Las medidas de excepción impuestas al amparo del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 que decreta la Emergencia Económica, Social y Económica y que han decretado el aislamiento obligatorio de la población con miras a impedir la propagación de la infección del Coronavirus no han impedido la continuidad de las violaciones a los derechos humanos por parte de integrantes de las Fuerza Pública.

Por el contrario, al amparo de la poca presencia de población en las calles y en los territorios, la escasa presencia de mecanismos de control y supervisión pública de sus acciones y la legitimación de acciones represivas contra personas que han transgredido los mandatos de encierro obligatorio, han propiciado un desbordamiento de acciones represivas y vulneraciones a los derechos humanos que se expresan en represión violenta a los sectores marginados que protestan debido al hambre y la desatención oficial, la multiplicación de sanciones pecuniarias y comparendos de manera masiva por parte de autoridades de policía, casos graves de abuso y violencia sexual por parte de agentes estatales, la represión violenta a cualquier reclamo o brote de protesta en las cárceles, y la reactivación de casos de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas cometidas directamente por agentes estatales o por connivencia de los mismos con estructuras criminales paramilitares.

  1. LA REPRESION VIOLENTA A LA PROTESTA SOCIAL

Tanto en Bogotá como en las principales ciudades miles de personas se han visto obligadas a salir a protestar en las calles acosadas por el hambre y la falta de atención a sus necesidades vitales. Cacerolazos, exhibición de trapos rojos en las ventanas para indicar el hambre y manifestaciones espontáneas que se multiplican de día y de noche, son la expresión del fracaso de la política social para atender los sectores más marginados y vulnerables ante las consecuencias de las medidas de encierro obligatorio, que  evidencian también el fracaso de las políticas de focalización para los subsidios y la asistencia alimentaria que deja por fuera de la atención a millones de personas que no reciben ninguna ayuda a pesar de su falta de ingresos para cubrir sus necesidades y que no figuran en las estadísticas oficiales. La corrupción oficial se ha puesto en evidencia cuando se ha constatado que decenas de miles de personas que figuran como receptoras de las ayudas corresponden a cédulas falsas y otras a personas que no requieren subsidios[1].

Las condiciones de encierro y aislamiento de la mayoría de la población ha facilitado el tratamiento represivo a las protestas. Se ha impedido la movilización o llegar con sus protestas hasta la sede de los poderes públicos en las principales ciudades a personas marginadas que se congregan por cientos, obligados a exponer su vida por el hambre[2]. El Gobierno dice no tener recursos suficientes para atender las necesidades de alimento de los que reclaman  ni la dotación de bioseguridad para el  personal de salud, sin embargo, no escatima en proveer de abundante dotación a los cuerpos de Policía y al ESMAD para reprimir de manera desproporcionada la protesta social[3]. Gases, perdigones, granadas aturdidoras, sobrevuelos, y otros elementos se emplean diariamente contra las personas desesperadas que no pueden aguantar un día más de encierro sin una renta básica, sin servicios públicos esenciales y sin alimentos[4]. Desde el reporte del primer caso de contagio un total de 26 personas han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales en ejercicio del derecho a la manifestación y protesta social, 23 por protestar por la ausencia de medidas eficaces para prevenir al expansión de la infección en las cárceles, 2 personas asesinadas por protestas frente a la arremetida oficial para la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito (1 en Tumaco y otro en Sardinata) y otra persona más asesinada en protestas por situación de hambre y por ausencia de ayudas alimentarias en Codazzi – Cesar.

Los abusos de la policía se multiplican también frente a miles de personas que no pueden guardar el encierro (migrantes, trabajadores de las construcción, personas desalojadas de sus viviendas, trabajadoras sexuales, vendedores ambulantes)  y que son objeto de la imposición indiscriminada de comparendos, por valor de casi un millón de pesos por persona, agravando la situación de precariedad social, e incluso con multas al personal de salud que se desplaza para atender su trabajo[5]. La Policía Nacional se ufana ante los medios que en solo una semana, entre la madrugada del 25 de marzo y la mañana del 2 de abril, impuso un total de 50.654 comparendos por no respetar las medidas de aislamiento preventivo obligatorio decretadas por el Gobierno Nacional, como si se tratara de una competencia para ver en cual ciudad se multaba al mayor número de ciudadanos[6]. En solo 3 días la Policía de Bogotá informó haber impuesto comparendos a 15.136 personas por no acatar el encierro obligatorio[7]. Cuál sea el destino de estos multimillonarios recursos es algo que debe ser aclarado, sobre todo en estos tiempos de afugias económicas por la crisis. Más de un millón de multas han sido impuestas en el primer mes del encierro obligatorio, afectando principalmente personas que por necesidad o por salud mental se han visto impedidas de cumplir el mandato de confinamiento obligatorio[8].

Los sectores marginados también están siendo objeto de represión por parte de  grupos paramilitares como ha ocurrido en  los barrios Flor la Torre, Tierra Nueva y Guabal de Ciudad Bolívar en Bogotá, donde el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos denunció las amenazas de limpieza social, que con panfletos y disparos en las noches, realizan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En estas situaciones, las comunidades denuncian que los llamados de auxilio a la Policía no son atendidos[9]. La marginación social y la desatención estatal están siendo utilizadas además para el reclutamiento de jóvenes de sectores empobrecidos para alistarse en bandas que trabajan al servicio del paramilitarismo, como se ha denunciado en comunidades del municipio de Soacha[10]. En Medellín, el control social sobre la población ha llegado a tal punto que la Alcaldía ha tenido que instruir a sus funcionarios concertar con estos grupos que controlan los barrios para poder distribuir las ayudas alimentarias, según disposiciones de un documento oficial reciente[11], y según información de medios, en algunos barrios son los propios combos quienes se encargan de distribuir ayudas[12].

 

  1. VIOLENCIA SEXUAL OFICIAL

La falta de presencia vigilante en las calles y de encierro forzado ha tenido también un gran impacto en la violencia contra las mujeres y la población LGBTI por el trato discriminatorio en las calles que reciben en esta época por parte de las autoridades. La Casa de la Mujer denuncia que 12 mujeres han sido asesinadas por su pareja durante la cuarentena[13] El pasado 28 de marzo una mujer en la localidad de Bosa, Bogotá, denunció haber sido víctima de violencia sexual por parte de un policía en un bus de la institución y el robo de todo su dinero[14]. Otro caso de violencia sexual se habría presentado en el CAI de Laureles por parte de la policía en la localidad de Bosa, y otros más en la ciudad de Cali[15]. Más recientemente, el 19 de abril, una mujer fue víctima de violación sexual en la Estación de Policía en Ciudad Jardín en Cali, luego de haber sido detenida  por no acatar  la cuarentena, mientras esperaba que su esposo se desplazara al cajero para pagar la extorsión que los policías le exigían para no imponerle el comparendo[16].

En cuanto a la población trans, la Fundación GAAT y la Red Comunitaria Trans de Bogotá han denunciado actos de discriminación contra mujeres y hombres trans en supermercados de la ciudad. Estos casos se habrían derivado de la aplicación de la medida de “Pico y Género” establecida en el Decreto 106 del 8 de abril de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ya que las personas trans han sido insultadas y se les ha negado el acceso a los supermercados porque los trabajadores y otros clientes del lugar no reconocen su identidad de género, y les han dicho que no están saliendo el día que les corresponde. Adicionalmente, la Fundación GAAT denunció que el sábado 18 de abril, una mujer trans fue apuñalada en la localidad de Ciudad Bolívar por un hombre que la atacó por salir el día que les corresponde a las mujeres.

 

  1. EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

Además de las acciones de terror perpetradas por las estructuras paramilitares y el sector de las “disidencias” articuladas a la estrategia paramilitar, las violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado no han parado durante el Estado de Excepción impuesto por la declaratoria de emergencia.. Desde el inicio de los reportes por contagios de Covid-19 el pasado 6 de marzo se han presentado al menos 30 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes estatales, 26 en acciones de protesta social, 3 en operaciones de control militar o policial y 2 en el contexto de operaciones militares en el marco del conflicto con organizaciones de disidencias residuales de Farc.

Caso 23 Internos de la Cárcel Modelo. La situación más desesperada está ocurriendo en las cárceles, donde el miedo y la incertidumbre que genera el aterrador nivel de hacinamiento y falta de condiciones sanitarias han generado manifestaciones de protesta que han sido reprimidas con extrema violencia.

En la noche del pasado 21 de febrero mientras se adelantaba una jornada de protesta en 24 cárceles del país, el INPEC respondió con una violenta represión contra los internos,, especialmente en la Cárcel Modelo de Bogotá. Como resultado de esta violenta reacción por parte de la guardia carcelaria, 23 internos fueron asesinados, aunque la Ministra de Justicia Margarita Cabello expresó en una entrevista a RCN Radio el 23 de marzo que “el balance final es lamentablemente 25 muertos privados de la libertad, 83 heridos”[17].

Frente a las personas que mueren, o que exhiben malos tratos y torturas habiendo estado bajo custodia de agentes estatales existe la presunción de responsabilidad del Estado, según jurisprudencia reiterada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos[18]. Igualmente se presupone la ejecución extrajudicial cuando mueren de manera violenta  en las mismas circunstancias.

La información inicial da cuenta de que las víctimas de estas presuntas ejecuciones extrajudiciales asesinadas en la masacre de la Cárcel Modelo ese 21 de marzo correspondían a. 1. Pedro Pablo Arévalo Rocha, 2. Jesús Ernesto Gómez Rojas, 3. Cristian David González Linares, 4. Jhon Fredy Peña Jiménez, 5. Daniel Alfonso González Espitia, 6.Miguel Ángel Lemos roa, 7. Fredy Alberto Díaz Rodríguez. 8. Edgar Alejandro Gómez Romero, 9. Milton Yesid Rodríguez Álvarez, 10. Cirus David Rojas Ospina, 11. Diego Fernando Rodríguez Peña, 12. Andrés Felipe Melo Sánchez, 13. Michael Alexander Melo Cubillos, 14. Brandon Eduardo Avendaño Quevedo, 15. Euclides José Pérez Espinoza, 16. Yeison David Galvis Forero, 17. Campo Elías Carranza Sanabria, 18. Diego Andrés Rodríguez Fuentes, 19. Joaquín Mejía Aguirre, 20. Henry Humberto Gómez Méndez, 21. Eberzon Palomino Hernández, 22. José Angel Hernández Páez y 23. Daniel Humberto Carabaño Plazas.

Según la versión de la Ministra de Justicia los 23 presos “perdieron la vida” en lo que calificó como «intento masivo y criminal de fuga».  A pesar de confirmar el alto número de muertos y heridos, la Ministra expresó su satisfacción porque no hubo ninguna fuga: «Tampoco hay un problema sanitario que hubiera originado ese plan y esos motines. Hoy no hay un solo contagio, ni privado de la libertad, ni cuerpo administrativo ni de custodia que tenga coronavirus o que podría estar aislado por el covid-19», argumentó la Ministra de Justicia[19]. El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, ha sido el principal enemigo de atender los reclamos de los internos que en medio del enorme riesgo y la incertidumbre han pedido medidas efectivas para protegerse del riesgo que implica permanecer en condiciones de hacinamiento infrahumano y sin medidas de protección personal, tapabocas, desinfectantes,  jabón y agua potable.

El Fiscal General también se ha opuesto  a las medidas de excarcelación para detención domiciliaria. Aunque públicamente manifiesta no tener idea de cuanta puede ser la población carcelaria, y por ende el nivel de hacinamiento, exige en su lugar “que a mí me garanticen que haya lugares de reclusión temporal” para albergar a las internos enfermos, afectados por coronavirus o en condiciones de vulnerabilidad, lo mismo que a lo nuevos detenidos, y decretar el cierre total de las cárceles para impedir el contagio al interior de las instituciones carcelarias[20]. Aparte de la ingenuidad de pensar que un Estado que ha sido incapaz de construir o siquiera adecuar nuevas entidades hospitalarias para atender la emergencia puede dedicarse a construir y adecuar las entidades de reclusión temporal que el exige, es irresponsable pensar que la epidemia no va a llegar a las cárceles, simplemente ordenando su cierre total, toda vez que para su funcionamiento requiere el ingreso diario del personal de guardia, administrativo, sanitario, familiares, proveedores de medicamentos e insumos, y sobre todos dadas las condiciones de insalubridad y hacinamiento de las cárceles colombianas que en ocasiones alcanza el 150% de su capacidad.

Después de reiteradas negativas y de la resistencia del Fiscal para facilitar procesos de descongestión carcelaria con la excarcelación de la población vulnerable, finalmente el Gobierno accedió a unas limitadas medidas de detención o prisión domiciliaria para un sector muy limitado de quienes deberían ser objeto de estas medidas, que solo cubre a cerca del  3% de los internos del país (aproximadamente unas 4.000 personas) pero que deben someterse a trámites engorrosos para acceder a este beneficio[21].

La exigencia del Fiscal General en el sentido de que la estrategia de protección de los internos mediante detención o prisión domiciliaria deba ser “minimalista”, sujeta a toda clase de trámites dispendiosos, y excluyendo a los internos detenidos por motivaciones políticas,(incluidos los cerca de 165 detenidos de la lista presentada por el partido FARC al Gobierno y que después de 3 años de firmar la paz aún se encuentran detenidos a la espera de que se defina su situación), puede llevar a una situación catastrófica en las cárceles del país. La incertidumbre frente al riesgo de la pandemia del grueso de la población carcelaria, y las muertes que se presenten por  la imposibilidad de tomar medidas de protección adecuadas derivarán necesariamente en su responsabilidad mediata por las eventuales muertes o torturas ocasionadas por daño a la integridad y la salud física y mental de más de 120.000 internos, advertido como está de los inminentes peligros de afectación a la vida por infección.  Esta situación puede agravarse por eventuales nuevos brotes de casos que pueden desatar el pánico en las cárceles, agravado por el hacinamiento, la insalubridad, la negación de elementos mínimos de protección sanitaria y el empecinamiento en tratamientos represivos e inquisitoriales de los cuales tanto el Fiscal como la Ministra de Justicia serían los principales responsables.

Las primeras consecuencias de su testarudez punitiva han cobrado ya la vida de 3 internos que fallecieron por complicaciones relacionadas con el COVID 19 en la cárcel de Villavicencio. En ese mismo centro penitenciario hasta el 28 de abril se han presentado al menos  324 casos de contagio confirmados entre internos,  personal de guardia y de salud[22]. Los traslados de internos como medida de castigo a los que lideraron protestas en las cárceles, hechos sin ninguna medida de precaución han esparcido los contagios desde la cárcel de Villavicencio a las cárceles de la Picaleña (Ibagué), Leticia (Amazonas), La Picota de Bogotá; Las Heliconias (Caquetá) y en la de Guaduas (Cundinamarca)[23]. Estas medidas y la negativa del Gobierno a implementar medidas de detención domiciliaria eficaces que conlleven a un deshacinamiento efectivo anuncian un previsible genocidio al interior de las cárceles.

La situación es mucho más grave dado que  el Fiscal General de la Nación decidió hacer suya la versión de la Ministra de Justicia de que la muerte de los internos se debía exclusivamente a un intento masivo y criminal de fuga y, al declarar que centraba las hipótesis de investigación “con la finalidad de que comparezcan ante la justicia quienes concertaron estos desórdenes y pretendieron un intento de fuga que dejó como resultado 23 reclusos muertos y 83 heridos[24]”, el Fiscal predeterminó cuál debería ser la línea de investigación conducente, en vez de centrar la investigación en la responsabilidad de las autoridades estatales responsables de la perpetración de la masacre.

Para el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, en vista del control ejercido por autoridades de seguridad sobre personas bajo custodia, “el Estado debería dar una explicación satisfactoria de cualquier caso de muerte o lesiones graves acaecidas a una persona privada de su libertad”.[25] Lamentablemente el informe preliminar sobre los hechos presentado por el Fiscal Barbosa reitera una práctica recurrente en la dinámica de las ejecuciones extrajudiciales en el país consistente tanto en distorsionar las circunstancias en las que acaecieron los hechos como en modificar la versión sobre las víctimas para radicar en ellas la culpabilidad de lo acontecido. Según este informe preliminar, las investigaciones sobre las protestas del pasado 21 de marzo en 14 prisiones del país pudieron determinar que detrás de estos hechos se encuentran relacionados cabecillas de los grupos armados del ELN y disidentes las FARC, señalando como uno de los responsables a Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, cabecilla de la Disidencia de las Farc esta persona está detrás de los desórdenes que se presentaron en las cárceles. La salida de las cárceles reitera esta Fiscalía debe ser minimalista”[26]. Al configurar a quienes con justa razón protestaban por el miedo a la infección y la desatención, y específicamente a las víctimas de esta masacre, como huestes que obedecían a orden de alias Romaña y del ELN, se ha justificado su muerte, y se los ha configurado como responsables de su propia muerte al haber actuado a órdenes de agrupaciones armadas ilegales. Darle una identidad criminal a las víctimas ha sido el mecanismo más empleado para justificar o“legalizar”en Colombia a las víctimas como “falsos positivos”, lo que aquí se repite nuevamente, y sobre todo de manera grave en la medida en que dicha versión es la que ha impuesto el jefe de la entidad encargada de la investigación y acusación por las muertes de estos civiles a manos de agentes del Estado. 

Otras presuntas Ejecuciones Extrajudiciales

  1. Alejandro Carvajal, líder social asesinado en el Municipio de Sardinata (Norte de Santander) el 26 de marzo por disparos de integrantes del Batallón de Operaciones Terrestres Nro. 9 de la Fuerza Tarea Vulcano, adscrita a la Segunda División del Ejército mientras las comunidades desarrollaban acciones de protesta contra las erradicaciones forzadas
  2. Wilson Javier Jirado Barrios. Muerto por disparos de la Policía el 30 de marzo en Barranquilla en el contexto de una asonada contra una patrulla de la Policía que estaba llevando a cabo en el barrio 7 de abril.
  3. Joven NN muerto en la localidad Rafael Uribe Uribe en Bogotá por miembros de la Policía el jueves 2 de abril a las 10.00 de la noche, quien estaría incumpliendo las medidas de aislamiento preventivo obligatorio.
  4. Bernardo Paredes Sevillano. Muerto el 5 de abril de 2020, fue detenido previamente en un retén de la Fuerza Meteoro de Armada Nacional en las afueras del casco urbano de Tumaco, en el Kilómetro 5 de la vía al mar en el sector de la Carbonera.
  5. Yilber Andrés Yatagüe, joven indígena de 14 años, muerto el 15 de abril por disparos de arma de fuego en el patio de su casa en zona rural del Municipio de Toribío (Cauca) mientras tropas del ejército perseguían un grupo de las denominadas disidencias Dagoberto Ramos. Las autoridades indígenas investigan los hechos.
  6. Joven de 17 años muerto por disparos del ESMAD en el Municipio de Codazzi (Cesar) el 22 de abril mientras un grupo de unas 70 personas adelantaban protestas por falta de ayudas alimentarias por la emergencia del Covid-19.
  7. Leidy Villa. Educadora del municipio de Ituango, fue reportada como muerta en operaciones militares por parte de integrantes de la VII División del Ejército contra disidencias del Frente 18 el pasado 16 de abril, a pesar de que reconocen que ella “era cabeza de hogar y no aparecía para inteligencia militar como miembro del grupo armado ilegal”.
  8. Ángel Artemio Nastacuas Villareal, indígena Awa, ejecutado por tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército, el 22 de abril mientras se desarrollaban protestas ante la arremetida de erradicación forzada de cultivos intensificada por el Estado al amparo de la emergencia.

 

  1. DESAPARICIONES FORZADAS

Durante el estado de excepción de emergencia económica, social y económica se han continuado denunciado la continuidad de casos de desapariciones forzadas[27]. El 13 de abril la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes denunció que por espacio de 4 días se presentaron incursiones de las denominadas Disidencias de las Farc – Frente Carlos Patiño, en los corregimientos de Santa Clara, Sinaí, El Mango y El Encanto, así como en las instalaciones donde se desarrollan proyectos productivos de la Nueva Área de Reincorporación de Argelia llevando a cabo destrucción de bienes, hurto de semovientes e insumos de estos proyectos, y declarando objetivo militar a líderes de los reincorporados y  a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos integrantes de la Asociación campesina de trabajadores de Argelia ASCAMTA, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca y de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Corregimiento el Plateado[28]. En recorridos casa por casa, los hombres armados preguntaron con lista en mano por los líderes sociales y los excombatientes, acusándolos de oponerse tanto a los cultivos de uso ilícito como a la presencia armada de las llamadas disidencias en la región. Según la Revista Semana, “a pesar que en el territorio, hay una amplia presencia militar de la XXIX Brigada del Ejército, es esta estructura delincuencial (Frente Carlos Patiño) la que tiene el control armado del territorio”, y por 4 días las comunidades soportaron las intimidaciones y atropellos “ante la mirada indiferente de las autoridades”.

En un comunicado, el Partido FARC denunció que tanto el llamado Frente Carlos Patiño como el Frente Jaime Martínez vienen desarrollando una intensa confrontación con el ELN en ese municipio y en esta disputa se han presentado desplazamientos, asesinatos, heridas a campesinos, despojos y desapariciones forzadas entre estas “la desaparición forzada de al menos cuatro campesinos, entre ellos el señor YAMEL DAZA el día miércoles 8 de marzo”[29].

Por último, las organizaciones de familiares, de víctimas, de apoyo y de derechos humanos agrupadas en la Mesa de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Coordinación Colombia –Europa – Estados Unidos denunciaron los graves riesgos de impunidad y de denegación del derecho a la verdad que conlleva la Orden proferida por la Procuraduría General de la Nación en el Oficio emitido el 3 de abril por intermedio de la Procuradora Delegada para las Entidades Territoriales y el Diálogo Social, ordenando a los autoridades distritales y locales que con carácter de urgencia procedan a la inhumación de los cadáveres que han permanecido en las morgues de sus municipios en condición de no identificados, identificados aún no reclamados y con características de ser personas de pobreza de solemnidad.

Esta medida resulta a todas luces irracional, innecesaria, desproporcionada y vulneratoria del derecho inalienable de miles de familias de personas desaparecidas y de víctimas de desaparición forzada a la identificación, entrega de sus seres queridos, y el derecho a conocer la verdad sobre lo sucedido con las personas que han padecido la desaparición forzada u otras formas de desaparición, de los cuales cerca de 120.000 casos se han dado en el contexto del conflicto armado o la violencia política que ha padecido el país por varias décadas. Por estas razones, las organizaciones de la Mesa de Trabajo han exigido derogar estas disposición y han solicitado al Ministerio Público, que, contrario a lo pretendido con el oficio a los alcaldes donde se pone en riesgo la identificación y entrega de las personas desaparecidas y víctimas de Desaparición Forzada, deben velar porque los derechos a la verdad y a la identificación y entrega de las personas desaparecidas sean debidamente garantizados por las autoridades locales, departamentales y nacionales con responsabilidad en el tema.

El documento completo se puede descargar en el siguiente enlace:

_________________________

[1] El Colombiano. Denuncian que más de 16.000 cédulas de Ingreso Solidario no existirían. 14 de abril de 2020. En: https://www.elcolombiano.com/colombia/procuraduria-denuncia-que-irregularidades-en-cedulas-de-ingreso-solidario-ML12805797

[2] El Parche Crítico. Imágenes de Represión a ancianos y personas que protestan por hambre en Barrio Potosí, Bogotá. 16 de abril de 2020. En: https://twitter.com/ElParcheCritico/status/1250655883035660290

[3] Publimetro. Denuncian represión de cacerolazos en Ciudad Bolívar por parte de la Alcaldía de Bogotá. 16 de abril de 2020. En: https://www.publimetro.co/co/noticias/2020/04/16/denuncian-represion-de-cacerolazos-en-ciudad-bolivar.html

[4] Imágenes de Represión violenta a protestas sociales espontáneas en Ciudad Bolívar, Bogotá, el 14 de abril de 2020. En: https://twitter.com/heidy_up/status/1250258796196384768

[5] Caracol Radio. “Siguen Multando al Personal Médico”·. 14 de abril de 2020. En: https://caracol.com.co/emisora/2020/04/14/videos/1586863893_054548.html

[6] El Tiempo. “Sitios del país con más gente multada por hacer ‘conejo’ a cuarentena”. 2 de abril de 2020. En: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/ciudades-de-colombia-con-mas-comparendos-por-violar-cuarentena-480310

[7] El Espectador. “¿Qué puede hacer si le imponen una orden de comparendo en la cuarentena?”. 24 de marzo de 2020. En: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/que-puede-hacer-si-le-imponen-una-orden-de-comparendo-en-la-cuarentena-articulo-911198

[8] El Tiempo. “Policía revela a qué y a dónde salen los colombianos en el aislamiento”. 17 de abril de 2020. En:

https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/coronavirus-a-donde-y-por-que-salen-los-colombianos-en-cuarentena-485098

[9] Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. “Amenazas de grupos armados en Ciudad Bolívar”. 3 de abril de 2020. En: http://www.comitedesolidaridad.com/es/content/amenazas-de-grupos-armados-en-ciudad-bol%C3%ADvar

[10] Contagio Radio. “Paramilitares de AGC amenazan con limpieza social en Ciudad Bolívar”. 3 de abril de 2020. En: https://www.contagioradio.com/paramilitares-de-agc-amenazan-con-limpieza-social-en-ciudad-bolivar/

[11] Alcaldía de Medellín. Riesgo Social Medellín Covid – 19. Abril de 2020. Pag. 19

[12] La Silla Vacía. “Los combos de la Comuna 8 de Medellín están en modo ‘solidarios’.”. 24 de abril de 2020. En: https://lasillavacia.com/los-combos-comuna-8-medellin-estan-modo-solidarios-76373

[13] Casa de la Mujer. Van 12 mujeres asesinadas por su pareja en cuarentena; fines de semana, los más violentos. 7 de abril de 2020. En: https://www.casmujer.com/index.php/2020/04/07/van-12-mujeres-asesinadas-por-su-pareja-en-cuarentena-fines-de-semana-los-mas-violentos/

[14] Pulzo. “Joven dice que fue abusada y robada por policías que la detuvieron por «violar cuarentena», 30 de marzo de 2020. En: https://www.pulzo.com/nacion/mujer-dice-que-policias-abusaron-robaron-cuarentena-bogota-PP871588

[15] Contagio Radio. “En cuarentena mujeres temen ser víctimas de violación por parte de la Policía”. 4 de abril de 2020. En: https://www.contagioradio.com/en-medio-de-cuarentena-mujeres-temen-ser-victimas-de-violacion-por-parte-de-la-policia/

[16] Pulzo. “2 policías habrían violado a joven detenida en un CAI por no acatar cuarentena”. 21 abril 2020. En: https://www.pulzo.com/nacion/denuncian-que-policias-violaron-mujer-cai-cali-PP884468

[17] Entrevista de Yolanda Ruiz con la Ministra de Justicia Margarita Cabello en la emisión de la mañana de RCN Radio el 23 de marzo de 2020.

[18] Corte interamericana de Derechos Humanos. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Sentencia de 7 de junio de 2003. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.

[19] RCN Radio. Veintitrés muertos en La Modelo tras intento masivo de fuga: Minjusticia. 22 de marzo de 2020. En: https://noticias.canalrcn.com/nacional/veintitres-muertos-en-la-modelo-tras-intento-masivo-de-fuga-minjusticia-354376

[20] RCN. El Fiscal Francisco Barbosa se destapa en Noticias RCN. Entrevista de Juan Lozano al Fiscal General de la Nación. 5 de abril de 2020. En: https://noticias.canalrcn.com/justicia/el-fiscal-francisco-barbosa-se-destapa-en-noticias-rcn-355032

[21] Ministerio de Justicia y del Derecho. Decreto 546 de 14 de abril de 2020.

[22] El Espectador (28 de abril de 2020. “COVID-19 en las cárceles: van 324 contagios confirmados y tres muertes.” https://www.elespectador.com/coronavirus/covid-19-en-las-carceles-van-324-contagios-confirmados-y-tres-muertes-articulo-915830

[23] Ibidem.

[24] Fiscalía General de la Nación. Fiscalía evalúa varias hipótesis para determinar los responsables penales por los disturbios ocurridos en la cárcel La Modelo de Bogotá. 24 de marzo de 2020. En: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/fiscal-general-de-la-nacion/fiscalia-evalua-varias-hipotesis-para-determinar-los-responsables-penales-por-los-disturbios-ocurridos-en-la-carcel-la-modelo-de-bogota/

[25] ONU. informe del Sr. Christof Heyns, Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. 6 de agosto de 2014. Documento A/69/265. Parr. 30

[26] Fiscalía General de la Nación. “Pronunciamiento del Fiscal General de la Nación sobre motines ocurridos en cárceles este 21 de marzo”. 12 de abril de 2020. En:  https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=jelPNjk-JEM&feature=emb_title

[27] El Espectador. “Incursión de las disidencias en Argelia (Cauca) deja cuatro campesinos desaparecidos.” 15 de abril de 2020. En: https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/digales-que-la-orden-es-tumbarlos-ultimatum-tres-lideres-sociales-de-putumayo-articulo-913981

[28] Revista Semana. “Casa por casa, disidencias buscan líderes sociales y reincorporados en Argelia”. 13 de abril de 2020. En: https://www.semana.com/nacion/articulo/disidencias-buscan-a-reincorporados-del-partido-farc-en-argelia-casa-por-casa/663373

[29] Partido Farc. Comunicado a la Opinión Pública. 14 de abril de 2020. En: tps://twitter.com/PartidoFARC/status/1250073502343970816