Presentan balance sobre la acción estatal para proteger los derechos de las personas defensoras, líderes y lideresas sociales
Bogotá, 4 de diciembre de 2025.
Tras dos años de haberse emitido la Sentencia que reconoció la grave situación de violencia que enfrenta la población líder y defensora de derechos humanos en Colombia, la Comisión de Seguimiento a la Sentencia SU 546 de 2023 (Cosesu) presenta un balance sobre el cumplimiento de las órdenes dictadas por la Corte Constitucional. En este se identificaron avances institucionales, rezagos preocupantes y barreras persistentes que limitan una implementación efectiva e integral de la decisión. Las cifras reflejan la continuidad de la violencia contra la población líder y defensora de derechos humanos, entre 2024 y el primer semestre de 2025, se registraron 1.068 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, de ellas 235 fueron asesinatos, según el Programa Somos Defensores.
La Corte Constitucional declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) por la violación sistemática de los derechos fundamentales de las personas defensoras y liderazgos sociales, y la falta de garantías para ejercer el derecho a defender los derechos humanos. Esta decisión constituye un instrumento clave porque, además de reconocer la insuficiencia de la respuesta institucional frente a la crisis, establece órdenes intermedias y de carácter estructural dirigidas a distintas entidades del Estado para atender y superar el ECI, y brindar garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.
Según el balance que se presentará públicamente este 4 de diciembre, el nivel de cumplimiento de las entidades responsables ha sido medio. Si bien la decisión de la Corte reiteró obligaciones y emitió órdenes específicas, el Estado de Cosas Inconstitucional que afecta a las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales persiste, en tanto no se transformen los factores estructurales que reproducen la violencia contra esta población, ni la cultura social e institucional que la tolera.
Adicional al balance, la Cosesu hizo una serie de solicitudes a la Corte Constitucional, entre ellas:
- La convocatoria de una audiencia pública, con amplia participación ciudadana, especialmente de organizaciones de personas defensoras de los territorios que actualmente atraviesan una situación más difícil para ejercer la defensa de derechos humanos.
- La emisión de órdenes directas a los entes territoriales, en particular a las gobernaciones, para que estas adopten acciones específicas dirigidas a la superación del ECI como primeros respondientes, tal y como establece el Decreto 2252 de 2018.
- Que la priorización de los territorios más afectados por la violencia no se limite a los referidos en la Sentencia SU-546/23, sino que los cobije a todos los departamentos de acuerdo a la priorización que se haga al interior de cada uno de ellos.
Por último, la Cosesu reiteró la necesidad de establecer una Sala específica para el seguimiento de la Sentencia SU-546/23 dentro de la Corte Constitucional, para facilitar la veeduría de la sociedad civil y la comunicación con las entidades que tienen funciones específicas para la garantía de la labor de las personas defensoras.
La Comisión de Seguimiento a la Sentencia SU 546 de 2023 (Cosesu) fue conformada para realizar el seguimiento del estado de implementación de las órdenes, analizar información relativa al contexto en el que la población líder y defensora de los derechos humanos ejerce su labor, y establecer propuestas que contribuyan al cumplimiento efectivo de las órdenes de la Corte Constitucional.
En esta Comisión confluyen diecisiete organizaciones: Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), el Programa Somos Defensores (PSD), el Movimiento Ríos Vivos (MRV), el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), la Corporación Reiniciar, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (COSPACC), Dejusticia, la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), la Corporación Sisma Mujer, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU), CODHES, la Corporación Jurídica Libertad (CJL), y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines.
¡ALTO A LOS BOMBARDEOS!
RESPETO AL DIH Y PROTECCIÓN ABSOLUTA DE LA NIÑEZ
18 de noviembre de 2025
Las plataformas nacionales de derechos humanos y organizaciones sociales expresamos nuestro profundo rechazo frente al agravamiento sostenido de las violaciones masivas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que han marcado este año en Colombia. El incremento del control territorial armado, los desplazamientos masivos e individuales y las afectaciones desproporcionadas contra mujeres, niñas, niños y comunidades rurales ponen en evidencia una crisis humanitaria que no cesa. Hasta ahora, la ausencia de respuestas integrales, confirma la falta de articulación entre las políticas de seguridad, de paz y el resto de la acción del Estado, y su limitada capacidad para ofrecer protección efectiva a la población civil.
En este contexto, expresamos también nuestra indignación por los hechos ocurridos en zona rural del departamento del Guaviare, donde una operación militar contra las disidencias denominadas Estado Mayor Central (EMC) dejó como resultado la muerte de siete niñas, niños y adolescentes (NNA) víctimas de reclutamiento forzado, junto con al menos otras cuatro personas aún no identificadas. Estos hechos representan un grave retroceso en las políticas de protección de la niñez, y constituyen un quiebre alarmante respecto a la directriz vigente durante los primeros tres años del actual Gobierno, que prohibía operaciones con riesgo para menores reclutados. Este viraje político, que habilita nuevamente bombardeos en escenarios donde podría haber niñas, niños y adolescentes, desconoce las obligaciones humanitarias del Estado.
Condenamos de manera enfática el reclutamiento, utilización y uso de menores por parte de grupos armados ilegales. Cuestionamos con igual firmeza la decisión estatal de ejecutar operaciones militares de tal magnitud sin garantizar previamente la protección de estos menores, infringiendo el derecho internacional humanitario. La presencia de niños y niñas en campamentos armados no puede convertirse en un factor “aceptable” de daño colateral ni justificar acciones militares desproporcionadas. La obligación del Estado es protegerlos, no ponerlos en riesgo, y mucho menos avalar operaciones cuyo resultado previsible es su muerte. (…)
Exigimos al Estado:
● Restablecer la política de contención que prohiba los bombardeos.
● Garantizar investigaciones independientes y exhaustivas sobre lo ocurrido, con participación de organismos de control, que permitan esclarecer los hechos y asegurar responsabilidades institucionales, penales y disciplinarias.
● Fortalecer de inmediato las políticas de prevención del reclutamiento y uso de menores de edad, con enfoque territorial y priorización de regiones con débil presencia estatal.
● Ajustar los protocolos operacionales para prohibir tácticas que generen efectos indiscriminados y garantizar el máximo nivel de precaución.
● Desarrollar una política integral, articulada y vinculante de protección de la niñez en contextos de conflicto armado, que garantice su prevención, rescate, protección y restitución de derechos.
Exigimos al Estado Mayor Central y a los demás grupos armados ilegales:
● Detener de manera inmediata el reclutamiento, uso y utilización de NNA, así como cualquier forma de agresión contra las comunidades.
● Es urgente que asuman y acaten a cabalidad el DIH.
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AMÉRICA LANTINA EXIGE GARANTÍAS PARA DEFENDER DERECHOS HUMANOS
Comunicado conjunto de 70 organizaciones, plataformas de L.A
04 de noviembre de 2025
Las organizaciones, movimientos y procesos de defensa de derechos humanos de Brasil, Paraguay, Venezuela, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y México, así como las organizaciones internacionales Front Line Defenders, Swefor Programa Servicio de Paz, Global Witness, Civil Right Defenders, ANSUR, Misereor, Mundubat, Amnistía Internacional y Protección Internacional Mesoamérica, reunidos en el Encuentro por el Derecho a Defender Derechos Humanos en América Latina, denunciamos el grave contexto de violencia que enfrentan las personas y comunidades defensoras de derechos humanos y el medio ambiente en la región latinoamericana.
Las personas defensoras de derechos humanos actuamos de manera individual y colectiva para promover, proteger, acompañar y exigir la garantía de los derechos humanos en poblaciones que son vulneradas. Es así que somos un pilar para el fortalecimiento de la sociedad democrática.
De acuerdo con los informes más recientes de Front Line Defenders, Global Witness y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), América Latina continúa siendo la región más peligrosa del mundo con al menos 257 personas defensoras de derechos humanos asesinadas y desaparecidas en 2024, de las cuales 119 son del medio ambiente, lo que representan el 79.3% de asesinatos y desaparición a nivel global. Los patrones y acciones sistemáticas de criminalización, impunidad, cooptación institucional, estigmatización y represión a la protesta social son crisis preocupantes en Latinoamérica.
Alertamos ante el incremento de violencias y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos en la región, tales como asesinatos, violencia de género, el espionaje digital y la desaparición forzada se han convertido en prácticas para silenciar las voces que denuncian injusticias, exigen verdad y derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales. Con un riesgo diferenciado especialmente contra mujeres, campesinas, indígenas, afrodescendientes, garífunas y personas LGBTIQ+.
Como resaltan los informes mencionados, en la mayoría de los casos, los principales responsables son agentes del Estado, integrantes del crimen organizado, empresas y particulares que actúan en complicidad o bajo la omisión de las autoridades. A ello se suman redes político-económicas ilegales que operan como victimarios, consolidando estructuras de poder que amenazan la vida y el trabajo de quienes defienden la tierra, el agua, los bosques, el medio ambiente, los derechos colectivos, los derechos laborales, sexuales y reproductivos, la memoria, así como la libertad de expresión y asociación, y la justicia social frente a un sistema estructuralmente racista, colonial y excluyente.
Preocupa gravemente la estigmatización contra personas defensoras, como estrategia sistemática para deslegitimar su labor. Esta situación se agrava por el debilitamiento del Estado de derecho, las vigilancias ilegales y la falta de independencia judicial. Además, denunciamos el cierre de espacios públicos para la participación, la promulgación de leyes anti-ONG, otros mecanismos normativos que persiguen a las personas defensoras en toda la región y que limitan la cooperación internacional.
Por eso condenamos el patrón generalizado de retroceso en la garantía de derechos, al régimen democrático y al orden constitucional en la región. Son evidencia de ello: la instrumentalización de la figura de estado de excepción, la imposición de agendas extractivistas, el abuso de las fuerzas públicas de seguridad para reprimir la protesta social y militarización de los territorios, la persecución y la violencia transnacional en contra de personas defensoras. Esto en el marco de una política exterior actual de Estados Unidos abiertamente militarista.
Ante este panorama, hacemos un llamado urgente a los Estados a cumplir con la normatividad internacional en materia de derechos humanos, respetar y garantizar la labor de las personas y colectivos que defienden derechos, incluido el Acuerdo de Escazú, y a abstenerse de promulgar normativas regresivas.
Exhortamos a la solidaridad regional e internacional y a la cooperación para mantener y ampliar el respaldo político, social y económico a quienes defienden los derechos humanos. Defender derechos no es un delito, sino un acto legítimo y esencial para la democracia, la justicia y la dignidad.
Descarga el comunicado completo AQUÍ
Defender derechos es defender la vida.
La solidaridad es nuestra mayor protección
Organizaciones, redes y plataformas participantes
- Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos – Ecuador
- Amnistía Internacional
- Ansur – Colombia
- Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Argentina
- Asociación Comunidades Construyendo Paz en Colombia
- (CONPAZCOL) – Colombia
- Asociación de Abogadas y Abogados, Jueces y Fiscales de Derechos Humanos de Latinoamérica y el Caribe (AJUFIDH)
- Asociación de Comités Ecológicos del Sur de Honduras (ACESH) -Honduras
- Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) – Colombia
- Asociación Minga – Colombia
- Asociación Unidos por la Vida (ASUVI) – Guatemala
- Caribe Afirmativo – Colombia
- Casa Xitla / Lejil Kuxlejal – México
- Centro de Documentación e Información Bolivia CEDIB – Bolivia
- Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas – México
- Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC) – Honduras
- Centro Intercultural de Derechos y Justicia “Kapak” – Ecuador
- Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) – México
- Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) – Venezuela
- Ciudadanía Inteligente – América Latina
- Civil Rights Defenders
- Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) – Ecuador
- Comité Brasileiro de Defensoras y Defensores de Direitos Humanos (CBDDH) – Brasil
- Conpazcol – Colombia
- Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Ecuador
- Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígena Originario Campesinos y Áreas Protegidas – CONTIOCAP – Bolivia
- Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos (CCEEU) – Colombia
- Coordinación Social Política Marcha Patriótica – Colombia
- Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) – Paraguay
- Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Perú
- Coordinadora Nacional de Inmigrantes – Chile
- Corporación Alianza Migrante – Ecuador
- Corporación Claretiana – Colombia
- CRPC – Colombia
- Departamento Ecuménico de Investigación (DEI) – Costa Rica
- Enraizar Comunidad – Chile
- Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de
- Derechos Humanos y Periodistas – México
- Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe
- Fondo Noruego para los Derechos Humanos
- Front Line Defenders – Internacional
- Fundación Acceso
- Fundación Escazú Ahora – Chile
- Fundación Ciudadanía Inteligente
- Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) – Ecuador
- Global Witness
- Karina Riquelme Viveros Defensoría de Derechos Humanos – Chile
- Justiça Global – Brasil
- MIREDES Internacional
- Misereor
- Movimiento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) – Brasil
- Mundubat – Colombia
- Pervivencia – Colombia
- Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN) – Instancia
- Regional Palenque Kurrulao Tumaco – Colombia
- Programa Somos Defensores – Colombia
- Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos
- Humanos (PROVEA) – Venezuela
- Proyecto Socioambiental Dulcepamba – Ecuador
- Protection International Mesoamérica – Centroamérica
- Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos – Honduras
- Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los
- Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) – México
- Serpaj – PY – Paraguay
- Sociedad de Derechos Humanos de Maranhão – Brasil
- Swefor – Programa Servicio de Paz
- Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala – UDEFEGUA
- Corporación Sisma Mujer – Colombia
- Red Nacional de Defensoras de Derchos Humanos en Honduras
COMUNICADO
Asociación Minga manifiesta su preocupación por constantes acciones e infracción al DIH, por parte de actores armados en la región del Catatumbo y rechaza las acciones perpetradas el 20 de octubre por el Frente 33 de las disidencias de las FARC en el municipio de El Tarra. En un primer hecho, resultaron heridos dos adultos mayores y uno de ellos, el señor Ramón Salazar, falleció posteriormente como consecuencia de un ataque con drones al corregimiento de Filo Gringo, donde además se afectaron viviendas de la población civil.
En otro hecho casi simultaneo, este Frente incursionó en una finca de la vereda Bocas de Orú y retuvo a tres trabajadores, de los cuales dos permanecen en manos de este grupo armado. Según las denuncias recibidas, se sabe que los llevan amarrados y que posiblemente están siendo usados como escudos humanos. Se trata de los señores Jimy Alejandro Montiel y de Yoel Antonio Romero Castillo, para quienes exigimos el respeto a su vida, su integridad y su inmediata liberación.
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Denuncia Pública
#SOSBridikayra – Catatumbo
La Asociación Minga denuncia la crítica situación de salud que atraviesa en este momento la comunidad indígena Bridikayra, del pueblo Barí, en la región del Catatumbo.
Según información proveniente de la comunidad, desde el viernes 22 de agosto, tanto niños como adultos comenzaron a presentar síntomas de gripa, fiebre, tos, dolor en la cintura y dificultades respiratorias (asma), los cuales se han agravado progresivamente. Lamentablemente, el 26 de agosto se reportó el fallecimiento de un niño, y en este momento más de 15 menores presentan síntomas hemorrágicos.
Esta situación es grave y urgente, y pone en riesgo inminente la vida e integridad de una población que goza de protección especial por parte del Estado colombiano, conforme a la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos. Los pueblos indígenas y los niños, niñas y adolescentes deben ser priorizados en cualquier política pública, más aún frente a emergencias sanitarias.
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Grave crisis humanitaria en el Cauca: confinamientos, desescolarización y agudización del control armado
14 de agosto de 2025
Las Plataformas de Derechos Humanos rechazamos y denunciamos públicamente la crítica situación humanitaria que atraviesa el departamento del Cauca, marcada por el recrudecimiento del conflicto armado, el fortalecimiento de estructuras ilegales, el alto riesgo para la vida e integridad de las comunidades y la ausencia de respuestas estatales integrales que garanticen sus derechos fundamentales.
En los últimos días, los enfrentamientos entre actores armados han derivado en asesinatos, desplazamientos forzados, confinamientos prolongados, reclutamiento forzado y la suspensión indefinida de clases. Esta situación impacta de manera directa a niñas, niños, adolescentes y firmantes del Acuerdo de Paz.
Actualmente, La subregión del Macizo Colombiano especialmente los municipios del norte y sur del Cauca— enfrenta un desbordamiento de la violencia, que se expresa en restricciones a la movilidad, confinamientos y graves afectaciones a la soberanía alimentaria. 42 municipios del Cauca se encuentran bajo alerta temprana por riesgo de desplazamiento forzado. Entre ellos se destacan Guapi y Argelia, donde se han reportado asesinatos; Lerma, con casos de reclutamiento forzado de menores de edad y jóvenes trans; Cajibío, con una delicada situación de orden público; y Almaguer, bajo intensa presión por parte de actores armados.
Empresa minera Libero Cobre fue sancionada por violar normativas ambientales en la Amazonía Colombiana
Agosto 2025 -Asociación Minga-
La empresa minera Libero Cobre fue sancionada con una multa de $47.255.277 por parte de la autoridad ambiental competente, tras comprobarse la comisión de varias infracciones a la normativa ambiental colombiana, como la tala rasa de vegetación natural sin autorización y la intervención en áreas con restricciones establecidas por determinantes ambientales.
Según el informe oficial, las actividades de la empresa no solo vulneraron el Artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 y el Artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, sino que también infringieron lo dispuesto en la Resolución 1336 de 2017, modificada por la Resolución 1148 de 2018, que define y protege zonas con alto valor ecológico y funciones ecosistémicas estratégicas.
La sanción es definitiva y obedece a la realización de tala rasa de vegetación natural por parte de Libero Cobre, sin contar con los permisos o autorizaciones ambientales requeridos, una conducta que representa una infracción directa al régimen sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 2009.
Adicionalmente, la empresa intervino áreas definidas como de restricción ambiental, donde, según las resoluciones vigentes, está prohibido realizar cualquier tipo de actividad que altere el suelo, el paisaje o las condiciones naturales del ecosistema, sin los permisos previstos en la ley.
Las autoridades ambientales concluyeron que estas acciones generaron:
- Modificación del uso del suelo
- Deterioro significativo del paisaje natural
- Afectación a un ecosistema en proceso de regeneración natural
- Vulneración a la normatividad ambiental vigente
Verificación en Cajibío: la vida campesina no puede ser blanco de represión
El 6 de junio, organizaciones de derechos humanos constataron el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Ejército contra comunidades campesinas e indígenas en Cajibío, Cauca.
Aún hay impunidad y criminalización. Exigimos justicia, verdad y garantías para la defensa del territorio.
#CajibíoResiste #DerechosHumanos #SinJusticiaNoHayPaz
LA VIDA DE TODOS Y TODAS DEBE SER RESPETADA
Bogotá, junio 10 de 2025
Frente al escalamiento irracional de los actos violentos perpetrados presuntamente por el frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC durante las últimas horas en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, Asociación Minga expresa su más enérgico rechazo a estas acciones que constituyen graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
Condenamos el uso indiscriminado de artefactos explosivos en áreas pobladas, los asesinatos selectivos de civiles y los ataques deliberados contra bienes comunes. Exigimos el cumplimiento inmediato del DIH y excluir a la población civil de la confrontación armada. Reiteramos: la vida y la integridad de la población civil no son negociables ni opcionales, deben ser protegidas y respetadas en todo momento.
Instamos al Estado colombiano a tomar medidas urgentes y eficaces que garanticen la protección de la población civil, también solicitamos acciones contundentes y rápidas para que se avance con la investigación de los hechos por parte de las autoridades competentes. Además, demandamos una inversión social estructural y sostenida en esta región del país.
Solicitamos en esta coyuntura que toda la institucionalidad haga presencia real y efectiva para proteger a las ciudadanas y ciudadanos del Cauca y Valle del Cauca.
Nos sumamos a los llamados de varias organizaciones de generar un gran pacto por la vida donde diversos sectores nos encontremos para movilizarnos en contra de la guerra, el miedo y a favor de la vida.
Finalmente, reiteramos nuestro llamado a retomar los diálogos de paz con un real compromiso de las partes centrado en la protección a la población civil.
Llamado al Gobierno Nacional para el retiro del Mayor General Giovanni Rodríguez León
Las organizaciones firmantes hacemos un llamado al Presidente de la República y al Ministro de Defensa para que retiren del servicio activo al mayor general Giovanni Rodríguez León, actual comandante de la Segunda División del Ejército Nacional.
Su permanencia en el cargo, a pesar de los graves señalamientos por presuntas ejecuciones extrajudiciales en el Catatumbo en 2006, resulta incompatible con los compromisos del Estado frente a los derechos humanos y la no repetición. A pesar de los testimonios entregados ante la JEP, no se han adoptado medidas concretas para esclarecer su responsabilidad.
Reiteramos nuestra solicitud de retiro inmediato del mayor general Rodríguez León, como muestra de coherencia institucional y respeto a las víctimas.
Bogotá D.C., 11 de abril de 2025
Organizaciones firmantes: Minga, Humanidad Vigente, Corporación Jurídica Libertad, Yira Castro, MOVICE, MAFAPO, dhColombia, CSPP.
