La violencia contra las personas defensoras de derechos humanos después de la firma y proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP), entre las extintas FARC-EP y el Gobierno colombiano se ha incrementado. Entre 2016 y 2023 un total de 1.168 personas defensoras han sido asesinadas, lo que significa un promedio de doce asesinatos cada mes (PSD, 2024). Esto sin contar las amenazas, los robos de información, los atentados, las desapariciones forzadas, los secuestros, los desplazamientos forzados, las ejecuciones extrajudiciales, las judicializaciones injustas, entre otro repertorio de agresiones que afectan la labor de defensa de derechos.
Frente a este doloroso escenario, en 2019 Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Viva la Ciudadanía, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Sisma Mujer, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), la Asociación Minga, el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, Reiniciar, Ríos Vivos, la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, AFRODES y COSPACC, decidimos a través del litigio estratégico aunar esfuerzos para plantear cambios estructurales en la política pública que favorecieran la seguridad de
quienes defienden los derechos humanos (DD. HH.) en el país.
Las organizaciones acordamos movilizarnos jurídicamente en favor de garantías para los liderazgos sociales en el país. El objetivo fue la reivindicación del derecho a defender derechos; la búsqueda de la declaratoria de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), debido a la falta de una respuesta estatal coordinada y eficaz ante una violación masiva y sistemática de derechos de
las personas defensoras de derechos humanos; y solicitar el cumplimiento de las medidas del AFP que no estaban siendo implementadas por parte del
entonces gobierno de Iván Duque.
El reconocimiento del derecho a defender derechos y de su garantía se debió a la necesidad de proteger la labor de defensa de derechos, movilización y lucha que realizan las personas, organizaciones y comunidades, así como de su importancia para la construcción de la democracia y la paz en Colombia. Las personas defensoras de derechos humanos son quienes se oponen a las violaciones a derechos humanos derivadas de la presencia de actores armados legales e ilegales en los territorios como el reclutamiento forzado, el confinamiento por la disputa de rutas de narcotráfico, el desplazamiento forzado, la creación de un ambiente de zozobra por la continuidad de la guerra, la explotación sexual de mujeres y niñas, la extorsión, la explotación indiscriminada con daños ambientales profundos que afectan los territorios, entre otras afectaciones.
La búsqueda de la declaratoria de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), tuvo como fundamento las masivas violaciones de derechos de la población defensora de derechos en los territorios y, de forma paralela, la desarticulación, ineficacia y la inacción del Estado para mejorar la situación. En este escenario de violación sistemática de derechos, la Corte Constitucional adquiere una relevancia fundamental para evaluar la situación, dictar medidas a las instituciones estatales para que actúen bajo un enfoque de garantía de derechos humanos, y se haga constante seguimiento de dichas órdenes por parte de la sociedad civil.
El último objetivo se debió a que, en 2019, luego de tres años de firmado el Acuerdo Final de Paz, no se había implementado la política para el respeto, la prevención de los riesgos y la protección de las personas defensoras de derechos humanos establecida en el acuerdo, conocida como el Sistema Integral para el Ejercicio de la Política (SISEP). El gobierno Duque no mostraba voluntad para llevar a cabo esta política; por el contrario, creaba medidas paralelas, dificultando la actuación coordinada de las instituciones. Se necesitaba entonces de órdenes judiciales fuertes, orientadas a atender la situación de riesgo, afectar los factores estructurales de violencia, propiciar la coordinación interinstitucional y favorecer el cumplimiento de las medidas acordadas en el AFP, sin perjuicio de formulaciones más favorables en el contexto de violencia generalizada.
Las experiencias y los conocimientos de las personas defensoras de derechos humanos que participaron en esta acción jurídica fue indispensable para configurar los objetivos
de esta movilización legal. A continuación compartimos informe de profundización sobre este tema, a manera de ABC.
