Debido a la falta de garantías que tienen los defensores y defensoras de Derechos Humanos en Colombia, el pueblo araucano hace una denuncia pública para pedir garantías y respeto, para sus defensores quienes una vez más han sido blanco de agresiones por parte del estado.
La Asociación MINGA se une a esta exigencia y brinda su apoyo a los lideres y liderezas que han tenido que soportar esta agresiones por parte del estado.
En vez de garantías, los defensores de derechos humanos, líderes y liderezas, soportan la agresión estatal.
Nuevamente el Estado colombiano se ensaña contra el pueblo araucano, sus organizaciones y sus dirigentes, esta vez a través del eje de la judicialización se privó de su libertad al compañero dirigente campesino CARLOS ALBERTO NUÑEZ FLOREZ, Presidente de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos ADUC.
El hecho se presentó cuando el líder campesino y defensor de derechos humanos se dirigía a la ciudad de Arauca para asistir a una reunión otros dirigentes en ejercicio de su labor social, y en un retén de la policía instalado a la llegada de la capital araucana lo detuvieron argumentando que tenía una orden de captura en su contra, emitida por la Fiscalía General de la Nación dentro de un proceso iniciado en la Unidad Estructura de Apoyo de Arauca y luego remitido a la Fiscalía Seccional de Saravena desde el año 2006.
Comenzó su trabajo comunitario en el municipio de Arauquita dirigiendo la Inspectorial de la Asociación de usuarios Campesinos de Panamá de Arauca, posteriormente lideró esta organización campesina en Saravena, siguió su liderazgo en el municipio de Arauca y más recientemente en el municipio de Fortul. En cumplimiento de esa labor social, ha participado en las diferentes gestas que desde el movimiento social araucano se han desarrollado en defensa de la vida, los derechos humanos y la permanencia en el territorio, contra la explotación de los recursos naturales, en defensa de la soberanía nacional, y contra la implementación de la guerra sucia paramilitar.
Debido a esta tarea había sido perseguido y estigmatizado por el Estado colombiano a través de su fuerza pública, quienes en reiteradas ocasiones lo habían retenido para supuestamente averiguarle antecedentes penales, lo habían llevado a las guarniciones militares y policiales, reseñado y fotografiado, señalado de pertenecer a la organización Rebelde del ELN. Por toda la persecución sufrida, Carlos Alberto fue cobijado con la solicitud de medidas cautelares que la CIDH hiciera al gobierno colombiano para proteger su vida e integridad y garantizar su trabajo como dirigente campesino.
Pero la única atención que ha recibido del Estado, es más represión. Es de anotar que el día miércoles 15 de febrero, fue nuevamente reseñado por miembros de la Unidad de Protección del Ministerio del Interior, en el marco de la elaboración de un supuesto estudio de riesgo, para la decisión acerca de las medidas de protección ordenadas por la CIDH, y hoy tres días después es capturado acusado del delito de Rebelión.
Esta nueva detención se da en el marco de la construcción del oleoducto “Bicentenario”, proyecto al cual las comunidades a través de sus organizaciones y dirigentes, nos hemos opuesto por considerarla lesiva para los intereses del pueblo campesino y los pueblos ancestrales, y que se constituye en una forma de perpetrar el saqueo indiscriminado de los recursos naturales y la entrega total de la soberanía nacional al capital extranjero. Es una muestra más de la persecución que el movimiento social y sus dirigentes ha venido soportando desde la última década y evidencia que la supuesta lucha del Estado no es contra la subversión sino contra la dirigencia social que obstaculiza la concreción de los intereses económicos trasnacionales.
Hoy, reiteramos el llamado a la comunidad regional, nacional e internacional, para que nos unamos, impulsemos y apoyemos la “Campaña por los Derechos Humanos, La Justicia y La Vida, contra la estigmatización y criminalización del movimiento social”, impulsada desde las organizaciones sociales del centro oriente de Colombia; a que exijamos al Estado colombiano el respeto por los derechos humanos, el ejercicio de la labor social y a que dejen en libertad de manera inmediata a Carlos Alberto Núñez Flórez, Ariela Gelviz Quintero y a los compañeros indígenas, el Cacique Ismael Uncasía, Verónica Solis, Alvaro Leal y Freddy Bócota, y a todos los compañeros dirigentes sociales detenidos en las diferentes cárceles de Colombia.
POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO
FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA
NUESTRA ACCIÓN SOCIAL ES LEGAL Y LEGÍTIMA
Saravena, Arauca, 18 de febrero de 2012.
