informa el presidente del Coordinador Nacional Agrario, Robert Daza. El líder campesino proveniente de Nariño, agregó: «Se va a iniciar un dialogo y una negociación exploratoria a mediados de la semana de Pascua con la disposición de que nos den señales de buena voluntad». Daza, al igual que los demás voceros de los distintos sectores, manifiesta un discurso abierto al diálogo pero igualmente firme en la decisión de la medida. Los incumplimientos con los que terminaron las gestiones el año que pasó son un mal antecedente para quienes buscan mejores resultados y para ello se muestran más unidos y firmes esta vez. «Más allá de estas reuniones iremos reafirmando las fechas del Paro Nacional Agrario, para algunos a partir del 1 de mayo, y que para el 5 de mayo estemos todo el mundo en las vías», concluye Daza.
Diálogo
Ante el presidente de la República fue Juvenal Arrieta, vocero de la organización indígena ONIC, quien justificó las nuevas medidas de protesta. Describió la agudización de la crisis rural por los problemas con las semillas, el panorama minero energético y los Tratados de Libre Comercio -TLC- que perjudican a los pequeños productores, echó en cara el incumplimiento de las distintas mesas regionales y nacionales de negociación, y reclamó por la impunidad a las violaciones de los Derechos Humanos a los participantes de las protestas en el año anterior, que dejó un saldo numeroso de muertos, heridos y detenidos. Por su parte José Santos Caicedo, vocero de las comunidades negras, explicó los 8 puntos del pliego aprobados en la Cumbre. «La política actual pone en riesgo la supervivencia de los sectores populares rurales», dijo ante el plantel oficial. Por la Marcha Patriótica fue su vocero, Andrés Gil, quien exigió una «Comisión de alto nivel» ante la que llevar adelante las negociaciones y reclamó garantías al ejercicio de la protesta social. Marylén Serna completó las ponencias en nombre del Congreso de los Pueblos.
Entonces fue el turno del presidente Santos. Con buen tono y palabras medidas, se comprometió a «respetar la protesta social» y aceptó que no puede impedir el paro que, según reconoció, «es un derecho que tienen los colombianos». Después de eso invitó a participar a las organizaciones del Pacto Agrario afín al gobierno que busca competir con la Cumbre en cuanto a la representatividad de los reclamos del campesinado. Por último, aceptó instalar una Mesa Nacional y delegó esa tarea al ministro de Interior, presente en el encuentro.
La Cumbre Agraria realizada a mediados de marzo congregó a más de 5000 delegados y delegadas no sólo de organizaciones campesinas. Fruto del encuentro quedó consensuado un pliego unitario, que fijó los siguientes ejes que articulan el actual reclamo: Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial; la economía propia contra el modelo de despojo; minería, energía y ruralidad; cultivos de coca, marihuana y amapola; derechos políticos, garantías, víctimas y justicia; derechos sociales; relación campo-ciudad; Paz, justicia social y solución política. Tras esa agenda ambiciosa están confluyendo hoy las expresiones más sólidas y organizadas del movimiento popular. El Paro será expresión de esa demanda política y esa potencialidad.
