Siguiendo el mandato emanado de la Asamblea comunitaria realizada el día 22 de abril de 2018 en el municipio de El Tarra, la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, conformada por procesos sociales y comunales para dar respuesta a la crisis social, política y económica que se presenta en la región, convocó la Segunda Misión de verificación de la situación de derechos humanos y DIH, con el objetivo de recoger, visibilizar y dar a conocer a las autoridades correspondientes para su inmediata intervención, las denuncias de vulneración a la población civil.

La 2da Misión de verificación se realizó del 14 al 18 de mayo de 2019, en dos rutas definidas tras la identificación de lugares cuyas comunidades han realizado alertas y preocupantes denuncias. Inició en la ciudad de Ocaña y visitó los municipios de Hacarí, Convención, El Carmen, San Calixto, Teorama, El Tarra y Tibú, donde finalizó. En su realización contó con el acompañamiento de Ministerio del Interior, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo/Regional Ocaña, Naciones Unidas/DDHH, MAPP-OEA; con las organizaciones de derechos humanos Corporación Construyendo Poder Democracia y Paz/ PODERPAZ, Equipo Jurídico Pueblos y Asociación MINGA, Con los medios de comunicación El Espectador, Periferia Prensa y Colombia Informa y con los observadores internacionales Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia /REDHER y Acción Internacional por la Paz /IAP.

Para la Segunda Misión es claro que el contexto ha cambiado en relación a la 1ra misión realizada del 14 al 18 de mayo de 2018. Se ha reducido considerablemente la confrontación entre insurgencias y, actualmente, toma mayor relevancia los riesgos que trae para la población civil el aumento drástico de la Fuerza Pública en el Catatumbo. A esta situación deben sumarse los 10 casos de asesinatos de líderes sociales durante el 2018 en la región y los 4 casos en lo que va corrido del 2019, según el registro de la Oficina de Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos. En cuanto a las amenazas que se presentan, dicha Oficina señala el riesgo inminente, especialmente, para los líderes comunales que impulsan el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito, quienes han tenido que desplazarse de manera forzada.

De acuerdo a la información de la Policía Nacional, en la región se han presentado 266 homicidios durante el 2018 y abril del 2019. La mayoría de estos casos son homicidios contra agricultores y realizados con arma de fuego y explosivos. Para este año, Naciones Unidas ha documentado 23 casos de personas entre civiles y combatientes afectadas por Minas Antipersonales y Munición Sin Explotar (MAP/MUSE).

A continuación señalamos la generalidad de los hallazgos de la 2da misión de verificación en cada municipio visitado, en tanto afectaciones a derechos económicos, sociales y culturales, implementación de los acuerdos de paz, al ambiente y vulneraciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario/DIH, haciendo énfasis, de acuerdo a las denuncias expuestas por la totalidad de comunidades visitadas, en las acciones cometidas por parte de tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA del Ejército Nacional de Colombia.  Acciones que podrían relacionarse con las denuncias conocidas recientemente en el país, sobre directrices al interior de esta institución que exigen aumentar resultados operacionales aunque esto signifique afectar a la población civil, como ya está sucediendo en la región del Catatumbo, donde las comunidades viven bajo un ambiente de zozobra permanente.

Principales vulneraciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario

Las denuncias hechas por la comunidad presentan rasgos comunes y ciertos patrones que se pueden identificar durante el recorrido por cada uno de los municipios. Son reiteradas las denuncias por los siguientes hechos:

–Señalamientos y estigmatizaciones contra comunidades y líderes comunales y sociales que son permanentemente señalados como guerrilleros y/o auxiliadores de las insurgencias.

-Disparos indiscriminados contra campesinos y líderes sociales. En los municipios se denunciaron casos en los que el Ejército dispara contra la población civil mientras se encuentran trabajando, cuando se acercan a reclamar cuidado por las fuentes de agua y algunos casos contra líderes sociales.

–Operaciones militares indiscriminadas. Tropas del Ejército Nacional realizan disparos en campo abierto y/o contra lugares habitados por población civil, lo que ha generado zozobra y afectaciones en viviendas ocupadas por familias campesinas y muertes a semovientes, violando el principio de distinción del DIH. Las comunidades se refieren a estos hechos como combates simulados o falsos.

–Torturas físicas y psicológicas. Tropas del Ejército Nacional han cometido tratos crueles, inhumanos y degradantes a campesinos a los cuales señalan como integrantes y/o auxiliadores de grupos insurgentes. Se han presentado casos de allanamientos ilegales en los cuales maltratan física y psicológicamente a civiles a quienes les roban sus pertenencias y les destruyen sus lugares de residencia.

–Falsos positivos judiciales contra civiles reconocidos por sus comunidades y juntas de acción comunal como campesinos sin nexos con actores ni actos ilícitos. Las denuncias evidencian que la estigmatización en contra de las comunidades se ha extendido al campo judicial

-Retenciones ilegales a población civil. Integrantes de la fuerza pública restringen el derecho a la libre movilidad de los pobladores de la región, por espacio de hasta 4 horas y ordenan a la población señalar datos de presidentes de las Juntas de Acción Comunal -JAC-, líderes sociales y docentes.

-Empadronamientos. Se exige a las comunidades presentar sus documentos de identificación los cuales son fotografiados al igual que los rostros de las personas. Algunos documentos de líderes son retenidos y no han sido devueltos a pesar de reiteradas solicitudes.

Utilización de civiles encubiertos en operaciones militares, en el marco de desarrollo de retenes y patrullajes con personas que ocultan el rostro con pasamontañas utilizando algunas prendas de uso exclusivo militar, generando permanente zozobra en las comunidades.  

–Aparición de panfletos y letreros alusivos a grupos paramilitares (AUC – AGC) en cascos urbanos y veredas con alta militarización. Los hechos se han presentado durante y en momentos inmediatamente posteriores a la presencia de  tropas del Ejército Nacional.

-Deforestación, control y contaminación de las fuentes de agua: de acuerdo con las denuncias hechas por la comunidad de los municipios de Hacarí, Teorama, San Calixto y El Tarra, el Ejército Nacional a través de la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA No.3, ha desarrollado una estrategia de ocupación y posicionamiento en los filos de las montañas y nacimientos de agua, talando una gran cantidad de árboles y haciendo uso de zonas de reserva ambiental y fincas de propiedad privada. Además, contamina el agua que surte a las veredas y corregimientos ocasionando problemas de salud y de falta de abastecimiento de agua potable a la población civil. Las comunidades manifiestan que han intentado hacer control frente a la recuperación de los espacios de nacimiento del recurso hídrico y han sido víctimas de amenazas, retenciones arbitrarias, y objeto de fotografías y vídeos durante sus desplazamientos.

Con el objetivo de verificar estas denuncias, la Misión Humanitaria junto con líderes y lideresas sociales del municipio de Hacarí intentaron acercarse al nacimiento de agua de la vereda Mesa Rica, pero el Ejército Nacional – Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA #3 lo impidió. Procedió a interrogar a los delegados de la Misión de Verificación, argumentando que no habían sido informados, pese a que todas las autoridades civiles y militares ya habían sido notificadas con antelación a esta jornada. Sin embargo y frente a ello, negaron la entrada de los delegados de la comisión para hacer verificación del estado actual de los nacimientos de agua. 

Derechos económicos, sociales y culturales:

En materia de vías, salud, educación y condiciones socioeconómicas, se verifica que a pesar de la visibilización de denuncias y exigencias de las comunidades en el marco de la Primera Misión de verificación, no se han presentado cambios significativos en los municipios. En todos los puntos visitados, se denuncia falta de personal médico, de equipamiento técnico y precariedad de la infraestructura de centros de salud. Además, no cuentan ambulancias adecuadas lo que dificulta la atención en poblados rurales y pone en riesgo la seguridad de los pacientes, agravada con los traslados en las pésimas condiciones de infraestructura vial.

La misión reafirma los hallazgos de hace un año y denuncia que los centros educativos de la región no cuentan con personal docente y administrativo suficiente para cubrir las necesidades de la población estudiantil; así como la falta de materiales pedagógicos e implementos tecnológicos que garanticen una educación de calidad. Se subraya la falta de personal capacitado para el acompañamiento psicosocial de los menores, especialmente en zonas en donde se presentan enfrentamientos armados.

El impacto psicosocial y los efectos que en este campo se están generando en las comunidades, hablan de una vulneración del derecho a vivir sin humillaciones. Los pobladores son insistentes en manifestar que se sienten sometidos a relaciones de dominación y degradación y que sus proyectos de vida se están viendo afectados, por lo que incluso dudan si deben insistir en su permanencia en el territorio.

Las comunidades manifiestan que la falta de reconocimiento a su labor campesina como productores de alimentos y las malas condiciones de las vías para la comercialización de sus productos, impiden que tengan ingresos suficientes para sobrevivir. Por esta razón, reclaman apoyo estatal a las formas de economía campesina y solidaria que lideran las organizaciones sociales y Juntas de Acción Comunal.

En el recorrido, los líderes y lideresas sociales expresaron su descontento por la falta de información y transparencia por parte del Gobierno Nacional frente a la implementación de los -PDET-. Estos líderes participaron activamente hasta la fase subregional en donde se firmó el Plan de Acción para la Transformación Territorial -PATR- en la ciudad de Cúcuta, les reconocieron varias iniciativas y recursos asignados. Sin embargo, denuncian que desde la entrada del Gobierno actual, no se ha convocado a las comunidades a participar de su implementación y que se necesita una respuesta concreta por parte de las entidades nacionales respecto a las restricciones que se tienen en esta zona como parte de la Reserva Ambiental para definir, de acuerdo a ello, los alcances de las propuestas territoriales que tienen las mismas comunidades.

Respecto a la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS manifiestan que el Ejército Nacional ha venido amenazando a sus habitantes trabajadores con erradicar forzosamente los cultivos. Ellos y ellas mencionan que siguen creyendo en una posible implementación del PNIS en sus terrenos, pues tienen la voluntad de adelantar una política concertada de sustitución.

EXIGENCIAS

A todos los actores armados que hacen presencia en la región del Catatumbo Ejército de Liberación Nacional- ELN, Ejército Popular de Liberación EPL, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC:

-El cese inmediato de toda confrontación armada.

-Respeto al Derecho Internacional Humanitario, especialmente, a los principios de distinción y de proporcionalidad que se encuentran vulnerados en la ocupación de predios de las comunidades.

-Asumir compromisos de descontaminación de los territorios donde hay minas antipersonales y munición sin explotar artefactos que ponen en riesgo a la población civil.

-Adoptar mecanismos de evaluación e investigación interna sobre la actuación de sus fuerzas, que permitan la prevención y sanción adecuada de abusos contra las comunidades de la región.

Al Ejército Nacional de Colombia:

– Respetar el Derecho Internacional Humanitario: especialmente, a los principios de distinción y de proporcionalidad que se encuentran vulnerados en el involucramiento de civiles en asuntos de índole militar, en la ocupación de bienes civiles de las comunidades y predios de los cuales derivan su subsistencia y en las afectaciones de las que han sido víctimas familias que han quedado en medio de confrontaciones militares causándoles afectaciones materiales y psicológicas.

– Evitar su presencia en cascos urbanos y escuelas: esta situación aumenta el riesgo de la población civil y especialmente de niños y niñas.

-Cesar los disparos indiscriminados en ocasiones dirigidos hacia los sitios de residencia de la población civil y sin combate aparente.

-Tratar dignamente a la población civil. Se percibe un aumento de la estigmatización y presión que genera un ambiente de permanente angustia y zozobra.

-Garantizar la seguridad de los líderes y lideresas sociales y de las comunidades en general.

– Detener los empadronamientos y la cooptación irregular de datos de las comunidades.  

-Investigar las denuncias y detener los hechos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

– Frenar las detenciones arbitrarias y abuso de judicialización (o amenaza de esta) como mecanismo de intimidación y represión contra las comunidades.

-Investigar y tomar medidas concretas frente a todas las denuncias presentadas en este informe de Verificación.    

Al señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez:

-Garantizar la vida y los derechos humanos de la población civil de la región del Catatumbo.

– En calidad de comandante en jefe de la Fuerza Pública, velar por el respeto del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

-Como jefe de Estado, garantizar que los planes, programas y proyectos de inversión en la región del Catatumbo respondan a las necesidades territoriales de sus comunidades como lo manifiesta este informe y que garanticen la transformación de sus condiciones de vida.

– Garantizar que la inversión social se ejecute a través de las entidades correspondientes y no, a través de jornadas cívico-militares que en este contexto, ponen en riesgo a la población civil.  

A la Unidad de Víctimas y la Secretaría de Víctimas, Paz y Posconflicto:

-Reconocer e incluir a las víctimas en el Registro Único de Víctimas de conformidad con la ley de víctimas 1448.

-Activar según los lineamientos de la ley 1448 los planes de reparaciones individuales y colectivas correspondientes a las afectaciones vividas durante el control paramilitar y aquellas que son producto de la actual confrontación armada que se presenta en la región. Fue reiterativa la queja frente a la falta de respuestas concretas a las víctimas de esta región.

A los organismos de defensa de Derechos Humanos nacionales e internacionales, en cabeza de la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, así como a los entes de Control en Cabeza de la Procuraduría y Contraloría Nacional y Congresistas:

-Velar por la superación dialogada del actual conflicto que afecta la región del Catatumbo.

-Velar por la minimización de los impactos del conflicto armado actual en la población y generar garantías de protección a los líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos de la región.

– Acompañar de manera efectiva a las comunidades del Catatumbo y ejercer un rol de mediación con los distintos actores que hacen presencia en el territorio.

-Al Ministerio del Interior garantizar que todas las denuncias tengan seguimiento y respuesta efectiva.

– A la Oficina de Naciones de Unidas para los Derechos Humanos hacer seguimiento y verificación al cumplimiento de las exigencias aquí manifiestas.

-A la Defensoría del Pueblo emitir quejas formales a las entidades correspondientes de las denuncias recogidas durante esta Misión de Verificación. Y cumplir con el compromiso adquirido frente a las comunidades respecto a los talleres sobre víctimas e implementación de los PDET.

-A la Comisión de Paz del Congreso de la República hacer acompañamiento a las comunidades de la región del Catatumbo y ejercer control político a los funcionarios responsables de cumplir las exigencias expuestas.

-A la Procuraduría General de la Nación, iniciar las investigaciones y procesos formales que correspondan de acuerdo a las denuncias acá presentadas y presentar públicamente los avances de dichos procesos.

– A la Misión de Verificación de Naciones Unidas ampliar el ejercicio de seguimiento y verificación alrededor de todos los puntos de implementación del Acuerdo de Paz.

Al Estado colombiano y a las autoridades departamentales y municipales:

–       Garantizar el derecho a la libre circulación para que las personas puedan transitar sin obstáculos o temor por un territorio (Corte Constitucional, Sentencia T-202/13).

  • A la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, al Gobernador y alcaldes, incluir en los planes nacionales, departamentales y municipales de inversión, así como en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-, la participación de las comunidades y responder a las denuncias manifiestas en este informe de verificación.
  • Al Ministerio de Ambiente y a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – Corponor, investigue y tome medidas frente a las denuncias sobre deforestación y contaminación de nacimientos de agua en los municipios mencionados.

Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo

Conozca aquí el Informe completo Segunda Misión Catatumbo 2019