El departamento de Nariño, territorio conocido por su fuerza en los procesos de movilización, ha dado muestra de resistencia a través de las diferentes actividades programadas en el marco del paro nacional convocado a partir del 28 de abril (28A). Respondiendo a la coyuntura, diversos procesos organizativos se prepararon para participar activamente tanto en las movilizaciones como en los puntos de concentración permanente en diferentes zonas y carreteras. No obstante, en días previos a la gran jornada, se presentaron acciones intimidatorias por parte de la fuerza pública con patrullajes del ESMAD, utilización de tanquetas y un gran número de efectivos de la Policía y del Ejército, quienes, con sus tanques de guerra, hicieron presencia por los barrios de la ciudad de Pasto, hecho que fue reforzado con la implementación del decreto sobre asistencia militar.

Desde la Gobernación de Nariño se convocó una sesión de la Mesa de Garantías de Seguimiento a la Protesta Social para el 27 de abril, con el ánimo de alistar las acciones necesarias para los días siguientes, entre las cuales ha estado la aplicación de la resolución 1190 del 2018. A partir de esa noche, se reportó el bloqueo en la vía al mar, en adelante se unieron municipios del piedemonte como Mallama y Ricaurte, donde el pueblo indígena Awá hizo digna y permanente presencia con su guardia.

El Gobernador acudió a los diferentes puntos de concentración, manifestó no ser necesaria la asistencia militar e invitó a avanzar en procesos de concertación, y en algunas jornadas de protesta en Pasto, acompañó a los manifestantes e intervino para mediar con la fuerza pública para que cesaran las agresiones y se permitiera el tránsito de las personas hacia sus hogares.

El 28A, con asistencia multitudinaria cargada de color, música, fuerza pero sobre todo de inconformidad con el mal gobierno nacional y su incapacidad para resolver y atender las necesidades de las colombianas y los colombianos, nariñenses de todas las edades alzaron su grito en diferentes lugares, se izaron banderas y en las ventanas de las viviendas y locales comerciales se leía “ABAJO LA REFORMA TRIBUTARIA”, “VIVA EL PARO NACIONAL”. Cada quien, con creatividad y a su manera dejó claro que urge el cambio.

Por su parte, los pueblos indígenas Pastos y Quillasingas se movilizaron en la frontera; con su pliego de peticiones encabezado por las exigencias nacionales y seguidas de las propias, concentradas en el territorio y los compromisos incumplidos por parte del gobierno en los últimos 10 años. El 2 de mayo, anunciaron paro total y cierre de vías en los puntos conocidos como Las Cruces (Ipiales), donde se reunieron aproximadamente 10.000 comuneros; El Espino (Sapuyes) con 5.000 comuneros, además de Boquerón en El Contadero, y El Encano en el oriente de Pasto. El bloqueo del sur fue levantado tras un proceso de concertación aunque las comunidades permanecieron en algunos puntos en apoyo al paro nacional.

En Pasto, al 28A se sumaron los camioneros ubicándose en la retaguardia de quienes se manifestaban, sin embargo, después de que las marchas salidas de diferentes puntos llegaran al centro de la ciudad y los camiones salieran de ahí, irrumpió la policía agrediendo a la ciudadanía inerme que amparada en la Constitución ejercía su derecho a la libre expresión. Los disturbios se concentraron en la Plaza del Carnaval, luego, policías del GOES y el ESMAD pasaron a despejar la Plaza de Nariño, y la sede centro de la Universidad de Nariño. En adelante, cada día y luego, cada miércoles, de forma espontánea arribaban a diferentes puntos de Pasto cientos de manifestantes y surgieron nuevos espacios de encuentro alrededor de las ollas comunitarias.

La carrera 27 en toda su extensión, el parque de Rumipamba, ahora llamado “Parque de la Resistencia” con ubicación contigua a una sede de la alcaldía, los barrios, las calles, los parques, han sido sedes de eventos culturales programados en el marco del Paro. En todos estos lugares la policía arremetió atacando el proceso cultural y de las ollas comunitarias, utilizando gases y fuerza excesiva de forma indiscriminada contra transeúntes y habitantes de cada sector.

Llamó especialmente la atención el caso del pesista Yojan Arley Cerón Rosero, medallista de 15 años de edad, quien el 26 de mayo fue agredido brutalmente por el ESMAD, cuando transitaba hacia su casa luego de un entrenamiento deportivo, por lo que fue internado con pronóstico reservado, presentando 4 fracturas de cráneo que pusieron en riesgo inminente su vida. Esa misma noche, cuando personas heridas y manifestantes se resguardaban en una droguería para ser atendidos por la misión médica en un barrio de Pasto, miembros del ESMAD ingresaron de forma violenta ocasionando daños en las instalaciones y golpeando de forma brutal a quienes allí se encontraban.

El alcalde de Pasto, Germán Chamorro De La Rosa, intentó bajar la intensidad de la protesta decretando el toque de queda en varias oportunidades, lo cual terminó en la detención arbitraria de centenares de personas a las cuales la Policía, haciendo uso indebido de la figura del traslado por protección, llevó hacia sitios no establecidos para ese fin. Utilizó para la concentración de detenidos espacios como el coliseo del barrio Obrero, donde las personas eran ingresados sin garantía alguna, pues se retuvo a hombres, mujeres, menores de edad sin tomar en cuenta factores como la seguridad, la bioseguridad, el género y la edad, entre otros. Allí las personas eran incomunicadas y se reportaron agresiones físicas y verbales por parte de los miembros de la fuerza pública que los custodiaban portando armas.

Hechos similares se presentaron en el CTP del barrio Corazón de Jesús. La existencia de abundante material audiovisual que soporta las denuncias por parte de la comunidad conllevó a que se interpusiera una acción de tutela y en el fallo del 2 de junio, el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto ordenó al municipio de Pasto y a la Policía Metropolitana de Pasto, presentar -utilizando un medio de comunicación masivo- excusas públicas por la extralimitación u omisión en el ejercicio de sus funciones frente a la protesta social pacífica, entre otras.

A su vez, las comunidades de la cordillera se movilizaron hacia la carretera Panamericana en el punto conocido como Mojarras, sur del Cauca, donde, el 14 de mayo tras recibir una llamada y al acudir a una reunión a la que fue citado con engaños, fue desaparecido el líder Cristian Torres Cifuentes, quien al día siguiente fue hallado muerto y con su cuerpo enterrado parcialmente en la carretera que conduce a Leiva.

Con estos antecedentes, el 20 de mayo, se instaló la “Mesa de Diálogo y Negociación de Comunidades Campesinas, Negras, Jóvenes y Transportadores de la Cordillera Occidental de Nariño”, donde confluyen distintos sectores de los municipios de Leiva, Policarpa, Cumbitara, El Rosario, Taminango, San Lorenzo, Magüí Payán, El Tambo, El Peñol, Sandoná, Ancuya y Linares, al cual asistió el Gobernador de Nariño John Rojas y delegados del Gobierno nacional, del Programa de Sustitución de cultivos Ilícitos, por lo cual fue posible habilitar un corredor humanitario y levantar el bloqueo de forma escalonada. Se trataron además temas como la implementación del Acuerdo de Paz, sustitución alternativa de cultivos de uso ilícito sin glifosato, entre otras.

Las cifras

Entendiendo que existe un subregistro de casos que por diversas razones no se reportan, según el observatorio de la Casa de la Memoria de Nariño, entre el 28 de abril y el 9 de junio de 2021, se presentaron 476 detenciones arbitrarias, 233 lesiones físicas, 17 amenazas, 2 casos de tortura, 1 agresión sexual y 2 atentados. Las detenciones ocurrieron en 111 casos contra el género femenino, en 364 contra el género masculino y una persona LGBTI. En cuanto al tipo de lesiones presentadas, se afirma que de las 233 documentadas, 115 corresponden a contusiones en extremidades, torso, tórax y abdomen; 29 a trauma en cráneo; 27 a heridas penetrantes en extremidades; 16 a trauma ocular; 14 afectaciones a vías respiratorias por gases lacrimógenos; 12 a trauma facial; y 6 casos donde no fue posible identificar el tipo de lesión.

Dentro de las 476 detenciones arbitrarias, 32 se produjeron en contra de menores de edad, de los cuales 13 fueron mujeres y 19 hombres; también, de las 233 lesiones físicas, 18 se produjeron contra menores de edad, en los cuales resultaron afectados 5 mujeres y 13 hombres. En Pasto, según el reporte por lugares de detención, el más alto corresponde al CTP Corazón de Jesús donde fueron trasladadas 218 personas; seguido del Coliseo del barrio Obrero donde fueron trasladadas 178, los demás casos se encuentran distribuidos en diferentes sitios.

Con lo anterior, se evidencia que en el departamento de Nariño el uso desproporcional de la fuerza en contra de las personas manifestantes, defensoras de derechos humanos y también contra aquellas que no participaban de las jornadas pero que resultaron afectadas, es una constante en las acciones desarrolladas dentro del paro nacional que se aproxima a cumplir 3 meses.

 

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SOCIAL MOBILIZATION IS STILL ONGOING IN NARIÑO

The department of Nariño, a territory known for its strength in mobilization processes, has shown its resistance through the different activities carried out in the framework of the National Strike called as of April 28. In line with the conjuncture, several organizational processes were prepared to actively participate in the mobilizations as well as in the permanent gathering points in different areas and highways. However, in the days prior to the big event, there were intimidating actions on the part of the public force with ESMAD patrols, the use of tanks and a large number of policemen and soldiers, whom, with their tanks, patrolled the neighborhoods of the city of Pasto, a fact that was reinforced with the implementation of the decree on military assistance.

The Governor’s Office of Nariño called a session of the Table of Guarantees for Monitoring the Social Protest for April 27, with the aim of preparing the necessary actions for the following days, among which has been the application of Resolution 1190 of 2018. From that night on, the blockade on the road to the sea was reported, and from then on municipalities of the foothills such as Mallama and Ricaurte joined the protests, where the Awá indigenous people made a dignified and permanent presence with their guard.

The Governor visited the concentration points, stated that military assistance was not necessary and invited to move forward in processes of consensus-building, and in some days of protest in Pasto, the capital city, he joined the demonstrators and intervened to mediate with the public force so that the aggressions would cease and people would be allowed to transit to their homes.

On April 28, with massive, full of color attendance, music, strength, but above all of, disagreement with the bad national government and its inability to solve and address the needs of Colombians, Nariño people of all ages shouted in different places, flags were raised and in the windows of homes and shops were read «DOWN WITH THE TAX REFORM», «VIVA EL PARO NACIONAL» (LONG LIVE THE NATIONAL STRIKE). Everyone, with creativity and in their own way, made it clear that change is urgently needed.

Meanwhile, the Pasto and Quillasinga indigenous peoples mobilized on the border with Ecuador, with a list of demands headed by national demands and followed by their own, focused on the territory and the commitments unfulfilled by the government in the last 10 years. On May 2, they announced a total strike and road closures at the places known as Las Cruces (municipality of Ipiales), where approximately 10,000 community members gathered; El Espino (municipality of Sapuyes) with 5,000 community members; Boquerón (municipality of El Contadero), and El Encano in the east of Pasto.  This blockade in the south was lifted after a process of concertation, although the communities remained at some locations in support of the national strike.

In Pasto, on April 28th, the truck drivers joined in the rearguard of the protesters, however, after the marches from different meeting points reached the center of the city and the trucks left, the police burst in, attacking the unarmed citizens who, protected by the Constitution, were exercising their right to free expression.…

The riots were concentrated in the Plaza del Carnaval, then police from the Special Security Operative Groups -GOES- (Grupos Operativos Especiales de Seguridad) and the ESMAD cleared the Plaza de Nariño, and the central headquarters of the Universidad de Nariño. From then on, every day and then every Wednesday, hundreds of demonstrators spontaneously arrived at different points of Pasto and new encounter spaces arose around the community pots.

The entire length of Carrera3 27, Rumipamba Park, now called «Resistance Park», located next to a mayor’s office establishment, the neighborhoods, streets and parks, have been the venues for cultural events in the course of the strike. In all these places the police attacked the cultural process and the community pots, using tear gas and excessive force indiscriminately against participants, passers-by or inhabitants of each sector.

Special attention was drawn to the case of Yojan Arley Cerón Rosero, a 15-year-old weightlifter and medalist, who on May 26 was brutally attacked by the ESMAD when he was on his way home after a sports training session, for which he was hospitalized with a reserved prognosis, presenting 4 skull fractures that put his life at high risk.

That same night, when injured people and demonstrators were sheltering in a drugstore to be attended by a medical mission in a neighborhood of Pasto, members of the ESMAD violently entered, causing damage to the facilities and brutally beating those who were there.

The mayor of Pasto, Germán Chamorro De La Rosa, tried to reduce the intensity of the protests by decreeing a curfew on several occasions, which ended in the arbitrary detention of hundreds of people whom the police, making improper use of the figure of transfer for protection, took to places not established for that purpose. The police used locations such as the coliseum of the Obrero neighborhood for the concentration of detainees, where people were brought in without any guarantee, since men, women and minors were detained without taking into account factors such as security, biosecurity, gender and age, among others.There, people were held incommunicado, also verbal and physical aggressions perpetrated by members of the security forces who were guarding the detainees with weapons were reported.

Similar events occurred in the Transfer Center for Protection  -CTP- (Centro de Traslado por Protección) in the Corazon de Jesus neighborhood. The existence of abundant audiovisual material supporting the community’s complaints led to the filing of a tutela action and in the June 2 ruling, the Second Administrative Court of Pasto ordered the municipality of Pasto and the Metropolitan Police of Pasto to present – using a mass media – public apologies for the overstepping or inaction in the exercise of their functions in the face of peaceful social protest, among other actions.

At the same time, the communities of the mountain range mobilized towards the Panamerican highway at the point known as Mojarras, south of Cauca, where, on May 14, after receiving a call and going to a meeting to which he was summoned under false pretenses, the leader Cristian Torres Cifuentes was disappeared; he was found dead the following day and his body had been partially buried on the road leading to the municipality of Leiva.

Against this background, on May 20, the Mesa de Diálogo y Negociación de Comunidades Campesinas, Negras, Jóvenes y Transportadores de la Cordillera Occidental de Nariño (Dialogue and Negotiation Roundtable of Peasant Communities, Blacks, Youth and Transporters of the Western Cordillera of Nariño) was established. Different sectors of the municipalities of Leiva, Policarpa, Cumbitara, El Rosario, Taminango, San Lorenzo, Magüí Payán, El Tambo, El Peñol, Sandoná, Ancuya and Linares came together in this space, which was attended by the Governor of Nariño John Rojas and delegates from the national government, the Illicit Crop Substitution Program, what made it possible to enable a humanitarian corridor and lift the blockade in stages.Topics such as the implementation of the Peace Agreement, alternative substitution of illicit crops without glyphosate, among others, were also discussed.

Understanding that there is an underreporting of cases that for different reasons are not denounced, we can inform of at least 476 arbitrary detentions, 233 physical injuries, 17 threats, 2 cases of torture, 1 sexual assault and 2 attacks. The detentions occurred in 111 cases against the female gender, in 364 against the male gender and another one against an LGBTI person. Those events occurred between April 28 and June 9, 2021, according to information from the Observatory of the House of Memory of Nariño.
Regarding the type of injuries presented, it is stated that of the 233 documented, 115 correspond to contusions to the extremities, torso, thorax and abdomen; 29 to trauma to the skull; 27 to penetrating wounds to the extremities; 16 to ocular trauma; 14 to respiratory tract injuries caused by tear gas; 12 to facial trauma; and 6 cases where it was not possible to identify the type of injury.

Of the 476 arbitrary detentions, 32 were against minors, of whom 13 were women and 19 were men; also, of the 233 physical injuries, 18 were against minors, of whom 5 were women and 13 were men. In Pasto, according to the report by places of detention, the highest corresponds to the CTP Corazón de Jesús where 218 people were transferred; followed by the Coliseum of the Obrero neighborhood where 178 people were held; the other cases correspond to other detention centers.

With the above, it is evident that in the department of Nariño the disproportionate use of force against demonstrators, human rights defenders and even against those who did not participate in the days but were affected, has been a constant in the actions developed within the National Strike, that is about to reach its third month.