*Registro fotográfico Ordeurca

Desde la Asociación MINGA, exaltamos el trabajo de la Guardia Campesina que organizada junto al tejido de voluntades comunitarias de Sotará, Popayán, Timbío y La Sierra, custodian la vida en tiempos de pandemia, mientras el Estado se ausenta en medio de la la violencia ambiental, política, social y armada que no cesan.

En el marco de la crisis causada por la pandemia, el Cauca es uno de los departamentos en  donde la violencia se sigue presentando con mayor intensidad. La arremetida de los grupos armados se ha caracterizado por el apoderamiento y control territorial; disidencias, grupos paramilitares y carteles continúan disputando la ruta de comercio del narcotráfico.

Desde el nororiente pasando por las montañas de Corinto, Miranda y Toribio y atravesando por los municipios de Buenos Aires, Suárez, Jambaló y toda la región de El Naya, que serpentea desde la zona de cordillera del macizo camino hacia el océano pacífico, se padece del virus de la violencia desde hace ya varias décadas. Durante la pandemia, grupos armados que controlan la ruta,han tenido el escenario perfecto para su arremetida contra las comunidades organizadas, pueblos negros, indígenas y los liderazgos sociales que de alguna manera obstaculizan su accionar. Todo ello en medio de la alta presencia de fuerzas militares y policiales, que pese a las solicitudes y ruegos de las comunidades, hicieron caso omiso, permitiendo el asentamiento y agresiones  de  organizaciones criminales y paramilitares autodenominadas “Frente Carlos Patiño”

Bajo este funesto panorama la comunidad denuncia la connivencia de los grupos armados y las fuerzas militares, dinámica que ha dado un buen aliento para el fortalecimiento de la violencia en la zona, mientras la pasividad de las instituciones gubernamentales, a nivel departamental y nacional,  dió lugar al crecimiento de estas estructuras  criminales y paramilitares que agotan la vida de la población.

Para el pueblo caucano la guerra no es el único flagelo vivido en esta época, pues el hambre también agolpa. Las y los jornaleros que devengan del día a día, los liderazgos sociales y quienes se han visto desterrados por la sombra del conflicto, enfrentan la crisis desde el rebusque y sostenidos en comunidad: con el compartir desde lo que se tiene y no de lo que sobra, con esa sabiduría popular de repartir la panela, el plátano, la leche y el café pues “donde come uno comen tres”. Lazos de solidaridad propios de la cultura campesina y comunitaria que ante la adversidad han sabido tejer con humildad.

Los intercambios de alimentos promovidos por la Gobernación del Cauca son acciones insuficientes y están centralizadas en Popayán, y los auxilios económicos, subsidios y ayudas humanitarias siguen siendo promesas incumplidas por parte de la institucionalidad. Así lo afirma Walter Quiñones, líder de la Organización Para el Desarrollo Urbano y Campesino -ORDEURCA- e integrante del CNA, señalando: “Al Gobierno no le importa el campo porque sus acciones están enfocadas en la ciudad, quienes están controlando el campo son las comunidades campesinas.” Refiriéndose al nivel de respuesta que el Estado ha dado al manejo del COVID-19 en la ruralidad y la manera en que las comunidades se han organizado para cuidar y proteger la vida y el territorio.

Desde el 23 de marzo, con el estallido de la crisis sanitaria y la negligencia estatal, 200 Guardias Campesinos de ORDEURCA provenientes Sotará, Popayán, Timbío y La Sierra,  iniciaron el ejercicio de cuidado y control comunitario para evitar la llegada del COVID-19. En principio esta iniciativa fue liderada como parte de su labor organizada, pero se necesitaban más manos para cuidar la inmensidad de su territorio, así que, como es propio del campesinado cuidar la vida, muchos se sumaron al llamado. Se articularon con las Juntas de Acción Comunal y procesos comunitarios cercanos, también surgieron acciones espontáneas, donde campesinas y campesinos prestos a resguardar el bienestar colectivo, crearon puestos de control de manera voluntaria hasta alcanzar 350 personas día y noche dispuestas a realizar este ejercicio.

Los puntos de control de guardia aseguran que el ingreso y la salida de las y los habitantes se haga bajo las mejores condiciones para evitar brotes epidémicos; los protocolos permiten la salida de personas con pico y cédula, salen también quienes tengan urgencias de salud o se deban aprovisionar de alimentos. Los vehículos pasan también cuando se trata de una situación de emergencia, o transportan alimentos y personas enfermas.  La mayoría de estas acciones guiadas por las limitaciones que se enmarcan en el decreto 531 del 8 de abril del 2020.

Este protocolo, contempla además la descontaminación.  Con alcohol y las bombas de fumigación manual de espalda, que generalmente utilizan para la realización de sus actividades agrícolas, se desinfecta a las personas y vehículos que ingresan a su comunidad. También utilizan sahumerios de eucalipto y otras plantas de medicina ancestral.

Las campañas de sensibilización realizadas en los puestos de control y en las veredas también son pieza fundamental en este entramado de acciones para la prevención. Preguntas como: ¿qué pasaría si nos contaminamos en el territorio?, ¿cómo podemos hacer control de esta enfermedad? Son las formas de pedagogía con las que han hecho un llamado a la conciencia.

Para sostener a quienes están en los puestos de control, los líderes y lideresas han hecho colectas, trueques entre familias, han vendido anchetas campesinas y también han acudido a su economía personal como una forma de mantener esta apuesta colectiva.

Desde la Asociación MINGA reiteramos la importancia del acompañamiento a estas iniciativas que desde siempre han contribuido a la protección y cuidado de los territorios y exalta el valor de las guardias, cuidadoras y cuidadores que son quienes se han encargado de la protección ante la inasistencia y olvido del Estado.

Consideramos que estas acciones no son minúsculas, pues el entramado social en esta zona del Cauca ha sido fundamental para frenar la llegada de la pandemia a sus comunidades. Podríamos decir que la Guardia Campesina junto a quienes participan de este ejercicio, constituyen la “Primera Línea” en la ruralidad que enfrenta el COVID-19 por trochas y veredas. Son quienes le han puesto el pecho a la crisis sanitaria, porque son conocedores del precario sistema de salud con el que cuentan y de su vulnerabilidad por la negación del  Estado Colombiano a reconocer al campesinado como sujeto de derechos.

Las y los campesinos que están en los puestos de control no cuentan con las condiciones de bioseguridad necesarias, han logrado autogestionar algunos tapabocas e implementos de desinfección para su autoprotección. La violencia continúa al acecho, pues las amenazas y los asesinatos no cesan. No son inmunes, pero la Gobernación ha dejado en sus espaldas la responsabilidad de cuidar de sus territorios y de quienes los habitan. Allí la institucionalidad no ha hecho mucho para frenar la guerra, o para dotar dignamente los puestos de salud y centros hospitalarios; ningún aporte ha llegado desde el Estado para la descontaminación personal ni vehicular y tampoco para su sostenimiento. Y, aun así, día y noche durante todos los días de la semana estos valerosos 350 guardias campesinos (hombres y mujeres) le hacen frente a la muerte para proteger la vida.

“Proteger la vida individual es proteger la vida colectiva”.

CNA