La Asociación MINGA lamenta profundamente la muerte, en extrañas circunstancias, de la lideresa Ana Angélica Bello Agudelo, reconocida defensora de los derechos de las mujeres, el pasado 16 de febrero en el municipio de Codazzi, Cesar.

Angélica fue apoyada en el año 2010 por el Programa Somos Defensores, en momentos en que se encontraba viviendo una situación crítica de seguridad y humanitaria debido a las agresiones sufridas por parte de grupos paramilitares. De hecho contaba con medidas cautelares de la CIDH y con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección.

Angélica, fundadora y desde entonces directora de la Fundación Nacional Defensora de los Derechos Humanos de la Mujer, FUNDHEF; nunca dudó en denunciar las permanentes y sistemáticas intimidaciones y acechos de los grupos armados contra las mujeres que se oponen a la guerra. Esto sin duda tiene relación con su lamentable deceso.

Los defensores de derechos humanos esperábamos que el pronunciamiento del Presidente Juan Manuel Santos, al referirse a este triste episodio, estuviera dirigido a comprometerse con las investigaciones relacionadas con la muerte de la defensora y con el volumen de amenazas y hostigamientos que vienen asediando al movimiento de mujeres de este país. Como es el caso de la Organización Femenina Popular, OFP, cuyas coordinadoras recibieron una nueva amenaza directa contra sus hijos, en días pasados.

Reiterar que “hay manos oscuras detrás de las amenazas”, no justifica que el Estado no investigue y no de cuenta de los actores que están generando tanta zozobra en las defensoras y lideresas de este país. No es suficiente con tener una mirada “triste” desde el gobierno nacional. Se necesita voluntad y medidas políticas para detener la agresión, como ha insistido el movimiento de derechos humanos desde el espacio Mesa Nacional de Garantías hace más de tres años. Resulta indispensable superar la impunidad de todos estos hechos, además de garantizar una protección y reparación integral efectivas, más allá del discurso.

Si bien la muerte de Angélica aún está por esclarecerse, y los móviles son confusos, esta situación se suma a la crítica situación descrita en el reciente informe del Programa Somos Defensores sobre agresiones contra defensores de DDHH en Colombia “El Efecto Placebo”. En dicho informe se documentan 357 casos de agresión durante el 2012, de los cuales 69 corresponden a asesinatos y 50 se relacionan con atentados contra la vida.

Bogotá, 20 de febrero de 2013