«Informe Insistir en la paz en medio de la violencia: Situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario desde los territorios colombianos»

En este informe se identifican los patrones de violencia contra liderazgos, los impactos repetitivos en la población civil y la responsabilidad estatal por omisión, desorden y connivencia.

1. Patrones de Violencia contra Liderazgos Sociales y Defensores

La violencia selectiva contra las personas defensoras de derechos humanos ha alcanzado dimensiones históricas. A nivel nacional, el Programa Somos Defensores registró 874 agresiones contra personas defensoras durante 2025, incluyendo 165 asesinatos, consolidándose como el año de mayor violencia letal contra este sector bajo el gobierno de Gustavo Petro, con una progresiva concentración en entornos urbanos y ciudades capitales.

A nivel regional y territorial, se evidencian los siguientes patrones cuantitativos y cualitativos:

  • Antioquia: Se registraron 95 casos con 165 vulneraciones contra líderes sociales. El campesinado es el sector más afectado, concentrando el 46% de las agresiones. La amenaza (59 casos) constituye la principal agresión, la cual deriva en desplazamiento forzado en el 73% de las ocasiones (43 casos). Adicionalmente, se documentaron 9 homicidios y 1 transfeminicidio de líderes.
  • Suroccidente (Cauca, Valle, Nariño, Putumayo): El Cauca se mantiene como el epicentro de la violencia letal, donde se registraron 29 homicidios de líderes y defensores hasta septiembre de 2025, afectando principalmente a los liderazgos indígenas y comunitarios.
  • Nororiente (Arauca, Catatumbo, Magdalena Medio):
    • Arauca: Se reportaron 8 hechos victimizantes contra defensores (4 homicidios de líderes comunitarios/comunales, 2 atentados, 1 secuestro y 1 amenaza).
    • Magdalena Medio: Se documentaron 22 agresiones contra defensores, predominando las amenazas individuales (8), las amenazas colectivas (11), los asesinatos (2) y la desaparición forzada (1). El 64% de estas agresiones fue perpetrado por autores sin identificar y el 36% por el Clan del Golfo, afectando gravemente a líderes comunales de las Juntas de Acción Comunal (JAC).
    • Catatumbo: Se registraron 9 agresiones directas, incluyendo 5 amenazas de actores no identificados contra líderes comunales (provocando su desplazamiento), 1 amenaza del ELN a un aspirante a curul de paz, 1 secuestro, el asesinato de un presidente de JAC por el Frente 33 y un accidente de mina antipersonal que mutiló a una lideresa de la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz.
  • Caribe: Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta fines de 2025, se registraron 161 asesinatos de líderes sociales; el 61.4% (99 casos) se concentró en solo tres departamentos: Cesar, Bolívar y Córdoba. Bajo el actual gobierno, el asesinato de líderes en el Caribe se incrementó en un 122.5% (pasando de 40 homicidios en 2018-2021 a 121 en 2022-2025), siendo 2025 el año más letal.
  • Enfoque de Género e Interseccional: Se identificaron marcas de violencia específicas contra lideresas, como la violencia vicaria (atacar o amenazar a los hijos para silenciar a las madres defensoras), abusos de autoridad y una extrema sevicia transfóbica manifestada en transfeminicidios (como los de Fernanda Domicó y Sara Millerey González), donde se recurre a la tortura física, exposición pública del horror y posterior revictimización institucional al negar su identidad.

2. Patrones de Violencia Coercitiva que se repiten en los Territorios

A lo largo de las distintas subregiones, la población civil padece dinámicas de violencia sistemáticas impuestas por la confrontación de los actores armados y sus gobernanzas criminales de facto:

  1. Desplazamiento Forzado Masivo y Confinamiento: Provocados tanto por combates directos como por el control social coercitivo. En el Catatumbo se registró la asombrosa cifra de 64.783 personas desplazadas y 12.913 confinadas entre enero y abril de 2025. En Antioquia se consumó el desplazamiento de más de 1.000 personas en Segovia, Anorí, Amalfi y Valdivia (Raudal). En el Cauca, se registraron 14 desplazamientos masivos (1.290 familias / 3.393 personas) y 8 confinamientos que atraparon a 12.463 personas. En el Magdalena Medio, los confinamientos afectaron a más de 8.000 personas y los desplazamientos a más de 500 familias.
  2. Gobernanza Criminal y Disciplinamiento Social: Los grupos armados imponen tributos (extorsión), toques de queda, códigos de vestimenta, restricción de ingreso a personas externas, censura y la revisión ilegal de teléfonos celulares bajo hipervigilancia constante. En el Magdalena Medio y Tolima, la extorsión mutó a dinámicas complejas que instrumentalizan la coerción psicológica y estafas rituales de «centros esotéricos» para cooptar economías locales.
  3. Uso de Métodos y Armas Ilícitas de Guerra: Se documenta la instalación masiva de minas antipersonal (MAP) y campos minados en potreros y vías veredales, afectando la arriería, el mototaxismo y la seguridad alimentaria (dejando 71 víctimas en Antioquia y 4 muertos en el sur de Bolívar). Paralelamente, el uso sistemático de drones acondicionados con explosivos en el Cauca y en el Catatumbo (18 ataques de drones que causaron la muerte de 2 menores, hirieron a 20 civiles y dañaron escuelas) ha sembrado una nueva dimensión de terror.
  4. Instrumentalización de la Niñez y Juventud: Bajo la modalidad de «semilleros» o «cachorros», se vincula de forma forzada a menores mediante coacción emocional, inducción al consumo o falsas ofertas de empleo para labores de inteligencia, sicariato, explotación sexual o combate militar directo (conllevando altas tasas de letalidad juvenil en zonas como el Cañón del Micay y Neiva).
  5. Estigmatización y Perfilamiento Cruzado: Tanto los grupos armados como los funcionarios estatales señalan públicamente a líderes de JAC, organizaciones de derechos humanos y resguardos indígenas de ser auxiliadores de una u otra estructura rival (por ejemplo, disidencias contra Clan del Golfo), convirtiéndolos en «objetivos militares» inmediatos.

3. Patrones Transversales de Responsabilidad del Estado

La respuesta del Estado colombiano es catalogada en el informe como deficiente, desarticulada y, en múltiples casos, cómplice o connivente, constituyéndose como una violación directa a sus obligaciones internacionales de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos:

A. «Operación de Brazos Caídos» (Omisión del Deber Constitucional)

Las comunidades denuncian que la Fuerza Pública mantiene una actitud contemplativa o pasiva, observando la confrontación entre grupos ilegales como si fuera «un partido de fútbol» sin intervenir para salvaguardar a los ciudadanos.

  • En el Catatumbo, a pesar del despliegue de 9.300 militares bajo el estado de conmoción interior, el Ejército asume un papel de «brazos caídos» y de «dejar hacer, dejar pasar», llegando a denunciarse un comportamiento de anillo de seguridad de facto alrededor de zonas de concentración de las disidencias.
  • En el sur del Tolima (Planadas, Rioblanco, Ataco), las Fuerzas Militares permiten la expansión del Frente Ismael Ruiz y Gerónimo Galeano, actuando únicamente si sufren ataques directos, lo que repite lógicas de connivencia pasiva.

B. Connivencia y Colaboración Directa de la Fuerza Pública

El informe detalla graves escándalos judiciales y capturas que demuestran la cooptación de agentes estatales por los actores armados:

  • Arauca: En julio de 2025, la Fiscalía capturó a un capitán activo del Ejército Nacional por colaborar con el Frente 10 Martín Villa de las disidencias, suministrándoles armas, municiones e inteligencia militar reservada. Además, se denunció que soldados activos del Ejército transportaron en vehículos de la institución a milicianos y arsenales del Frente 28.
  • Suroccidente: Se exponen las connivencias históricas y recientes del Ejército en Nariño y Cauca, destacando el proceso contra el General (r) Leonardo Barrero por participar en la estructuración de la banda «La Cordillera» (Clan del Golfo) en el norte de Nariño desde 2019. Asimismo, el General Hernando Herrera Díaz (excomandante de la Sexta División) fue denunciado tras revelarse interceptaciones donde pactaba operaciones conjuntas con el ELN y la banda «Los Pocillos» para combatir al Frente Carlos Patiño del EMC en Argelia.
  • Bogotá y Caribe: Se documentaron redes de tráfico de armas operadas por integrantes de la Policía Nacional y el Ejército en Bogotá y Tolima; e incluso la colaboración de agentes de tránsito de la Policía para borrar videos de cámaras de seguridad que registraron la fuga del jefe narcoparamilitar alias «Matamba» de la cárcel La Picota. En el Caribe, oficiales de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) en Cartagena declararon formalmente ante la Fiscalía que recibir coimas de contrabandistas y mafias era una realidad obligatoria impuesta internamente; negarse a recibir los sobres con dinero implicaba traslados o desvinculaciones represivas de la institución.

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