El próximo jueves 28 de agosto, se realizará en el Congreso de la República una audiencia que tendrá como objetivo principal, discutir públicamente sobre el contenido y los alcances de la Restructuración de la Justicia Penal Militar propuesta por el Ministro de Defensa, desde la perspectiva Constitucional y de normatividad internacional, a fin de determinar los impactos que tendría frente a los derechos de las victimas a la verdad y justicia.
El evento que se desarrollará en el Salón Boyacá, es una iniciativa del Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, en conjunto con los también congresistas, Ángela María Robledo y Angélica Lozano del partido verde, Juan Carlos Lozada del partido liberal, Germán Navas Talero e Iván Cepeda Castro del Polo Democrático Alternativo, quienes contaron con el apoyo de la Mesa de Trabajo sobre Ejecuciones Extrajudiciales, de la Coordinación Colombia -Europa-Estados Unidos.
A la audiencia también han sido invitados, Todd Howland – Representante en Colombia OACNUDH, Federico Andreu de la Comisión Internacional de Juristas, Rodrigo Uprimmy de Dejusticia, Gustavo Gallón de la Comisión Colombiana de Juristas, Ramiro Bejarano y Alberto Yepes de la Coordinación Colombia Europa estados Unidos, entre otros expertos, que tratarán el impacto constitucional del proyecto de ley, la restructuración de la Jurisdicción Penal Militar frente a la normatividad internacional, así como las implicaciones del mismo en los derechos de las víctimas, en general y específicamente en los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual.
Con el fin de dar respuesta a los múltiples interrogantes sobre este nuevo proyecto de ley, a todas luces inconveniente, que cursa actualmente en el Congreso, han sido convocados, los Ministros, de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y de Justicia Yesid Reyes, así como el Fiscal General de la Nación, Luís Eduardo Montealegre y el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.
Este nuevo proyecto de Ley de Ampliación de Fuero Penal Militar, va mucho más allá que el anterior que fuera declarado inexequible por la Corte Constitucional el pasado mes de octubre, al establecer que la Justicia Penal Militar entraría a conocer de muchos más delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
