Despertarse cada día en este país y particularmente en regiones como el Catatumbo, demanda creatividad y valentía, creatividad para adivinar por dónde iniciará la batalla de ese día y valentía para sobrevivir física, moral y culturalmente
Comité de Integración Social del Catatumbo, Cisca
El Catatumbo ha sido la región más visitada por el presidente Iván Duque y el piloto de la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Sin embargo, es al mismo tiempo, un territorio militarizado en el que las comunidades han puesto en evidencia cuatro ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército Nacional en menos de dos años: los asesinatos de Dimar Torres, en abril de 2019 y de Salvador Jaime Durán, en junio de 2020 y los de Álvaro Carvajal y Emérito Buendía en medio de jornadas de erradicación forzada. Además, las comunidades denuncian una masacre en la zona rural de Tibú, donde fueron asesinadas 6 personas y se generó el desplazamiento masivo de más de 400 personas, lo que recuerda prácticas asociadas con el paramilitarismo de hace varios años.
Los asesinatos siguen siendo la vulneración más significativa en la región. Se mantienen cifras muy altas y patrones similares a periodos anteriores. En la mayoría de casos, las víctimas han sido asesinadas con impactos de bala por hombres que se movilizan en motocicleta, quienes los esperan cerca a sus lugares de trabajo o residencia. De acuerdo con la información de la Policía Nacional, en los municipios de la región del Catatumbo se presentaron 218 homicidios entre enero de 2019 y mayo de 2020 de los cuales Tibú registra 102 hechos, seguido por Convención con 26. En este periodo se registraron cuatro feminicidios, en Sardinata, Tibú y El Tarra. En todos los casos se trató del asesinato de mujeres a manos de sus ex parejas, una de ellas menor de edad.
De acuerdo con el Programa Somos Defensores durante el 2019 y marzo de 2020 se presentaron 44 agresiones a líderes sociales en el departamento de Norte de Santander y 11 asesinatos que incluyen un caso en la ciudad de Cúcuta y otro en el municipio de Ocaña. Todos ejercían un rol activo en la Junta de Acción Comunal de su vereda y en la mayoría de casos también lideraron procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito. A estas cifras es importante añadir los más recientes casos de Emérito Buendía en zona rural de la ciudad de Cúcuta y de Carmen Ángel Angarita en el municipio de Convención y de Ernesto Aguilar en Tibú.
El Catatumbo también presenta una de las cifras más altas en relación con el asesinato de excombatientes de las FARC. Durante el año 2019 se presentaron cuatro hechos en Convención, Cúcuta y dos en Tibú. Se resalta el seguimiento sistemático confirmado hacia Dimar Torres, quien fue asesinado por el Ejército y pretendía ser presentado como insurgente muerto en combate convirtiéndose en un caso determinante frente a las ejecuciones extrajudiciales. Y se suma el más reciente caso de Mario Téllez Restrepo, quien fue asesinado en zona rural de Tibú.
Se registra un aumento significativo en el ataque a objetivos militares en los municipios de Tibú, El Tarra y Convención con 28 casos, la mayoría en el segundo semestre de 2019. Así mismo, el uso de minas antipersona en San Calixto, Teorama, El Tarra y Tibú. Según el reporte de la Cruz Roja Internacional, en el departamento de Norte de Santander se presentaron 110 casos de víctimas por accidentes de minas antipersona en 2019. Mientras que, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), registra en la región del Catatumbo 14 muertos y 70 personas heridas por Minas antipersona y munición sin explotar -MAPP/MUSE- entre el 2018 y los primeros meses de 2020.
Se mantienen los casos de desplazamiento forzado como consecuencia del enfrentamiento entre el ELN y el EPL y de acuerdo con las cifras de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el 2019 se registraron 2.874 personas en condición de desplazamiento forzado y hasta abril de 2020, 946 personas más se han visto obligadas a desplazarse de manera forzada, de las cuales 176 lo han hecho durante la emergencia sanitaria.
Erradicación forzada y violenta en medio de la pandemia
En varias veredas de los municipios de Sardinata, Tibú y Hacarí el Ejército Nacional viene desarrollando operativos de erradicación forzada de los cultivos de hoja de coca. Esta situación se ha agravado aún más porque los operativos se están realizando en medio del confinamiento por la pandemia COVID 19, decretado por el presidente Iván Duque el 24 de marzo.
Dos días después de decretado el aislamiento obligatorio fue asesinado el campesino Alejandro Carvajal por miembros del ejército en la vereda Santa Teresita del corregimiento La Victoria del municipio de Sardinata, quien, junto con un centenar de labriegos, protestaban contra la erradicación forzada y violenta de los cultivos de coca, el incumplimiento del gobierno a los acuerdos pactados previamente con las comunidades y los riesgos que esto implica en medio de la emergencia del COVID 19. Otro campesino asesinado en medio de una operación de erradicación forzada fue Emérito Digno Buendía Martínez. En esta ocasión los campesinos se encontraban en un campamento humanitario para exigirle al gobierno la implementación de programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y soldados del Batallón Hermógenes Maza, de la Brigada 30, dispararon contra los campesinos el pasado 18 de Mayo en el corregimiento Banco de Arena de la ciudad de Cúcuta.
El campesinado le exige al Gobierno Nacional que cumpla con los acuerdos pactados con las comunidades y en las negociaciones de paz en lo relacionado con la sustitución de cultivos de usos ilícitos y un avance claro en su relación con los PDET. La única respuesta del gobierno a las exigencias de las comunidades del Catatumbo ha
sido la implementación de programas como las Zonas Estratégicas de Intervención Integral ZEII (Zonas Futuro y/o Catatumbo Sostenible), que más que ofrecer salidas económicas y alternativas productivas a la hoja de coca, fortalece la presencia militar con la cual ataca al eslabón más débil mientras deja intactas las estructuras ligadas al tráfico y distribución y consumo de drogas.
La situación se complica aún más en la región con la llegada de comandos especiales del ejército Norteamericano para apoyar la supuesta lucha contra las drogas en Colombia y los anuncios de aspersión terrestre. Este hecho traerá un aumento significativo en los enfrentamientos entre la fuerza pública y un campesinado que, a pesar de estar dispuesto a sustituir los cultivos de hoja de coca, no lo hará a través de un tratamiento violento cuando puede ser resuelto con el cumplimiento de los acuerdos de paz y una inversión significativa que respalde la economía campesina.
Salud y educación en medio de la pandemia y la guerra
En esta región, el 85% de la población pertenece al Régimen Subsidiado y si bien los recursos girados por el Estado ascienden a los 165 mil millones de pesos anuales, de acuerdo a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), la insatisfacción de los Catatumberos/as es una constante por diversas razones: 1) esta cuota está destinada exclusivamente para la población de “escasos recursos”, fortaleciendo la idea de un servicio y no de un derecho. 2) En la región del Catatumbo solo existen dos hospitales de segundo nivel, destinados a la asignación de citas con especialistas, cirugías e internación simple, ubicados en los municipios de Ocaña y Tibú y 9 hospitales de primer nivel, en el resto de los municipio de la región, sólo puestos de salud con todas las precariedades imaginables. 3) La escasez de centros hospitalarios implica largos trayectos que pueden variar de 3 a 9 horas y, cuando son urgencias, no se recorren en ambulancia, sino a través de carros, motos incluso camiones, cuyo costo debe asumir la familia de quien requiere atención o el mismo paciente.
El personal médico resulta insuficiente para atender a toda la población, siendo en promedio la atención de un médico general entre 25 a 30 citas asignadas por día. En algunos de los centros de salud los insumos no llegan a tiempo, llegan incompletos o se agotan, al ocurrir esto son los pacientes quienes en ocasiones deben comprar los insumos para el procedimiento que requieren, incluso la gasa para una curación o el hilo para una sutura. Esta situación resulta más que injusta. El Estado realiza mensualmente los giros a las EPS según el número de afiliados, mientras las deudas crecen en los centros de atención, porque las EPS tardan entre 60 a 120 días e incluso años, en pagar por las consultas o tratamientos ya realizados. Es así como en la región la deuda asciende a los 1.100 millones de pesos, según las respuestas dadas a algunos derechos de petición en el transcurso de 2019.
Según datos obtenidos en medio de la pandemia a través de personal de la salud, concejales, líderes sociales y comunales de los municipios del Catatumbo, se puede establecer que el Catatumbo posee alrededor de 304.082 habitantes y tiene un total de 125 médicos (as) en toda su red hospitalaria. Es decir, 1 médico por cada 4.826 habitantes y una enfermera por cada 781,7 habitantes. Cifras que contrastan con la presencia militar que asciende a más de 17 mil efectivos, según cifras de la Revista Semana (2018) y, por lo tanto, que confirma la presencia 1 militar por cada 17,8 habitantes. Esta misma relación se refleja en la existencia de cinco Batallones y una fuerza de despliegue rápido, en contraste con dos hospitales de segundo nivel, ubicados en las salidas y/o entradas de la región.
En lo que respecta a la educación, el año escolar en la región del Catatumbo muchas veces se limita a 4 meses al año en zonas afectadas por razones de conflicto armado, distancias geográficas y problemas de contratación de los docentes. Presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC) denuncian que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ofrece alimentos de calidad, ni fomenta la economía campesina en la región. Además, que algunos docentes exigen a los padres y madres de familia comprar equipos (celulares o computadores) cuyo valor equivale a una tercera parte o más de los ingresos mensuales de una familia en el Catatumbo. En otros casos se denuncia que docentes estén solicitando sacar varios paquetes de fotocopias para desarrollar las tareas y talleres que les dejan a sus estudiantes.
Estas denuncias reflejan un problema mayor. En el Catatumbo hay inscritos oficialmente 52.866 estudiantes (sin incluir el municipio de Ocaña) y de acuerdo con esta matrícula, el Ministerio de Educación Nacional hizo un giro por $1.953.930.409 millones de pesos por concepto de “recursos para compra de material pedagógico” a los establecimientos educativos de la región en el marco del COVID-19. ¿Dónde están esos recursos? ¿En qué se invirtieron para que los docentes continúen exigiendo gastos adicionales a los padres y madres de familia? ¿Estos recursos sí llegan a todas las sedes rurales? La inversión de recursos en materia educativa nunca han sido claros. Las escuelas siguen en malas condiciones y los estudiantes no tienen acceso a los materiales ni tabletas que supuestamente se han comprado.
La respuesta de las comunidades y organizaciones sociales
Las Asociaciones y Juntas de Acción Comunal de la región han tomado el control de la crisis generada por la pandemia creando la figura de “puestos de control sanitarios estratégico”. Estos puestos fueron instalados desde el 22 de marzo en cada municipio, corregimiento y vereda para regular la entrada y salida de personas y vehículos en las vías de los municipios de la región, como también coordinar y regular todas las actividades comerciales y laborales. La organización comunal ha garantizado la dotación de algunos equipos de seguridad, gel antibacterial al personal de salud y a las personas que están en cada uno de los puestos de control. Además, de manera coordinada con las administraciones municipales y gobernación se han entregado mercados a la población más necesitada.
Sin embargo, la crisis alimentaria generada por la pandemia también permite insistir en la necesidad de sembrar comida y garantizar soberanía alimentaria. Las organizaciones sociales y comunales están promoviendo intercambios de semillas y la creación de huertas caseras. Se trata de un momento en el que se puede impulsar la agroecología y los sistemas de intercambio, comercialización y abastecimiento a nivel local con precios justos. Además, se pueden retomar los principios de la economía campesina y adelantar procesos de reforestación y cuidado de microcuencas. Es este un momento en el que las medidas de aislamiento deben ser asumidas colectivamente y bajo el principio de solidaridad. Sin embargo, no se puede dejar de insistir en la exigencia histórica de un modelo de salud público que responda con efectividad ante la pandemia, las garantías de inversión para el fortalecimiento de la economía campesina y una educación rural de calidad.
