Intervención del Representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, doctor Christian Salazar Volkmann, durante la rueda de prensa del balance de derechos humanos y el anuncio de la salida de su cargo.
Bogotá, D.C. 7 de diciembre de 2011
Estimadas Señoras y Señores,
Los tres años que serví como Representante de la Alta Comisionada de las Naciones para los Derechos Humanos han pasado muy rápido. Llegue al país para cumplir con el mandato de la Alta Comisionada en Colombia; es decir observar la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, asesorar y cooperar con el estado colombiano y la sociedad civil en materia de derechos humanos e informar a la opinión pública.
En esta tarea seguí la línea establecida desde hace muchos años por esta oficina de informar a la Alta Comisionada, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Gobierno y a la sociedad Colombiana en forma independiente y con rigurosidad sobre la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el país.
Durante mi estancia en Colombia pude presenciar avances importantes en materia de derechos humanos como también la persistencia de serios retos.
Entre los avances quiero enfatizar La Ley de Victimas y Restitución de Tierras, la creación de una Agencia Nacional de Protección, la Ley de Inteligencia y los procesos de diálogo con la sociedad civil sobre garantías para las y los defensores de derechos humanos y sobre una conferencia nacional de derechos humanos.
Al mismo tiempo persisten restos como la protección del proceso de restitución de tierras, las amenazas y ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos, el combate a los grupos que surgieron después de la desmovilización de los paramilitares, los debates sobre el fuero militar y el impacto del conflicto armado interno en la población civil.
Visite casi todo el país y pude conocer de primera mano la difícil situación en la cual vive parte de la población.
Recuerdo con particular emoción y conmoción mis múltiples encuentros con líderes sociales y sobrevivientes de violaciones en todo el país.
Por ejemplo durante mi vista al Meta, un abuelo campesino me conto con los ojos llenos de lagrimas que las FARC lo había amarrado dos veces a un árbol, amenazándole de muerte, porque él no quería permitir que se llevaran a ninguno de sus siete hijos al monte.
En una vereda nariñense, sin presencia estatal pero con fuerte dominio de grupos post-desmovilización, un líder social me conto como él seguía su labor de organización comunitaria, a pesar de las fuertes amenazas y los riesgos para su vida. Compartió conmigo su estrés cotidiano, el gran miedo que tenía que soportar a diario. Me dijo: “Cada amenaza me hace vibrar las entrañas y siento un profundo temor por mi familia.”
En Cesar, una mujer me pidió ayuda para acelerar el proceso de exhumación de su esposo y de su hijo, asesinados por paramilitares en el año 2000. Ellos estaban en una fosa identificada pero la fiscalía no tenía los recursos para iniciar el proceso. Sus otros dos hijos también fueron asesinados por las AUC y la señora ya había recibido sus restos. “Quiero por fin sepultar a toda mi familia, a mi esposo junto a todos mis hijos”, me dijo, “Ayúdeme Doctor!”
Y en Bogotá, una jueza agotada y amenazada, me conto que ya no podía dormir en las noches y que había tenido que separarse de su hijo único, su tesoro más querido, para que no le sucediera nada malo. “Esto fue lo más difícil. Dejar a mi hijo para poder cumplir con mi deber de hacer justicia.”
Estos y muchos otros encuentros me hicieron sentir profundamente el gran sufrimiento, el miedo y la desprotección que muchos Colombianos sufren.
Experiencias como estas me hacen afirmar, que garantizar y proteger los derechos de las víctimas del conflicto y de las y los defensores de los derechos es la tarea más grande y más importante que el Estado Colombiano tiene en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
Por eso la decisión reciente de crear una agencia nacional de protección adscrita al Ministerio del Interior es un paso muy positivo en el cumplimiento de esta responsabilidad estatal.
Asimismo, la iniciativa del Vicepresidente de la Republica, de impulsar reuniones nacionales y departamentales para avanzar con una formulación participativa de una política pública en materia de DDHH y DIH constituye un importante respaldo a la labor de las y los defensores de DDHH en el país.
Las acciones tomadas para reducir en forma drástica a los “falsos positivos” y las “chuzadas del DAS” lograron impacto y dejo el país en una situación sin escándalos naciones de semejante magnitud.
Me siento especialmente orgulloso, de haber tenido el privilegio de acompañar el proceso de desarrollo y aprobación de la ley de Victimas y Restitución de Tierras.
La Ley de Victimas y Restitución de Tierras es el proyecto más importante del gobierno del Presidente Santos en materia de DDHH.
Al mismo tiempo, su implementación efectiva, justa y sostenible constituye el mayor reto de esta administración.
La ley de víctimas y restitución de tierras despertó grandes esperanzas entre amplios sectores de la sociedad Colombiana.
Un líder campesino, sobreviviente de las matanzas paramilitares en el Departamento de Sucre, me dijo hace poco: “Queremos creer lo que se dice en Bogotá; creemos que el Gobierno Nacional actúa de buena fe y tenemos mucha esperanza que el Estado – por primera vez – se ponga a defender y realizar nuestros derechos.”
Si se logra convertir esta ley en realidad, Colombia será un país diferente.
La implementación palpable de esta ley a nivel local va a rescatar la confianza en el Estado por parte de los Colombianos afectados por el conflicto armado. De esta manera la Ley de víctimas es más que un acto de reparación- es un instrumento de recuperación del tejido social Colombiano, tan afectado por décadas de conflicto y violencia.
Pero si la implementación falla, habrá una gran decepción entre los miles de víctimas del conflicto armado. En este caso, la esperanza de lograr un país en paz y con equidad social se desvanecerá.
Hay mucho en juego!
Por eso me preocupan mucho los intentos de estigmatizar a las víctimas y de desprestigiar sus organizaciones, sus representantes y sus abogados. Esta estigmatización busca debilitar a la ley incluso antes de que comience su implementación.
Y por eso el estado, la sociedad y la comunidad internacional deben respaldar a las víctimas, sus organizaciones y la implementación de esta ley y no dejarse desviar y desorientar en el propósito principal: satisfacer los derechos de tantas víctimas que sufrieron por décadas en medio del conflicto armado interno.
Es inaceptable que algunos sectores del país aparentemente buscan reescribir la historia y borrar de la memoria colectiva las múltiples graves violaciones de los derechos humanos y del DIH que pasaron en Colombia.
Nuestra Oficina apoyara el proceso de implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras con un paquete de cuatro partes:
La observación del proceso, sobre todo en cuanto a amenazas y ataques a la vida de los reclamantes o a los funcionarios públicos que intervienen en el proceso.
Asesoría técnica en la construcción de una política nacional de protección integral al proceso de restitución de tierras.
La formación técnica de los jueces agrarios en estándares internacionales de justicia transicional, derecho internacional de derechos humanos y el derecho a la tierra.
Una campaña nacional sobre los derechos a la protección y a la restitución. Este lunes presentamos esta campana al público. Es una campaña conjunta de OACNUDH, ACNUR y la Iglesia Católica que conjuntamente buscan crear conciencia y apoyo en la población para el proceso de restitución de tierras.
Hay otros retos para avanzar o para por lo menos no retroceder en derechos humanos y el respeto al derecho internacional humanitario.
Quiero referirme brevemente a la violencia que ejercen los grupos post-desmovilización, el debate sobre el fuero militar y la gran afectación de la población civil por el conflicto armado interno.
Los grupos post-desmovilización
Creo que los grupos surgidos tras la desmovilización de las organizaciones paramilitares constituyen la mayor amenaza al Estado de Derecho y a la protección de los derechos humanos en Colombia. Estos grupos mantienen una fuerte presencia en gran parte del territorio nacional y son una fuente principal de violencia contra la población.
La Oficina observó la intensificación de la violencia generada por estos grupos armados ilegales en 2010. Esta tendencia se mantuvo en lo corrido del presente año. En 2011 hemos conocido actos de extrema crueldad cometidos por estos grupos en varios municipios del país.
Entre los actos violentos cometidos por los Rastrojos, Urabeños, Paisas, Águilas Negras y otros observamos asesinatos, amenazas, maltratos físicos, psicológicos y verbales, extorsiones a gran escala, desplazamientos forzados individuales y colectivos y actos de violencia sexual y explotación de niños y niñas.
Nos preocupa sobre manera la situación de la población rural y de los líderes comunitarios que viven en zonas de influencia de los grupos post-desmovilización.
En algunos casos estos líderes y comunidades están en situaciones de abandono y casi total desprotección por el Estado.
Por ejemplo en Nariño observamos varios casos de violencia pública, en donde las víctimas fueron duramente golpeadas con machetes, amenazados de ser descuartizados y obligados a trabajos forzosos.
En otras ocasiones, grupos post-desmovilización llevaron a cabo “juicios públicos” en las veredas, obligando a sus víctimas a llevar etiquetas que indicaban las supuestas razones de su castigo.
La oficina recibió información sobre víctimas que fueron desnudadas, violadas o sometidas a tratos denigrantes como el de tener que comer defecaciones animales.
La oficina conoce comunidades enteras que están confinadas o donde los grupos post-desmovilización prohíben cualquier movilización después de las 5 de la tarde.
También contamos con información que confirma la práctica del reclutamiento y utilización de niños y jóvenes por parte de los grupos post- desmovilización.
Todos estos casos son casos recientes, casos que ocurrieron hace pocos meses.
Estos actos crean un clima de terror entre la población. Afectan profundamente la legítima labor de los líderes sociales y comunitarios.
Es más: estos grupos tienen una gran capacidad de corrupción que les ha permitido crear o fortalecer vínculos y relaciones de connivencia con funcionarios públicos.
Por eso es primordial que las autoridades Colombianas incrementen sus esfuerzos en combatir y judicializar a estos grupos, bajo estrictos parámetros circunscritos a los Derechos Humanos. También recomendamos intensificar la lucha contra la corrupción en la Fuerza Pública y en otros entes estatales. Además, sería importante invertir más en el trabajo de prevención. La falta de oportunidades incide a que niños y jóvenes tanto en zonas rurales como urbanas, se vinculen a estos grupos criminales. Colombia actualmente no cuenta con una política de juventud ni con una institucionalidad suficientemente fuerte que respaldaría tal política.
El fuero militar
El otro reto que me permito mencionar se relaciona con las discusiones actuales sobre el fuero militar.
Nuestra oficina ha acompañado el desarrollo del fuero militar en Colombia desde hace muchos años. Estamos comprometidos de apoyar al Ministerio de Defensa en fortalecer una justicia militar profesional, independiente y consciente de su alcance.
La institución castrense, a la cual los ciudadanos Colombianos confían el derecho de portar y usar las armas en defensa de la constitución y la democracia, debe tener una justicia especializada en juzgar los delitos e infracciones relacionados con el servicio militar, como la deserción, el fraude contra el patrimonio militar y la revelación de secretos militares.
Sobre esto no hay duda.
Esto es coherente con la Constitución Política de Colombia y con los estándares internacionales de derechos humanos y reiterada jurisprudencia internacional.
Pero quiero subrayar lo siguiente: en la democracia Colombiana, no se puede aceptar bajo ninguna circunstancia que la fuerza pública viole los derechos humanos. Si esto sucede, debe ser la justicia ordinaria quien conoce el caso y juzgue el acusado.
No puede haber privilegios! Si un funcionario público, civil o militar, viola los derechos humanos debería ser juzgado por una corte de la justicia ordinaria.
Veo con preocupación los intentos de ampliar el fuero militar y las posibilidades de que sea la justicia penal militar quien conozca primero a todas las denuncias contra la fuerza pública en situaciones de combate.
Claro: En situaciones de enfrentamiento, a veces no es fácil determinar si un acto u hecho constituye un caso de legítimo uso de la fuerza o una violación de los derechos humanos o del DIH.
Pero la política actual, de que la Fiscalía General de la Nación, y no la justicia militar, conozca primero los casos de supuestas violaciones es una política sabia.
Fue establecida por el Gobierno anterior ante las experiencias concretas con el desempeño de la Justicia Penal Militar.
Las primeras investigaciones de un hecho potencialmente punible son fundamentales para todo el proceso judicial. Las diligencias iniciales determinan el curso futuro del proceso judicial. Dejar la revisión de posibles violaciones de DDH y del DIH primero en manos de una institución militar podría abrir de nuevo la puerta a toda clase de manipulaciones – como se han dado en el pasado, cuando la oficina pudo observar en algunos casos de ejecuciones extrajudiciales alteraciones del lugar de los hechos, falsificación de documentos y amenazas contra jueces militares y testigos militares cuando ellos quisieron colaborar con la justicia ordinaria.
Me permito recordar que muchos de los casos de los “falsos positivos” que actualmente investiga la Fiscalía General de la Nación, habían sido cerrados por funcionarios de la justicia penal militar – y quien sabe cuántos casos más de posibles graves violaciones cometidas por miembros de la Fuerza Pública Colombiana se cerraron sin investigación?
Esta situación no es solo típica para la actuación de la justicia militar en el caso de los “falsos positivos”.
En el pasado, la justicia penal militar no logró esclarecer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad u otras violaciones de los derechos humanos presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública.
Por lo tanto, las garantías de que violaciones de los derechos humanos por miembros de la fuerza pública no queden impunes son mayores si las primeras investigaciones quedan en manos de la justicia ordinaria.
Consecuentemente, el riesgo de reformas constitucionales al fuero militar es que en la práctica fomenten la impunidad, lo cual a la vez mandaría un mensaje equivocado hacia las tropas en el terreno.
Ante las graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que agentes de la fuerza pública cometieron durante las décadas pasadas, la clara limitación del fuero militar a los delitos de servicio constituye uno de los grandes avances del país en materia de derechos humanos.
Debilitar las líneas de demarcación del fuero militar es peligroso.
Significaría un retroceso histórico para el país en materia de derechos humanos porque invertiría la presunción que actualmente figura en la Constitución Política y en el Código Penal militar vigente.
Conflicto armado
La última gran preocupación que quisiera mencionar es la cada vez más grave afectación de la población civil en el marco del conflicto armado interno.
En efecto, ante el recrudecimiento de las acciones ofensivas particularmente por parte de las FACR-EP y del ELN en contra de la población civil, mi Oficina se ha pronunciado públicamente condenando este tipo de infracciones cometidas por los grupos guerrilleros y reiterando el llamado a respetar los principios humanitarios.
Entre las infracciones cometidas por las FARC-EP y el ELN se cuentan homicidios en persona protegida, ataques indiscriminados, ataques contra bienes civiles, amenazas y desplazamientos forzados, violencia sexual y casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
Hemos registrado que la afectación a la población civil, entre ellos muchas comunidades indígenas y afro-colombianas – no es solamente por ataques indiscriminados.
Nuestra observación nos indica que las formas en la que las FARC-EP y el ELN han conducido muchas de sus actuaciones a lo largo del año constituyen ataques intencionales contra la población civil. Si bien los ataques indiscriminados y los ataques intencionales ambos son infracciones al DIH, el ataque intencional puede convertirse en un crimen de guerra, imprescriptible y no sujeto a amnistía.
Además no quiero finalizar mis palabras de despedida del país sin decir, que la práctica del secuestro y la situación de los militares, policías y civiles en cautiverio prolongado, bajo condiciones inhumanas así como el sufrimiento de sus familiares me llena de profundo rechazo – ojala llegue pronto el día de libertad para los secuestrados de Colombia y que esta práctica inhumana se pare por completo.
Mi futuro
Para terminar, quisiera compartir con Uds. algunas palabras sobre mi futuro.
En Enero del próximo ano, asumiré el cargo de director adjunto de la división de programas en la sede de UNICEF en Nueva York.
Me siento honrado, que UNICEF confíe en mí la responsabilidad de orientar a nivel global sus estratégicas programáticas y asegurar la excelencia técnica y el enfoque de derechos de sus programas de cooperación en todo el mundo.
El gran reto para UNICEF será contribuir para que se acelere el cumplimiento de los objetivos del milenio con equidad social hasta el año 2015 en todo el mundo y elaborar propuestas para garantizar a los derechos de la niñez en forma sostenible más allá del año 2015.
Tengan la certeza, que desde mi nuevo puesto seguiré comprometido con el cumplimiento de los derechos humanos y de los derechos de la niñez.
Colombia estará siempre en mi corazón.
Les agradezco a todos Uds. el apoyo y la cooperación que han brindado a la oficina y a mi persona en los años pasados.
Agradezco al Presidente Santos la renovación del mandato de la oficina en Colombia hasta el Octubre 2013, al Vicepresidente Angelino Garzón su apoyo constante a los Derechos Humanos y a las y los funcionarios en las diferentes instituciones del estado Colombiano por la buena cooperación conmigo y con la oficina.
Asimismo agradezco a la sociedad civil por acoger y colaborar con la oficina y a los países y organizaciones que continúan brindándonos su apoyo.
Igualmente quiero reconocer el gran apoyo que recibí por parte del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Colombia y de los colegas, jefes y jefas de agencias.
Con un profundo sentido de gratitud también agradezco al equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y en Ginebra por todo su trabajo para el país y el apoyo que recibí de ellos durante mi estancia en el cargo de director de esta oficina.
Al pueblo Colombiano le deseo todo lo mejor para el futuro.
Que el país encuentre la paz, que el Estado haga justicia y que las heridas abiertas de las víctimas de la violencia se sanen para que pueda haber una verdadera reconciliación.
Muchas gracias a todos.
