La población civil en Arauca continúa en la mira de la represión estatal, la niñez víctima de ultraje y violencia sexual por parte de la Fuerza Pública.
1. A los hechos criminales contra las niñas, niños y adolescentes cometidos como parte de una política de Estado que han conmovido a la comunidad en los últimos tiempos, ahora se suma la violación de una niña indígena de 13 años de edad, ocurrida en el mes de enero en el corregimiento de Puerto Jordán, jurisdicción del municipio de Tame. La menor perteneciente a la comunidad del resguardo de Iguanitos, de la etnia Sikuani, se encontraba con su señora madre, y cuando salió de la casa unos soldados se la llevaron y la violaron. La niña gravemente herida, llegó a su casa de habitación y le contó! ; a su madre lo sucedido, quien dio aviso al gobernador indígena, luego la trasladaron al puesto de salud de donde fue remitida al hospital San Vicente de Arauca.
Los uniformados, según trascendió serían miembros de la Brigada Móvil No 5 del Ejército Nacional. Es la misma unidad militar comprometida en la violación de dos niñas y el asesinato de una de ellas junto con sus dos hermanitos el año pasado; al igual que un número impresionante de ejecuciones extrajudiciales desde su llegada a la región. A pesar que se ha pretendido mostrar estos hechos como aislados, está claro que se trata de acciones sistemáticas
2. De otra parte en el corregimiento La Esmeralda, municipio de Arauquita, dos miembros del Ejército Nacional, batallón Reveiz Pizarro, que se desplazaban en una volqueta, vistiendo prendas de civil, intentaron asesinar al señor CARLOS JULIO MARTÍNEZ BARON a quien lesionaron gravemente con un tiro en su ojo derecho, luego que éste se negara a suministrarle combustible que transportaba en un vehículo tipo camión.
Cuando se escucharon los disparos, varios uniformados del Ejército descendieron de la volqueta, por lo que la comunidad se enteró que eran miembros de la fuerza pública los responsables de este execrable crimen.
El joven Carlos Julio se encuentra recluido en el hospital San Vicente de Arauca donde se recupera de las lesiones, y hasta donde han llegado miembros del DAS, para interrogarlo, fotografiarlo e intimidarlo.
La fuerza pública a tratado de ocultar su acción no solo en la parte de las pruebas sino intentando desinformando a través de los medios con declaraciones falsas y tendenciosas.
No es la primera vez que la fuerza pública utiliza bienes civiles para sus ataques a los pobladores, todavía recordamos cuando en el año 2002 también desde una camioneta conducida forzadamente por un civil, en el casco urbano de Arauquita se disparó contra la comunidad acabando con la vida de FAVER YESID GEREDA ROJAS e hiriendo a JOSÉ ANTONIO ORTEGA MELENDEZ; y el hecho ocurrido el año pasado en la vereda Caño Negro municipio de Fortul donde miembros del ejército nacional vestidos de civil dispararon indiscriminadamente contra los pobladores hiriendo gravemente a tres personas de esa comunidad.
Exigimos a las autoridades judiciales adelantar de manera pronta y eficaz las investigaciones penales y disciplinarias del caso, que estas dos acciones criminales ameritan, así como la protección para las víctimas, sus familiares y miembros de las comunidades, investigaciones que deberán ser asumidas por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y la delegada para los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación.
Exhortamos a la comunidad nacional e internacional y a las comisiones de audiencia y derechos humanos de la Cámara de Representantes y el Senado de la República, para monitorear las negaciones a los derechos humanos y la crisis social humanitaria de la región, y realizar llamados al gobierno para que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO
FUNDACIÓN DE DERECHOS HUAMANOS JOEL SIERRA
NUESTRA ACCIÓN ES LEGAL Y LEGÍTIMA
