Las acaloradas y populistas declaraciones que Santos ha utilizado en diferentes situaciones le han salido caras. Particularmente la declaración efectuada el fin de semana tras los ataques de las FARC, en las cuales manifestó que destruirá las casas de civiles desde donde sean atacadas las Fuerzas militares, ha despertado numerosas críticas.
Diferentes líderes políticos, sociales, defensores de derechos humanos, y organizaciones indígenas y campesinas, han manifestado su repudio a las declaraciones del presidente que, a más de ser violatorias del DIH, re victimiza a quienes deben sufrir en carne propia las consecuencias del conflicto.
La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca -ACIN- CXHAB WALA KIWE, señalo que la medida declarada por el presidente “(…) no es un acto militar, sino que de realizarse constituye un crimen de guerra”. ACIN recordó que el ataque y las represalias contra bienes civiles están prohibidos por el artículo 3 del IV Convenio IV de Ginebra, Artículo 52 de Protocolo Adicional I del Derecho Internacional Humanitario.
La orden internacional declara que si un actor armado, en violación de las normas de la guerra, utiliza un bien civil como escudo, el actor enemigo debe abstenerse de atacarlo, y, de haber dudas, se debe presumir que se trata de bienes civiles protegidos que no pueden ser atacados.
La orden del presidente no solo es inoperante pues, en medio de una confrontación armada es prácticamente imposible discernir la presencia o no de personal civil en el bien, y mucho menos el consentimiento de la misma. La propuesta presidencial se aproxima mas a una política de “guerra preventiva” norteamericana, con las irregularidades y consecuencias negativas por todos conocidas, que una política que realmente permita una “Seguridad Democrática”.
Frente al la propuesta de instalación del batallón de alta montaña, la ACIN resalto que la instalación de este tipo de instalaciones pone a la población civil en medio del fuego cruzado de actores en disputa por el control territorial.
Sumado a esto se recuerda al gobierno que, según la “(…) declaración de la ONU sobre los derechos humanos de los Pueblos Indígenas -que es fuente indiscutible de derechos en Colombia- se establece que cualquier operativo y proyecto de infraestructura de tipo militar en territorios indígenas debe contar con el consentimiento libre, previo e informado de las autoridades y comunidades.”
Dadas las numerosas críticas que ha despertado las declaraciones presidenciales, el ministro de defensa y los comandantes de las fuerzas militares se han visto avocados a declarar en numerosos medios de comunicación la necesidad de “matizar” la propuesta presidencial, con el fin de suavizar el desproporcionado tono de las declaraciones.
