Ocho organizaciones de la sociedad civil identificaron algunas irregularidades en el proceso de investigación de los hechos
La Misión de Verificación, compuesta por ocho organizaciones de la sociedad civil, insiste en que la operación militar del Ejército en la vereda Remanso en Puerto Leguízamo, Putumayo, efectuada el pasado 28 de marzo, en la que murió un menor de edad y varios civiles, fue una ejecución extrajudicial.
Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga y vocera de la Plataforma de Derechos Humanos Colombia- Europa- EE. UU, aseguró que según los testimonios recopilados, no hubo combates entre grupos armados ilegales y el Ejército.
“Los testimonios coinciden en que lo que hubo fue una incursión armada del Ejército haciéndose pasar por la guerrilla. Dicen que llegaron al menos 40 hombres con camisetas negras y encapuchados, disparando al caserío” señaló la directora.
Asimismo, las organizaciones indicaron que en el proceso de investigación se han presentado varias irregularidades, como la tardía presencia de la fiscalía y la constante militarización de la zona.
“La Fiscalía llegó cinco días después de los hechos, no tenía acordonada la zona que se había visto afectada por la lluvia y los animales que circulan por el territorio. Además, la gente estaba dando los testimonios a la Fiscalía, y ahí estaba el Ejército. ¿Con qué garantías y en qué condiciones la gente puede hablar tranquilamente?”, manifestó Sánchez.
La misión humanitaria le solicitó al gobierno garantizar el esclarecimiento de los hechos y designar una Unidad Especial de Investigaciones, que realice una indagación imparcial, autónoma y efectiva de lo sucedido en la vereda Remanso.
“Al Ministro de Defensa y al Gobierno Nacional, rectificar los calificativos con los que han mancillado la dignidad de las comunidades de este sector de Puerto Leguízamo y reconocer, por el contrario, sus JAC constituidas por ley”: se lee en el comunicado.
Las entidades que participaron en la comitiva son la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC; el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; la Comisión Inter Eclesial de Justicia y Paz; la Asociación Minga; la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos; la Alianza de Organizaciones para la Cooperación Internacional y la Plataforma Derechos Democracia y Desarrollo.
