El pasado miércoles 28 de Mayo el presidente Juan Manuel Santos citó a un relanzamiento del Consejo Nacional de Paz, en el marco de una presión de la sociedad civil para su convocatoria con nuevas condiciones. En este evento estaban presentes importantes sectores de la sociedad, las organizaciones sociales y víctimas del conflicto y miembros del gobierno, así como las fuerzas militares. Quienes aceptaron esta convocatoria reconocen que hoy es prioritario garantizar la participación de la sociedad en el proceso que busca la terminación de un conflicto que se ha prolongado por cinco décadas.
Durante la instalación de este Consejo, el Alto Comisionado de paz, Sergio Jaramillo, y el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, hicieron un balance de los avances que se han tenido en los diálogos de La Habana con los acuerdos en el tema de reforma agraria, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas.
«Lo que queremos es sintonizar a todos los sectores sobre la necesidad de comenzar o continuar a prepararnos para la fase de implementación de los acuerdos y la construcción de la verdadera paz», dijo Santos. Reiteró que el centro de la solución del conflicto son las víctimas, quienes tienen parte fundamental, además de los jóvenes, las comunidades y movimientos sociales. Santos señaló la importancia de que todos los sectores de la sociedad: campesinos, indígenas, afrodescendientes, empresarios, las universidades, las iglesias, las organizaciones sociales, se sientan parte fundamental del proceso.
Según la ley 434 de 1998, el Consejo Nacional de Paz es un órgano que permite la inclusión y la participación de la sociedad civil en los procesos de negociación. Lo que pretende es que se establezca la integración y colaboración constante entre las entidades particulares y órganos del Estado, para que se construyan alternativas políticas de negociación en el conflicto armado. El Consejo Nacional estaría para asesorar al Gobierno Nacional en todos los temas concernientes al proceso. Tiene la responsabilidad de crear propuestas para la negociación del conflicto armado, la promoción del respeto por los derechos humanos, la reintegración a la vida civil de los integrantes de grupos guerrilleros, y la reconciliación. Debe diseñar modalidades de participación internacional por la cooperación entre organizaciones y gobiernos extranjeros. También debe promover la creación de Consejos departamentales y municipales de paz y estar en constante veeduría de sus actividades. El Consejo debe presentar un informe completo, cada año, al Congreso de la República para sustentar el proceso.
La ley que actualmente regula el Consejo Nacional de Paz debe ser reformada para su ampliación en dos sentidos:
1. De quienes componen el Consejo, incluyendo la participación de movimientos sociales y organizaciones que han surgido en los últimos años. Como también de un delegado de las organizaciones insurgentes que actualmente estén en proceso de diálogo. Entre otros sectores que no se contemplaron en los años 90.
2. Ampliación de los objetivos: además de ser órgano asesor del gobierno, el Consejo Nacional de Paz debe proponer y dinamizar espacios para la amplia participación de la sociedad en los procesos de negociación y diálogo y construcción de paz.
Queremos entender con el relanzamiento oficial del CNP, que existe una voluntad real del gobierno y el establecimiento por legitimar el proceso de paz en curso, lo que pasa por darle la voz al pueblo en la refrendación de los acuerdos para la superación del conflicto armado y en la construcción de las condiciones necesarias para avanzar hacia una Colombia digna, democrática y soberana. Como se encuentra consagrado en la constitución de 1991 la paz es un derecho de los y las colombianas y un deber del Estado. La terminación del conflicto armado necesita respaldo y la construcción de la paz es trabajo de toda la sociedad. El Consejo debe aportar y empujar para ampliar la participación de la sociedad en las mesas de negociación, de una manera más incidente y permanente. Pero además de arropar el proceso de diálogo Gobierno-Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), debe también presionar la apertura de negociación con el Ejército de Liberación Nacional.
Debemos reconocer que Colombia es un país de regiones y que las dinámicas locales del conflicto son muy diferenciadas, por ello serán fundamentales los Consejos Territoriales de Paz, departamentales y municipales,con las mismas características de amplitud y decisión que debe tener el CNP, para fundamentarla en las regiones desde las diversidades particulares de cada territorio. Junto con toda la dinámica social y comunitaria que puede desplegarse en función de este propósito.
En la actual coyuntura del país el Consejo Nacional de Paz debe cumplir un papel destacado. Este será un espacio para que la sociedad civil pueda participar activamente en el proceso con las FARC, para que todas las personas puedan informarse de lo que está pasando en La Habana. Es una solicitud de la sociedad civil para conocer mejor el proceso y para ampliar su participación.
Tal como lo han mostrado las encuestas de manera consistente, la sociedad colombiana respalda el proceso de paz, pero no cree que vaya a salir bien, ni acepta que haya que pagar ningún precio por ella. Además, el proceso de diálogo ha sido rechazado por un sector ultra derechista que circula la información errónea, maliciosamente infundada por el ex presidente Uribe, de que en La Habana se está entregando el país al “Castro-chavismo”. Por tanto son fundamentales para el país todos los espacios que busquen fortalecer la participación en los procesos de negociación y ganar opinión pública favorable a la solución negociada del conflicto. Pues como señaló Juvenal Arrieta de la ONIC en este relanzamiento «La paz no es del gobierno o la guerrilla, es del pueblo colombiano.»
Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA
Junio 9 de 2014.