Desde el 12 de octubre se realizó la Minga Social Indígena y Popular propuesta por los pueblos indígenas en cabeza de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC. Minga es una palabra utilizada por varios pueblos indígenas, en el quechua mink’a significa «trabajo colectivo hecho en favor de la comunidad»; se trataba de una tradición prehispanica de trabajo comunitario o colectivo voluntario con fines de utilidad social o de carácter recíproco. Desde 2008 los pueblos indígenas de Colombia han llevado este concepto a un plano político, al organizarse socialmente para la reivindicación de sus derechos, la denuncia y la reflexión frente a su situación actual.
Teniendo en cuenta este significado, la fecha simbólica escogida para iniciar la minga fue justamente el 12 de octubre[1]. Fue así como estos pueblos indígenas que son nuestros ancestros, desde su territorio, con su sangre, su pensamiento y sus huellas llamaron a la solidaridad desde el reconocimiento de los que somos, así como el pasado paro agrario nos recordó nuestro pasado campesino.
La situación de los pueblos indígenas es preocupante. En Colombia hay 102 pueblos indígenas de los cuales 35, según la Corte Constitucional, están en riesgo de extinción tanto física como culturalmente. Amnistía Internacional en su último informe señala que más de una tercera parte de los pueblos indígenas de Colombia están amenazados con “exterminio” y se enfrentan a una situación difícil como resultado del desplazamiento forzoso, violencia política y social y la imposición de megaproyectos, todo esto empeorado por las firmas de TLC.[2] Según la ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 70.000 de los desplazados por el conflicto armado son indígenas y entre el 2004 y 2008, se desplazaron 48.318.[3] Gran parte de los resguardos hoy están siendo amenazados por la locomotora minera, con solicitudes de títulos mineros cerca o dentro de los territorios ancestrales. Estos y otros datos muestran que las reivindicaciones indígenas son justas.
La Minga Social Indígena y Popular propuso cinco puntos claves: 1. territorio; 2. Autonomía y sistemas propios de los pueblos indígenas (educación, salud, transferencias, comunicaciones, justicia y territorio), 3. Política minero-energética; 4. Derogación de los TLC; y 5. El tema de la paz, derechos humanos y conflicto armado.
Esta movilización logro convocar más de 40.000 indígenas y se mantuvo en 22 puntos de concentración de 17 departamentos. Algunos de los puntos de concentración que más generaron presión fueron: la concentración en la gobernación del Cesar en Valledupar, la movilización en el Cauca con el bloqueo de la panamericana y la ocupación de la finca turística “Aguas tibias” por parte del pueblo Kokonuco.
Adicionalmente hemos observado el ejercicio excesivo de violencia por parte de la fuerza pública. Como históricamente ha sucedido en nuestro país la única respuesta que da al Estado a las legítimas demandas de los manifestantes ha sido brutalidad policiaca y desmanes del ESMAD. Justamente otra cosa en común en las movilizaciones ha sido la violación de derechos humanos con la represión y actuación de este escuadrón. En el caso de la Minga la represión se concentró en Remolinos (Risaralda), en la Agustina (Cauca) y en La Delfina (Valle del Cauca). El 19 de octubre en Remolinos la arremetida del ESMAD dejó como saldo trágico 11 indígenas heridos, 15 desaparecidos y fueron retenidos 34, entre hombres, mujeres y niños, incluido mujeres embarazadas. En varios puntos esta fuerza especial actuó junto con el ejército llegando incluso a disparar contra los manifestantes.
La movilización indígena logro tras la negociación con el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, la asignación de recursos para la compra de tierras destinadas a los Pueblos Indígenas; se acordaron procedimientos del INCODER para el trámite de 400 expedientes de saneamiento, ampliación y constitución de resguardos; la expedición de un decreto de origen constitucional para el funcionamiento de los Territorios Indígenas, las autoridades, el gobierno así como los sistemas propios de salud, educación y la administración propia de los recursos del Sistema General de Participaciones[4]; la implementación integral del Decreto Ley 4633 de 2011, del Programa de Garantías de derechos de los Pueblos Indígenas y los Planes de Salvaguarda étnica, así como la concertación y formulación de una política diferencial de derechos humanos y el compromiso de fortalecer las Guardia Indígena y otras estructuras propias de protección y control social y territorial, así como la articulación entre las diferentes entidades del Estado encaminadas a la exigencia de la no judicialización y criminalización de los dirigentes y participantes en la Minga.[5] Solo queda esperar que esta vez la negociación no solo se quede en el papel, sino que, los miles de indígenas que se movilizaron por sus derechos puedan ver los frutos de esta.
Asociación para la Promoción Social MINGA
[1] 521 años después de aquel fatídico12 de octubre de 1492. Desafortunadamente en los colegios esta fecha sigue celebrada bajo el nombre de “día del descubrimiento” o “día de la raza”, ambos nombres igual de inadecuados para lo que claramente ha sido invasión, saqueo y etnocidio.
[2]http://razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/7061-estado-territorio-y-pueblos-indigenas-en-colombia.html
[3] http://www.semana.com/nacion/articulo/marcha-indigenas-colombia/361139-3
[4] Entrevista al consejero del CRIC Olinto Masaguel sobre los acuerdos alcanzados hasta el 21 de octubre con el gobierno. 21 de octubre 2013. https://www.dropbox.com/s/n73z8mdwighm8uq/Entrevista%20Olinto.mp3
[5] http://cms.onic.org.co/2013/10/acuerdos-entre-el-gobierno-indigena-de-la-onic-y-el-gobierno-nacional/
