«El proceso de paz en Colombia será un gran fracaso si casos como el de Carlos Alberto Pedraza Salcedo, no obtienen verdad, justicia y garantías de no repetición», así inicia la acción urgente emitida por Congreso de los pueblos ante la escasa investigación por el asesinato del líder Carlos Alberto Pedraza.
En la comunicación, este movimiento social y político, manifiesta ante distintos organismos la gran preocupación por los nulos avances de la Fiscalía 98 de la Unidad de Derechos Humanos, quien lleva la investigación por el asesinato del líder sucedido hace un año.
En está, teniendo en cuenta el contexto del aumento de agresiones a líderes y defensores de derechos humanos en el país, y la poca respuesta judicial frente a estos casos, Congreso de Pueblos manifiesta «… es posible concluir que existe una decidida falta de voluntad política y administrativa de la Fiscalía General de la Nación para dar con los responsables de las agresiones contra los defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia; pero en contraposición, se evidencia una marcada y decidida celeridad y efectividad de la Fiscalía y sus cuerpos investigadores para JUDICIALIZAR Y CRIMINALIZAR a los defensores de derechos humanos y sus acciones cuando son acusados de diversos delitos…»
Compartimos la totalidad de la acción urgente donde se refieren las circunstancias del asesinato de Carlos Alberto, lo sucedido jurídicamente con este caso y los interrogantes y exigencias de Congreso de los Pueblos al Estado colombiano…
Acción urgente: impunidad en el caso de desaparición forzada y homicidio de Carlos Alberto Pedraza Salcedo
El proceso de paz en Colombia será un gran fracaso si casos como el de Carlos Alberto Pedraza Salcedo, no obtienen verdad, justicia y garantías de no repetición. Compartimos a la comunidad pública nacional e internacional la carta radicada hoy por el Congreso de los Pueblos ante diferentes instancias ante la preocupación por parte del movimiento, familiares y amigos de Carlos Pedraza Salcedo porque a más de un año de asesinado no hay avances en la investigación, manteniendo el caso en la total impunidad.
El Movimiento Social y Político Congreso de los Pueblos, manifiesta la preocupación y solicita su intervención urgente ante la poca, ineficaz y dilatada investigación judicial que adelanta la Fiscalía 98 de la Unidad de Derechos Humanos junto con el Cuerpo Técnico de Investigación en el caso de desaparición forzada y homicidio del defensor de derechos humanos Carlos Alberto Pedraza Salcedo, y la grave situación de vulneración sistemática de derechos humanos al movimiento social y popular colombiano, favorecida por el estado de impunidad en el que se encuentran los casos que atentan contra la vida e integridad de líderes y defensores de derechos humanos en Colombia.
HECHOS:
1. El 19 de enero de 2015 siendo las 3:00 pm, Carlos Alberto Pedraza Salcedo se trasladó de su casa ubicada en el barrio Molinos II de la localidad de Rafael Uribe Uribe en Bogotá, hacia la localidad de Teusaquillo donde tendría una reunión relacionada con la Comercializadora Agropecuaria El Zipa.
2. El miércoles 21 de enero de 2015 hacia las 9:00 am en atención a la llamada de una habitante, es encontrado por miembros de la policía, el cuerpo sin vida de Carlos Alberto Pedraza Salcedo en un sector despoblado de la vereda San Bartolomé, denominado “las marraneras” a 60 kilómetros de Bogotá. El cuerpo presentaba notables signos de violencia en la cabeza.
3. El 21 de enero de 2015 en horas de la mañana al parecer integrantes de la SIJIN de Gachancipá – Cundinamarca realizaron llamadas telefónicas a números de contacto de la Comercializadora para lograr ubicar familiares de Carlos Pedraza.
En la primera llamada mencionaron el hallazgo de una persona con las características de Carlos, quien tenía entre sus pertenencias varias tarjetas de presentación de la Comercializadora.
En la segunda llamada realizada a un familiar de la víctima, manifiestan que Carlos sufrió un accidente en motocicleta y necesitaban ubicar a algún miembro de su familia.
En la tercera llamada afirmaron que “fue encontrado muerto en los pinos con un golpe contundente en la cabeza”. Versiones claramente contradictorias.
4. En rueda de prensa del 29 de enero de 2015 el subdirector del Instituto de Medicina Legal Dr. Pedro Morales confirma el hallazgo de “una lesión única por proyectil de arma de fuego en la cabeza, sin ninguna otra lesión asociada” resultados de la necropsia practicada a Carlos Pedraza, además de confirmar un vacío de información respecto a qué sucedió con Carlos Alberto entre el lunes 19 de enero en horas de la tarde y el martes, cuando Medicina Legal informó que su cuerpo fue visto sin vida por primera vez.
5. Una vez recibida la noticia criminal por la policía judicial (SIJIN), el caso se llevó ante conocimiento de la fiscalía, el cual fue asumido y radicado en la Fiscalía 01 de Zipaquirá – Unidad de Reacción Inmediata.
6. Mediante solicitud a la Fiscalía General de la Nación se solicitó el traslado del proceso a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía, como consecuencia del móvil político de la desaparición y posterior homicidio de Carlos Alberto.
7. El expediente fue enviado a la Oficina 98 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, quien hoy conoce del proceso.
8. En dos oportunidades se radicaron escritos solicitando la práctica de algunas pruebas, con el ánimo de impulsar la investigación y buscar que el hecho no quede en la impunidad y se pueda determinar los autores de los delitos.
9. Una vez reiterada la solicitud, el despacho del Fiscal decretó la práctica de las pruebas, las cuales han tenido trámite tardío.
10. Un año después, el proceso aún no arroja una investigación conducente a determinar los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada y asesinato del líder y defensor de derechos humanos Carlos Alberto Pedraza Salcedo.
11. No existen garantías para el ejercicio político del movimiento social y popular, toda vez que no existe justicia en los casos de violación de derechos humanos a líderes y lideresas, además de las sistemáticas amenazas que a la fecha continúan.
ANTECEDENTES
El asesinato del defensor de derechos humanos y líder social CARLOS ALBERTO PEDRAZA SALCEDO, se dio en el marco de las sistemáticas amenazas que durante los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2014 y enero de 2015 recibieron integrantes de organizaciones sociales, políticas y de defensa de los derechos humanos por parte de las autodenominadas “AGUILAS NEGRAS” grupo perteneciente al paramilitarismo colombiano, acusándolo de estar de acuerdo con el proceso de paz que se viene adelantando entre las guerrillas y el gobierno.
Es preciso denunciar que el asesinato de Carlos Pedraza, fue un golpe contra el proceso de paz, contra la defensa de los derechos humanos y representa a los acérrimos enemigos de la construcción de justicia social en el país, que nos les basto asesinarle sino que también han demostrado durante este año la impunidad que ostentan ante la complicidad del estado en la ineficaz investigación del caso, además de hacer visible cuál es la paz que el gobierno abandera, una paz entre desapariciones, balas e impunidad.
La desaparición forzada y homicidio de Carlos Pedraza acrecentó las cifras de asesinatos de defensores de derechos humanos que para el primer semestre de 2015 según informe de SOMOS DEFENSORES sumaban 34, la impunidad con la que la justicia colombiana acomoda los casos según conveniencia quedó descrita en este informe “… es cómo 219 homicidios de defensores de derechos humanos ocurridos entre enero de 2009 y junio de 2013 se encontraban en total impunidad al registrar que el 95% de estos casos nunca pasaron de la etapa de investigación preliminar hecha por la Fiscalía y tan solo un caso contaba con una sentencia en firme contra los asesinos. Es muy posible que la cifra de impunidad por estos casos ya se encuentre en el 100% acompañada de un inexplicable silencio institucional de la Fiscalía.
Pasado el tiempo y tomando como referencia las acciones de la Fiscalía en los últimos años, es posible concluir que existe una decidida falta de voluntad política y administrativa de la Fiscalía General de la Nación para dar con los responsables de las agresiones contra los defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia; pero en contraposición, se evidencia una marcada y decidida celeridad y efectividad de la Fiscalía y sus cuerpos investigadores para JUDICIALIZAR Y CRIMINALIZAR a los defensores de derechos humanos y sus acciones cuando son acusados de diversos delitos.
Lo anterior se sustenta en que en los primeros seis meses del año, 332 defensores y defensoras fueron víctimas de amenazas mediante 27 panfletos amenazantes contra sus vidas y su actividad, y la Fiscalía no mostró avance en UN SOLO CASO.”
Las entidades encargadas han hecho caso omiso a las peticiones de investigación del caso de Carlos Pedraza por parte del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT), de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Seguimos realizando las mismas preguntas que durante este año organizaciones sociales han planteado.
• ¿Existe una resistencia institucional de la Fiscalía para investigar estas amenazas?
• ¿Por qué la Fiscalía no ha dado ni un solo resultado a estos casos en al menos 5 años?
• ¿Es posible que la Fiscalía ya haya dado con los responsables y esté omitiendo esta información por alguna razón?
• ¿Por qué las agresiones contra defensores(as) de DD.HH no son importantes para la Fiscalía?
• ¿El homicidio de más de 400 defensores de derechos humanos en los últimos 5 años no tienen ninguna importancia para la democracia y la construcción de la Paz?
EXIGIMOS:
Con base en estas razones, manifestamos nuestra profunda preocupación ante la impunidad con la que transcurre el caso de Carlos Alberto Pedraza Salcedo y las nulas garantías de participación del movimiento social y popular colombiano.
Demandamos a las autoridades estatales para que den celeridad a la investigación del caso y se generen garantías que den libertad y seguridad a los y las integrantes del Movimiento Social y Político Congreso de los Pueblos. Por lo que instamos:
1. Dar celeridad a la investigación en el caso de desaparición forzada y homicidio que se adelanta en la Fiscalía 98 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos.
2. Realizar una investigación independiente, imparcial y exhaustiva para dar con los responsables intelectuales y materiales del asesinato de CARLOS ALBERTO PEDRAZA SALCEDO.
3. Se imponga justicia sobre los responsables de los delitos, se encuentre la verdad sobre el móvil del asesinato y se ponga fin a la impunidad.
4. Se garantice el ejercicio de defensa de la representante de víctimas dentro del proceso adelantado en la Fiscalía.
5. Se proteja la integridad física y psicológica de los miembros del Movimiento Social y Político Congreso de los Pueblos.
6. Poner fin a todo tipo de amenazas, actos de hostigamiento y atentados contra los miembros del movimiento social y popular colombiano.
7. Garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por el Estado colombiano.
8. Asegurar la aplicación de lo dispuesto en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al:
Artículo 1, que garantiza la protección del derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.
Artículo 12.2, que establece el deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”.
9. Instamos a los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos y demanden de las autoridades colombianas el cumplimiento de estas peticiones.
10. Solicitamos a la comunidad Nacional e Internacional y a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos que en el marco del actual proceso de paz con las insurgencias colombianas, se verifique la situación de los y las defensoras de derechos humanos, toda vez que en contravía de lo que representa un cambio social y político, el Estado Colombiano continúa violando derechos fundamentales y dilatando la justicia para evitar la verdad y la reparación a víctimas.
Firman,
Comisión de Derechos Humanos
Movimiento Social y Político Congreso de los Pueblos
ddhh@congresodelospueblos.org
Alberto Castilla
Senador de la República
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
MOVICE
Cumbre Agraria Étnica y Popular
Mesa de Interlocución
Universidad Pedagógica Nacional
UPN
