{image}http://cedetrabajo.org/wp-content/uploads/2013/05/ENCUENTRO_MINERO_ENERGETICO.png{/image} Presentamos la declaración final del I Encuentro Nacional Minero-Energético y III Encuentro de Reclame, el cual se planteo como un espacio de construcción de política alternativa a la Locomotora Minero Energética.
HACIA UNA NUEVA POLÍTICA MINERO-ENERGÉTICA
Cómo vemos el problema:
La idea de convertir a Colombia en una potencia minero energética, centrando su economía en la actividad extractiva, atenta contra la soberanía nacional, el patrimonio natural y las bases mismas de la vida.
La globalización neoliberal que ha facilitado la intervención del capital transnacional en todos los ámbitos, tiene a la agricultura y la industria casi al borde de la extinción, ferió el patrimonio público especialmente en los renglones estratégicos de la economía, debilitó la capacidad regulatoria de la sociedad montando un régimen antidemocrático, y privatizó los derechos de la población. La economía está pensada desde entonces al servicio del mercado extranjero y no de los intereses nacionales, ni en beneficio del pueblo colombiano.
De esta manera, el país perdió la soberanía sobre los bienes naturales y los alimentos, permitiendo que las empresas transnacionales llegaran hoy a controlar su uso, en función de los negocios mineros y energéticos, ahora facilitados también en los tratados de libre comercio. La institucionalidad fue suplantada por la “Responsabilidad Social Empresarial”, se vendieron las empresas públicas del sector, las que sobreviven lo hacen bajo la lógica neoliberal, se adaptaron normas ambientales, laborales y tributarias para generar “Confianza Inversionista”, se acomodaron a esos intereses las consultas previas y se criminalizaron las protestas en contra de tales medidas.
Hoy los colombianos y las colombianas no tenemos las condiciones necesarias para ejercer el poder ciudadano de participar, decidir, controlar y ajustar los procesos productivos en torno a la minería y la energía. Estamos limitados institucionalmente para incidir en las políticas que se trazan sobre estas actividades. No existen los espacios para replantear el modelo minero-energético que se impone. Todo en detrimento de la sostenibilidad ambiental de la nación, de la pequeña minería y tradicional, de los derechos de los trabajadores, de la permanencia en el territorio de las comunidades tradicionales, campesinas, pesqueras, afros e indígenas, y de las finanzas y los ingresos del país.
La única forma en que podremos salvar al país de la Locomotora Minero-Energética es fortaleciendo la más amplia unidad del pueblo colombiano, a través de la movilización social, en resistencia contra este modelo de desarrollo y avanzando en la construcción de una política alternativa. El debate de la política minero-energética debe vincular a la sociedad entera. Es necesario que todos los sectores críticos de este modelo, desde lo ambiental, lo étnico, lo cultural, los derechos, lo académico, lo productivo, lo político y lo laboral, nos involucremos en la definición de un futuro diferente para la nación.
Las bases de nuestras propuestas comunes:
La sociedad requiere de una explotación minero-energética necesaria. Esta actividad debe realizarse de acuerdo a los intereses de la nación, debe estar supeditada a la protección del patrimonio natural y las bases de la vida para las generaciones futuras, debe estar bajo el control de un Estado que actúe en coherencia con estos criterios. Las empresas estatales deben realizar directamente o a través de asociación las actividades de explotación minero-energética, por lo que las actuales concesiones deben revertir a la nación. En consecuencia, los términos de la inversión extranjera también tendrán que modificarse sustancialmente.
Una nueva política minero-energética requiere que el Estado recupere el control, fiscalización y dirección sobre la exploración, explotación y comercialización de sus recursos naturales no renovables, hoy en manos de las transnacionales minero-energéticas. Es necesario fortalecer las instituciones, la participación ciudadana y las empresas del Estado, que permitan recuperar y ejercer la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos en los territorios, condición necesaria para el cambio del modelo energético.
Una nueva política debe orientarse a generar energía, materias primas y recursos de capital de manera racional, apoyando el desarrollo de la agricultura y la industria de la nación, la permanencia de las comunidades en el territorio y el reconocimiento de sus formas organizativas. Debe fortalecerse la investigación en ciencia y tecnología, conjuntamente con la recuperación de los saberes tradicionales, especialmente a través de la educación comunitaria y de universidades y centros de investigación públicos, e independientes de las transnacionales y sus gremios.
Una nueva política minero-energética debe considerar la crisis ambiental y humanitaria del planeta y, por lo tanto, tendrá en sus propósitos la búsqueda de fuentes alternativas y el rediseño de la matriz energética. Incluso debe plantear la delimitación de zonas donde no haya ningún tipo de explotación minero-energética y proteger reservas de minerales e hidrocarburos para generaciones futuras. Se debe suspender la explotación de petróleos no convencionales, hasta que no existan los suficientes estudios serios sobre el impacto ambiental y geológico y se generen técnicas que garanticen una explotación segura y muestren la conveniencia de su desarrollo para los intereses nacionales y regionales.
Debe suspenderse el otorgamiento de nuevos títulos y licencias ambientales a los proyectos transnacionales minero-energéticos y a cielo abierto. Se debe garantizar que ésta actividad se ejecute acorde a los intereses del país y existan garantías suficientes para la protección de los derechos humanos, económicos, sociales, ambientales y culturales de las comunidades. El Estado debe propiciar la revisión de los actuales contratos con este tipo de minería, revocando aquellos que sean contrarios a los intereses del país.
En esas perspectivas, los criterios generales de una nueva política minero-energética son:
1. El aumento de la renta y la compensación de los daños causados.
2. La protección y el acceso de los pueblos a los bienes naturales.
3. La defensa de los mineros artesanales, pequeños y medianos.
4. La defensa de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores.
5. La defensa del territorio, la cultura y la organización social de las comunidades.
Imagenes I Encuentro Nacional Minero-Energético y III Encuentro de Reclame
