El pasado 10 de mayo fueron dejados en el municipio de Arauquita y Saravena –Departamento de Arauca-, panfletos donde integrantes de las Águilas Negras bloque Vencedores de Arauca II amenazan a precandidatos y dirigentes sociales y sindicales y defensores de derechos humanos de la región.
Como es común en este tipo de acciones los papeles amenazantes fueron dejados en casas de habitación, sitios públicos y emisoras. Los artífices de la muerte argumentan que los dirigentes amenazados reciben apoyo y orientación de los grupos subversivos FARC y ELN.
Eliecer Cáceres miembro de la Fundación de Derechos Humanos-Joel Sierra es uno de los amenazados junto con Wilmar Cetina quien es presidente de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal de Arauquita y Martín Sandoval quien fue presidente del comité permanente para la defensa de los derechos humanos y precandidato a la Alcaldía de Arauquita.
¿Sera que el año electoral se convierte en un factor de riesgo para los opositores al régimen?
A este hecho le antecede el asesinato de una niña de 14 años y un pastor evangélico, habitantes del municipio de Cravo Norte, quienes fueron sentenciados a muerte por no tener dinero para pagar las extorsiones de las cuales eran victimas. Las amenazas que antecedieron al asesinato fueron denunciadas por el comité de desplazados a las autoridades pertinentes, indicando que hay un grupo de individuos armados integrado por reinsertados de las FARC, Paramilitares e indígenas, que opera en la zona, amenazando y extorsionando a la población.
El 7 de mayo, en el municipio de Puerto Rondón, aparecieron panfletos a nombre de las BACRIM, donde se amenazan docentes y se manifiesta que se están realizando acciones de inteligencia militar a sospechosos dela zona. También se denuncia la presencia de grupos paramilitares en el municipio de Tame, quienes han reunido a la población, amedrentándola y extorsionándola. Lo curioso es que los paramilitares tienen presencia en la zona de influencia de la Brigada Móvil Numero 5.
De parte de los defensores de derechos humanos, y los y las luchadores sociales de la región, se han realizado las denuncias respectivas en las diferentes instancias municipales, regionales y nacionales. Se emitió la alerta temprana y se estableció contacto permanente con la Defensoría Regional del Pueblo para monitorear la situación.
La principal preocupación es que se reviva la historia cruel de las actuaciones del paramilitarismo, donde las masacres, desapariciones, asesinatos, torturas, el desplazamiento, y el refinamiento de las técnicas y tecnologías del miedo, eran cotidianidades en el auge de la incursión paramilitar y la seguridad democrática.
