SOBRE EL OPERATIVO MILITAR ADELANTADO POR EL EJÉRCITO NACIONAL EN LA VEREDA EL REMANSO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUÍZAMO, PUTUMAYO
Las organizaciones de la sociedad civil que integramos la Mesa Territorial de Garantías en el departamento del Putumayo, convocamos la Misión de Verificación realizada el pasado 2 de abril a la vereda El Alto Remanso del municipio de Puerto Leguízamo, la cual tuvo el acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de Derechos Humanos, junto con periodistas de varios medios de comunicación nacionales. Luego de escuchar atentamente los relatos de la comunidad, de testigos presenciales, directos e indirectos, y haciendo una conexión de los diferentes hechos, confirmamos que:
El 28 de marzo sobre las 7 de la mañana, se desarrolló una Ejecución Extrajudicial, la cual pretendió ser presentada por el Ministerio de Defensa como un exitoso operativo con blancos legítimos.
Como lo hemos expuesto, El Alto Remanso es una vereda cuya comunidad está organizada en torno a una Junta de Acción Comunal con reconocimiento por parte de la Secretaría de Gobierno de Puerto Leguízamo, comunidad que además existe en el municipio con una lógica multicultural, por la importante presencia de comunidades y pueblos indígenas, con los cuales se convive y comparte.
Efectivamente hubo una incursión armada, que dejó en su resultado habitantes comunales e indígenas, directivos comunales y autoridad indígena asesinadas, así como otras personas heridas y desaparecidas, contabilizándose varios menores de edad, lo cual es reiterativo en este tipo de acciones armadas. Estos hechos dan cuenta de una masacre desarrollada en el marco de un operativo del Ejército Nacional, que obliga a la comunidad, familias y pueblo indígena a desplazarse y que infringe el DIH y el DIDH.
Hemos establecido igualmente, que han habido otras agresiones a los derechos humanos, tales como: el maltrato físico y sicológico, el confinamiento, los allanamientos ilegales, la estigmatización y el desplazamiento de un centenar de familias; además de la configuración de otros delitos tales como hurto de bienes de la comunidad y personales, además de obstrucción a la justicia.
En términos de los procedimientos posteriores, fueron cometidas una serie de irregularidades que reflejan la intención de acomodar los hechos a la versión oficial, como el levantamiento de los cuerpos o la tardía presencia de la Fiscalía, quien inició las investigaciones cinco días después de lo sucedido, días en los que hubo presencia permanente del Ejército y lluvias constantes, dejando en riesgo la recolección de información sin poder determinar tiempo, modo y lugar de los hechos y materializando la posible impunidad de los mismos.
En conclusión:
A todas luces los relatos recogidos dan cuenta de que las Fuerzas Militares violaron flagrantemente el Derecho Internacional Humanitario (DIH), argumentando el desarrollo de un operativo que sacrificó vidas de habitantes comunales e indígenas.
En la vereda El Remanso se vivió la violación contra el Derecho a la Vida de manera amplia y general, y la Protección del Derecho a la Vida no puede ser suspendido por ninguno caso o circunstancia tal como lo establecen los Pactos, Tratados y Convenios internacionales. En ese sentido insistimos que, más allá de la posible presencia de actores armados ilegales en la comunidad, nada justifica el perverso operativo militar que se llevó a cabo y desencadenó el vil asesinato de miembros de la comunidad campesina e indígena.
Esta ejecución extrajudicial contra la población de El Remanso y las comunidades vecinas que participaban del bazar, también fue dirigida contra grupos humanos altamente protegidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como los pueblos indígenas, los líderes y lideresas sociales y los menores de edad, quienes cayeron asesinados en el hecho. Cabe resaltar que estas prácticas son de gran preocupación para la Misión teniendo en cuenta que son sistemáticas y que responden a los mismos patrones de comportamiento ya investigados en otras épocas en el territorio.
La Misión de Verificación elaborará un Informe más detallado que sustenta este pronunciamiento, con base en el contexto y los hechos que allí ocurrieron, el cual daremos a conocer en los próximos días.
Finalmente solicitamos:
- Al Ministro de Defensa y al gobierno nacional, rectificar los calificativos con los que han mancillado la dignidad de las comunidades de este sector de Puerto Leguízamo y reconocer, por el contrario, sus JAC constituidas por ley. El reconocimiento también de los pueblos indígenas y sus entidades, y el cese del exterminio físico y cultural contra los pueblos indígenas, lo cual constituye un etnocidio, un crimen de lesa humanidad.
- Que la Fiscalía y especialmente la Unidad Especial de Investigaciones realice una investigación imparcial, autónoma y efectiva. Que los testimonios de las comunidades no sean recogidos con la presencia de los militares quienes fueron sus agresores.
- Que se activen los mecanismos y herramientas de prevención, protección y garantías de no repetición hacia la búsqueda de verdad, justicia y reparación.
- Se active el Mecanismo de Búsqueda Urgente de personas dadas por desaparecidas, toda vez que, de acuerdo con los relatos, habría personas desaparecidas posterior a la incursión del Ejército el día que ocurrieron los hechos.
- A la Procuraduría General de la Nación, de la unidad especializada de los Derechos Humanos, iniciar investigación disciplinaria en contra de integrantes del Ejército Nacional involucrados en la operación militar, dirigida en perjuicio de la población civil de la comunidad el Remanso.
- A la comunidad internacional acompañar esta comunidad y aportarle ayuda humanitaria dada la crisis humanitaria que viven producto del desplazamiento y las imposibilidades de trabajar.
La Misión acoge la propuesta de la Mesa Territorial de Garantías de llamar a la construcción de un Acuerdo Humanitario que aporte a la erradicación de la violencia y permita en convivencia la materialización del goce efectivo de los Derechos, la preservación de la vida y la estabilidad social y política del Territorio, en la urgente invitación de las comunidades campesinas, indígenas, comunales y afrodescendientes para que continuemos el camino hacia la PAZ COMPLETA Y LA JUSTICIA SOCIAL.
Organizaciones de la Sociedad Civil de la Mesa Territorial de Garantías – Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC – Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Comisión Intereclesial de Justicia y Paz- Asociación Minga – Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – Alianza de Organizaciones para la Cooperación Internacional – Plataforma Derechos Democracia y Desarrollo
Dado en Puerto Asís, el día 3 de abril de 2022.
