“Mientras el gobierno y las instituciones responsables de los DDHH van como barco a la deriva o sin rumbo fijo, como dice la canción, la violencia recupera el protagonismo de años pasados y la transición hacia la paz sigue eclipsada”.
Quienes gobiernan a Colombia desde hace dos años, son quienes promovieron el NO al plebiscito de paz. Su campaña electoral empezó con esa infausta negativa promovida con mentiras y manipulación. Sabían que así ganarían, como lo han hecho siempre. Necesitaban que el país continuara con la conflictividad, la violencia y la corrupción alimentada por alianzas con el narcotráfico y el paramilitarismo, y de paso, justificar un presupuesto militar elevado, que hoy asciende a los 36 billones de pesos. Impedir el avance hacia la verdad, la justicia y la reparación, era su imperativo, de ahí la sentencia de hacer trizas el Acuerdo de Paz.
El 23 de agosto de 2018, pocos días después de su posesión como Presidente, Iván Duque prometió una política pública de protección para líderes y lideresas. El anuncio lo hizo desconociendo el marco de política de garantías de seguridad humana ya existente para excombatientes, liderazgo social y comunidades vulnerables, establecido en el Acuerdo de Paz.
En noviembre, tres meses más tarde, a través del Ministerio del Interior, lazó la “cuota inicial” de la política para defensores y líderes sociales, con el Plan de Acción Oportuna, PAO, conformado por tres estrategias: fortalecimiento de la repuesta institucional, acción estratégica en el territorio y campañas para la no estigmatización. Nada nuevo bajo el sol. De esos tres ejes, solo ha cumplido con el segundo: militarización de los territorios, con las llamadas Zonas Especiales de Intervención Integral.
Pasados dos años, los resultados saltan a la vista: incremento de violación a los DDHH, recrudecimiento de la violencia, aumento del asesinato de líderes y lideresas sociales, masacres, las cuales creíamos parte de la historia, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales y masacre de jóvenes desde grupos ilegales, pero también desde las Fuerzas Militares.
Pero de la política pública anunciada en agosto de 2018, nada se sabe. Tanto el Ministerio del Interior, como la Consejería presidencial para los Derechos Humanos, han anunciado en varias oportunidades (diciembre de 2019, marzo de 2020 y agosto de 2020) la publicación de dicha política, la cual será a través de un Conpes. En este punto no se sabe si es ingenuidad, incapacidad o actitud deliberada del gobierno al poner expectativas en un Conpes para enfrentar la violencia contra de líderes sociales. Un Conpes es un instrumento de política pública blanda dirigido a programas económicos y sociales, y por tanto, carece de dientes y alcance para enfrentar el arraigo criminal en los territorios. Entonces, no se entiende por qué la insistencia en un Conpes.
De manera simultánea, el gobierno desprecia la importancia de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, CNGS, establecida en el Acuerdo de Paz, a través del Decreto Ley 154 de 2017, con fuerza vinculante y mandato para crear una política integral de desmonte del paramilitarismo y crimen organizado. En principio, Iván Duque desconoció esta comisión; sin embargo, por fuerza de presión política, tuvo que convocarla, pero hábilmente el consejero para la paz,Miguel Ceballos, la despojó de su naturaleza y la volvió una comisión menor y consultiva del PAO. Nada se ha hecho con relación al desmonte del paramilitarismo y crimen organizado, a pesar de las propuestas por los comisionados de sociedad civil. Actualmente, el gobierno solo simula implementar el mandato de la CNGS, dandole campo al crecimiento del paramilitarismo y grupos residuales de las ex FARC, y expansión del ELN.
En tanto, la Consejería Presidencial para los derechos humanos, camina sin luz propia y no muestra claridad en su que hacer, tanto en su primer años con Francisco Barbosa, como en el segundo con la ex ministra del interior Nancy Patricia Gutierrez. Al no tener brújula, se dedico a publicar boletines informativos sobre situación de líderes sociales, con diagnósticos parciales, registro de actividades de todas las instituciones de gobierno y Estado, y recomendaciones vacuas, llenas de lugares comunes y obviedades, que seguramente ningún funcionario leerá.
En fin, mientras el gobierno y las instituciones responsables de los DDHH van como barco a la deriva o sin rumbo, como dice la canción, la violencia recupera el protagonismo de años pasados y la transición hacia la paz sigue eclipsada.
