Cuándo le preguntaron al pueblo que la política anti drogas iba a ser represiva, que se haría con la intervención de Estados Unidos y que se llamaría Plan Colombia? ¿Quién definió eso de “Colombia país minero”, que la economía se sostendría en el extractivismo y que una locomotora transnacional pasaría por encima de ecosistemas, culturas y proyectos comunitarios?
¿En qué momento consultaron sobre la idea de acabar fábricas y fincas, porque los Tratados de Libre Comercio traerían productos gringos y europeos? ¿En dónde se estableció que había que feriar el patrimonio público, como Isagén y ETB, para montarle infraestructura a esa locomotora y a ese tal mercado mundial? ¿De verdad eso de poner la salud y la educación en el lucro de los negocios empresariales fue una decisión ciudadana? ¿Cómo es que los bancos terminaron endeudando a colombianos y colombianas para poder acceder a los derechos constitucionales?…
Los gobernantes han asumido que cuando ganan unas pírricas elecciones, tienen un cheque en blanco para hacer lo que les da la gana con el país y la gente. Unas elecciones por demás antidemocráticas, tanto por las condiciones inequitativas en que se realizan: financiación, militarización y corrupción favoreciendo candidatos de las empresas; como por los resultados mismos: presidentes y alcaldes elegidos en promedio con la mitad de la votación, que es a su vez la mitad del censo de los que podrían votar. Y a eso lo llaman democracia y participación, y se muestran legitimados.
Lo que evidencia claramente la masiva protesta social que hoy se desarrolla en el país, como las que han ocurrido anteriormente, es que en definitiva ha habido una ausencia histórica de participación. Venimos de unas guerras civiles de más de un siglo promovidas por la dirigencia de los partidos liberal y conservador, a través de las cuales se montaron regímenes hegemónicos. Pasamos luego a un sistema bipartidista que por cerca de 20 años consolidó las estructuras de la exclusión, esta vez en contra del pueblo a quien la élite política y económica empezó a ver como enemigo de sus intereses, ya no como carne de cañón de sus mutuas violencias.
Entonces, tal como dijeron los zapatistas en México: “a nosotros nos tocó abrir las puertas de la democracia a bala”, también surgieron en el país grupos insurgentes con similares propósitos. Por su parte los diferentes sectores populares del país se agruparon en fuertes movimientos sociales que reclamaron derechos, y sus expresiones políticas intentaron una y otra vez ser actores reconocidos en las disputas electorales. A pesar de la cruenta guerra sucia, aupada por la Doctrina de Seguridad Nacional que le dictó el imperio a las FFAA, la presión social por una apertura democrática logra que a finales de los años 90 se inicie un proceso constituyente que termina con un nuevo pacto: reordenar el Estado sobre las bases de la soberanía, la descentralización, los derechos y la democracia participativa.
Pero los empresarios y sus gobiernos no cumplieron lo pactado. Con el modelo neoliberal por el que a la fuerza enrumbaron al país, hicieron totalmente lo contrario: facilitaron la invasión del capital transnacional en todos los rincones profundizando la dependencia; a la par que concentraban en mayor medida la riqueza, centralizaron las decisiones instituyendo un régimen autoritario; cercenaron derechos y privatizaron el acceso a ellos; y a través de una nueva embestida de violencia paramilitar, desarticularon los procesos sociales y políticos que se opusieron a tal exabrupto.
Ahora nuevamente, por las grandes movilizaciones de sectores democráticos y populares, por la utilización más efectiva de los márgenes electorales y por la iniciativa de diálogo de la insurgencia, nos hemos adentrado en un contexto político determinado como proceso de paz, en el que otra vez los proyectos de país para el Buen Vivir tienen posibilidades de colocarse en la conciencia de la gente, sus cotidianidades y la institucionalidad misma.
En esas circunstancias, no es difícil comprender que la Minga Nacional que hoy recorre la geografía colombiana disputa en lo fundamental una perspectiva de paz en la que se haga sentir la participación protagónica de los excluidos. Los reclamos y propuestas que de esta manera se manifiestan, son persistentes llamados a que se reconozca que en las visiones y experiencias de los pueblos se encuentran las alternativas a la crisis generalizada que soporta esta sociedad, y muestran así mismo otras lógicas de participación.
Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA
