Los antecedentes: Una muestra de la violencia y represión de Duque en 200 días

El 21 de noviembre de 2019, cientos de personas salieron a las calles a manifestarse en contra de las acciones y políticas regresivas en materia de derechos, del hoy expresidente Iván Duque. Sectores obreros y estudiantiles impulsaron la jornada de Paro Nacional que incluyó el apoyo del movimiento social, de víctimas y de DDHH bajo una agenda de exigencias que incluía: i. el rechazo a los pronunciamientos deslegitimadores de la protesta que ordenaban la estigmatización y persecución de quienes exigen este derecho; ii. la implementación integral del Acuerdo de Paz y, iii. el acatamiento de las recomendaciones en materia de Derechos Humanos realizadas por instancias de la comunidad internacional como el sistema de Naciones Unidas. Previo a las jornadas de movilización, el 19 de noviembre miembros de la Policía Nacional (PONAL) y la Fiscalía realizaron 17 allanamientos en simultáneo a sedes de organizaciones sociales y culturales en Bogotá, Cali y Medellín. 

Con la llegada del COVID-19 en marzo de 2020, las exigencias para subsanar la profundización de la crisis humanitaria y social, donde se encontraba la propuesta de renta básica para los más empobrecidos, fueron respondidas por Iván Duque con el tratamiento excesivo de la fuerza por parte de la PONAL. Esta, desde su función de control social dado por el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 de “Emergencia Económica, Social y Ecológica”, incurrió en abuso de autoridad, interposición masiva de comparendos y extralimitación de la figura de traslados por protección, manteniendo la continuidad de las violaciones a los Derechos Humanos contra la población civil sin ninguna garantía de protección. 

A ello se sumó la indignación producida el 9 de septiembre de 2020 con el asesinato del abogado Javier Ordoñez a manos de dos patrulleros de la PONAL en Bogotá. La masacre, que inicio con esa muerte y se extendió por tres días, tuvo como hecho considerablemente repudiable el asesinato de 13 jóvenes en el CAI de Soacha en Cundinamarca. Las exigencias que habían quedado en pausa a causa del confinamiento, se aglutinaron alrededor de un nuevo Paro Nacional convocado para el 28 de abril de 2021 donde una jornada masiva sin antecedentes, solo comparable con el Bogotazo y el Paro Cívico del 77, se volcó en una muestra artística, cultural y pacífica de protesta extendida hasta el mes de septiembre donde las exigencias de colectivos de mujeres por la despenalización del aborto, se sumaron al pliego de peticiones colectivo. 

Los retratos de la violencia

Más allá de intentar recordar estos tres hitos  recientes en materia de protesta social (21N, 9S y 28A), es importante hacer énfasis en los impactos ocasionados por aquellos que tienen el deber de proteger. La PONAL y su Escuadrón Móvil Antidisturbios, en adelante ESMAD, dejaron a su paso una oleada de violencia sin precedentes, mientras que Fiscalía, Procuraduría y Defensoría no mostraban avances en su trabajo. 

De acuerdo a cifras de la campaña Defender la libertad: Asunto de Todas, el saldo de violencia de las movilizaciones de abril 2019 a julio de 2021 fue de: 133 personas asesinadas, 2.607 heridas, 5.379 detenidas bajo la figura de traslado por protección, 107 con lesiones oculares y 1.069 agredidas sexualmente. Adicionalmente, 346 personas defensoras de Derechos Humanos fueron agredidas. Esto, sin contar las múltiples afectaciones psicosociales, es evidencia de que los llamados urgentes de garantías de seguridad para el ejercicio del derecho a la protesta y de reforma policial fueron deliberadamente ignorados desde 2019, avanzando en un récord de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra la población manifestante en razón de su etnia, identidad, orientación, posición socioeconómica, transcurrir vital, entre otras. El uso de armas cinéticas, consideradas de letalidad reducida mostró, día a día, la capacidad de producir grave daño por parte del ESMAD.

En este contexto, misiones internacionales provenientes de Europa, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, OACNUDH y CIDH, arribaron desde mayo del 2021 a Colombia  con el propósito de verificar la situación de Derechos Humanos denunciada reiteradamente desde ONG’s, colectivos, organizaciones sociales y sociedad civil desde distintos rincones del país. 

A manera de resumen, varios de estos informes coincidieron con el llamamiento realizado en 2020 por la Corte Suprema de Justicia donde, a través de la sentencia 7641, se ordenó al gobierno de Iván Duque proteger el derecho a la protesta pacífica y regular el uso de la fuerza. En 2021,  la Misión de Verificación de ONU recomendó dotar a la protesta de las garantías suficientes para su ejercicio; no obstante, una vez más funcionarios y el jefe de Estado desacataron e ignoraron estas órdenes y solicitudes. A ello se le sumó la militarización de los escenarios de protesta mandatada por el gobierno en su decreto 575 de 2021, donde la campaña sobre Independencia Judicial resaltó que “el gobierno busca con este decreto únicamente la protección de un grupo de personas mientras que desampara a quienes ejercen su derecho a la protesta.” 

Este sinnúmero de acciones condenables, alentadas y permitidas por el gobierno nacional y algunos locales, fueron en su mayoría cometidos en contra de personas entre los 15 y los 23 años, todas ellas jóvenes que hoy retratan el presente de represión y letalidad de la fuerza pública. Pese a las denuncias realizadas, las investigaciones solicitadas a la Fiscalía de Francisco Barbosa solo han mostrado resultados coherentes con el gobierno y su partido. En sus 12 lineamientos de investigación, “el delito de tortura no se encuentra contemplado y, de hecho, seis de los doce lineamientos están orientados a investigar a los manifestantes y solo uno tiene como objeto la investigación de los abusos cometidos por la Fuerza Pública, pero en clave de lesiones personales”. Aspectos como estos son los que reflejan el porcentaje de impunidad que rodea el 98% relacionado, no solo con la protesta, sino también con las agresiones a personas defensoras de Derechos Humanos y delitos sexuales contra niñas, mujeres y personas LGBTIQ+. 

Propuestas de Reforma: entre la cosmeticidad y el contenido

La PONAL, concebida como un cuerpo armado permanente, con funciones civiles y no militares, ha implementado de manera arbitraria acciones propias del abuso de autoridad que integran el uso desmedido de la fuerza, muy en contravía a los principios internacionales de legalidad, proporcionalidad, necesidad y precaución. Todo ello demuestra que cada uno de estos casos no es aislado y, por lo tanto, no obedece a “manzanas podridas” sino a una política sistemática con rasgos de discriminación (homo y transfobia, xenofobia, racismo, ginofobia, entre otros) y cuya transformación requiere apuntar hacia lo estructural. El acumulado de indignación a nivel nacional y la presión internacional puso en el centro mediático del 2021 la necesidad de gestar reformas para toda la fuerza pública. Hasta el momento, registramos las propuestas de reforma, algunas cosméticas, otras con contenido, dirigidas a la PONAL y encabezadas por distintos sectores: 

  • Propuestas por el gobierno de Iván Duque: El 20 de julio de 2021, el gobierno presentó dos opciones de reforma: 1. que dio lugar al Código Disciplinario de la PONAL donde no hubo cambios sustanciales más allá del considerable gasto para el cambio de uniformes y aparentar, desde la estética, una policía azul más acorde con los DDHH; 2. la ampliación de la planta policial y su profesionalización sin contemplar, nuevamente, transformaciones de fondo, muy de la mano con su propuesta de paz con legalidad y simulación de Derechos Humanos. Aquí, surge también el Proceso de Transformación de la Educación Policial – PTI orientado a la profesionalización y desarrollado de manera autónoma por la PONAL. 
  • Propuestas por organizaciones sociales y defensoras de DDHH: el mismo 20 de julio, fueron presentadas tres propuestas que tuvieron su seno en las organizaciones de la sociedad civil y que contemplaron 10 mínimos a ser incluidos en una reforma integral: 1. Participación Ciudadana; 2. Desmilitarización; 3. Independencia de los distintos cuerpos de policía; 4. Verdad, justicia y reparación; 5. Depuración; 6. Cambio de doctrina; 7. Desmonte del ESMAD y creación de una Unidad Especial de mediación y Diálogo; 8. Reforma de la carrera policial y mando civil; 9. Control interno con injerencia de la Procuraduría; y 10. Control social, supervisión y rendición de cuentas con auditoría de la Defensoría. Estas propuestas, construidas a partir de las misiones de verificación, fueron discutidas tanto en el Concejo de Bogotá como en el Congreso de la República. Dadas las mayorías parlamentarias afines al gobierno de turno, los argumentos planteados que daban cuenta de la letalidad del ESMAD, entre otras acciones de la policía, fueron descalificados y el proyecto fue hundido en segundo debate del Senado al finalizar el 2021. 

A la par de estas solicitudes, cabe resaltar que como producto de la incidencia de las organizaciones sociales se encuentran: i. La Resolución 1190 de 2018 “Por el cual se adopta el protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica”, con claras violaciones a su articulado desde su expedición por parte de la fuerza pública; y ii. El Decreto 053 de 2023 “Protocolo Distrital para la garantía y protección de los derechos a la reunión, manifestación pública y la protesta social pacífica», antiguo 563 de 2015 cuyas demandas de actualización ocuparon las agendas de las organizaciones locales durante los últimos dos años teniendo en cuenta los incumplimientos en la aplicación de procedimientos por parte de la fuerza pública.

  • Propuestas por el gobierno de Gustavo Petro y su bancada: desde su campaña presidencial, se realizaron varias promesas de reforma que contemplaban: 1. la reestructuración de la PONAL; 2. su reubicación en el Ministerio de Interior o de Justicia; 3. el desmonte del ESMAD y el tránsito hacia una nueva fuerza; 4. la transformación del enfoque de la seguridad hacia el de seguridad humana; 5. brindar garantías para la protesta pacífica. Conforme a ello, la bancada de gobierno presentó, el pasado 10 de octubre, dos propuestas de reforma: 1ª. Busca romper con el clientelismo y democratizar el acceso de carrera a miembros de la policía, y el 2º. incorpora la discusión sobre el tipo de armas utilizadas por el ESMAD y propone el cargo de Comisionado de la PONAL como veedor del funcionamiento de esta institución. Actualmente, ambos proyectos se encuentran en la agenda legislativa y son muestra de la voluntad y apoyo desde ese sector. 

Retos y exigencias

En gran medida, el nuevo gobierno de Francia Márquez y Gustavo Petro es el resultado de todas estas movilizaciones masivas como medio para la exigibilidad de derechos vulnerados. De tal forma que avanzar hacia las promesas de campaña relacionadas con la reforma policial y de la fuerza pública constituye un reto enorme a la hora de gobernar, pues se requiere abordar cambios paradigmáticos en torno a cómo se ha comprendido el tratamiento del derecho a la protesta social y pacífica. 

En aras de ello, y pese a que no ha sido una prioridad en los primeros meses, desde horizontes como el de la paz total se han dado algunos pasos como: i. el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en estos hechos de violencia; ii. el compromiso para dar cumplimiento a las recomendaciones de organismos internacionales; iii.  la decisión en firme de sacar la PONAL del Ministerio de Defensa; iv. la orden de que la justicia penal militar no conozca ni presente conflicto de competencias en casos de violaciones a los DDHH; v. la liberación de jóvenes judicializados y su papel como gestores de paz. 

Por ahora, los ánimos de quienes han abanderado estas transformaciones desde las bases, rozan con la desilusión debido a que la exigencia del desmonte del ESMAD, pareciera haber sido reemplazada por una propuesta concertada con sectores de la fuerza pública, pues se habla de una reforma sobre el mismo cuerpo con el renombre de Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), cuyas acciones en la protesta no parecen distanciarse del ESMAD, muestra de ello son las recientes manifestaciones en la Plaza de Bolívar de Bogotá y el Puente de la Dignidad en Soacha, Cundinamarca donde la respuesta de este cuerpo no ha sido menos que violenta. 

Además del desmonte, y otras exigencias ya presentadas en proyectos legislativos, una reforma policial que promueva una institucionalidad hacia la convivencia y la paz, requiere no solo de la participación real y vinculante de las víctimas y la sociedad civil, sino también de un mecanismo de justicia transicional que opere exclusivamente para traer verdad, justicia, reparación y no repetición sobre los hechos ocurridos alrededor de las movilizaciones. Igualmente, propuestas planteadas por Amnistía Internacional que contemplan la adopción de una política efectiva en contra de las Violencias Basadas en Género – VBG, hacen parte del listado de recomendaciones que Gustavo Petro como jefe de estas fuerzas y su gabinete, deben tener en cuenta. 

Desmilitarizar el tratamiento de la seguridad, que históricamente ha abrazado la doctrina de enemigo interno, seguramente no será una tarea fácil, sin embargo, se deben hacer esfuerzos desde MinInterior y MinDefensa para avanzar en el trámite de los reclamos de la población civil. Así mismo, procurar una reforma a la justicia que permita la investigación, esclarecimiento y reparación de los delitos cometidos, como también, depurar y limpiar el nombre de una Fiscalía es una necesidad no solo en el marco de la protesta sino de otros escenarios donde reina la impunidad. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría tampoco son la excepción, pues recomendaciones como fortalecer las rutas de atención a población víctima y garantizar el avance en las investigaciones contra agentes, fueron algunas de las identificadas por Amnistía Internacional. 

Como una deuda con las víctimas y sus familiares, una reforma policial integral, participativa que incluya un verdadero desmonte del ESMAD, termina siendo un movimiento prioritario apenas coherente con las promesas de cambio. Pensar en que estas exigencias constituyan política pública, es una manera de avanzar hacia la consecución de una verdadera democracia con paz total y de legitimar el derecho a la protesta social y pacífica[1] , pero también, de reivindicar a las víctimas y abrir el camino para que gobiernos favorables al respeto y promoción de los Derechos Humanos, lleguen al poder. Parte de estas exigencias, han sido ampliamente recogidas en el reciente “Pliego de propuestas para una Reforma Policial Integral” elaborado por distintas organizaciones, plataformas y redes de derechos humanos.

Para el movimiento social, el reto de fortalecerse para la incidencia es una necesidad aún mayor pues se requiere de nuevas estrategias de comunicación con el nuevo gobierno. Un gobierno que está abierto al diálogo, necesita de la retroalimentación constante de quienes construyeron el mandato popular que hoy lo tiene en el poder. De igual manera, los avances construidos desde la Campaña Defender la libertad y las organizaciones que la componen, en torno a la pedagogía, el apoyo psicosocial y el enfoque de género, deben ser acompañados por el movimiento social en su conjunto. No hay que perder de vista que un gobierno de cambio también se construye desde la juntanza.