Artículo periodístico de La Silla Vacía
Aunque el presidente Iván Duque dijo hace una semana que su gobierno ha logrado reducir la tasa de asesinatos contra líderes sociales gracias a la implementación del Plan de Atención Oportuna, PAO, que presentó en noviembre, los reportes de la ONU muestran una realidad menos positiva.
Según esa organización, en la que se ha basado Presidencia para diagnosticar el problema, las muertes han crecido este año. Eso sin contar con que el número de amenazas, según la Defensoría del Pueblo, está disparado.
A esas alertas, que se volvieron a encender en la agenda mediática tras el fallido atentado contra Francia Márquez y 16 líderes más en el norte del Cauca, se sumó una carta de 260 académicos al Presidente, pidiéndole que tome acciones y reconozca que el problema ha venido creciendo.
Efectivamente, los avances del PAO no han impactado en el terreno, y sus temas de fondo siguen en el punto de partida.
El inflado anuncio
Cuando Iván Duque cumplió 100 días en el Palacio de Nariño, en noviembre, presentó como una de sus victorias tempranas el lanzamiento del PAO, su estrategia para atajar la ola de asesinatos, amenazas y atentados contra líderes sociales.
Dijo que su gobierno estaba tomando “acciones coordinadas”, “actuando como un todo” para frenar ese fenómeno, y reiteró que en su mandato no se “toleraría” la violencia contra líderes.
Además, presentó una hoja de ruta para la estrategia y firmó un decreto para ponerla en marcha, que dieron la sensación de que pronto habría resultados. Pero seis meses después casi todo sigue igual.
La principal razón está en que lo que Duque presentó como una gran acción no tenía tanto fondo y no se pensó para dar resultados inmediatos.
Por un lado, el decreto solo creó una comisión de los ministerios de Justicia, Interior y Defensa, la Unidad Nacional de Protección, UNP, la Policía y el Ejército, como responsables de armar y aterrizar la estrategia.
Por otro, el documento en su mayoría era un diagnóstico que reconoció la sistematicidad de los hechos de violencia y la necesidad de reconocer sus causas y atacarlas, pero que trazó pocas metas concretas.
En su lugar, planteó que el Estado se movería en tres líneas gruesas: una para la articulación y reingeniería institucional (que incluye la comisión del decreto); otra enfocada en llegar a los territorios con más riesgo; y una para desarrollar una estrategia de comunicaciones que lucha contra la estigmatización de los líderes sociales.
La primera línea es la estructural, porque crea la ruta interinstitucional para la atención a los líderes, habla de centralizar y organizar la información, de hacer una reingeniería dentro de la UNP y plantea el esclarecimiento de los delitos que se se han cometido. Pero es muy poco lo que se ha avanzado en esos frentes.
Según reportes internos del Mininterior, los logros en ese frente son la creación de una línea de atención directa en la UNP y la firma de un convenio para la creación de un sistema que unifica los reportes de todas las entidades.
Sin embargo, sobre la reingeniería de la UNP, que es clave porque la idea es hacer más eficientes las decisiones sobre medidas de protección, solo es claro que se han formulado 84 observaciones, pero no a qué le apuntan ni qué están haciendo para adoptarlas.
En contraste, la atención del Gobierno se ha centrado en el segundo eje, que es el que le da pantalla a los funcionarios el que menos impacta de fondo el problema.
Muchas cámaras, poca acción
Desde diciembre la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ha visitado 26 municipios que son epicentro del conflicto en el país, junto a delegados de los despachos que quedaron al frente del PAO.
Si bien ese despliegue ha servido para recoger información, en la práctica, según dos altos funcionarios del Gobierno que pidieron la reserva de su nombre para ahorrarse problemas, se ha quedado corto.
“Las mesas son espacios tan abiertos, que no dan cabida para tomar decisiones de fondo. Es algo así como una rendición de cuentas, pero nada que impacte de fondo. Eso ha sido frustrante porque el instrumento no sirve”, nos dijo una de esa fuentes. La otra nos dio una versión similar.
Según el reporte oficial, las visitas han servido para atender 39 alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y definir medidas de protección en 109 casos
La cifra es muy baja partiendo de que, según reportes de la Defensoría del Pueblo, solo entre marzo de 2018 y febrero de este año se registraron más de 900 amenazas y que solo en lo corrido de 2019, hay al menos 50 muertes -la ONU habla de 51 e Indepaz de 60 a corte de abril-.
Sobre los resultados de la Fiscalía en cuanto al esclarecimiento de los hechos, tampoco hay puntos de encuentro.
Primero porque las cifras bases no coinciden.
Mientras que oficialmente Presidencia habla de 274 asesinatos entre 2016 y lo que va de año (los toma de la ONU), el Cinep reporta 648 a corte de 2018, Indepaz 702 con corte a abril y la Defensoría más de 500, también contando lo que va de este año.
Segundo, porque defensores de derechos humanos dicen que no hay claridad sobre los 157 casos que se reportan como esclarecidos.
“Las dudas son principalmente porque no hay desmantelamiento. Si hay un nivel de esclarecimiento tan alto, lo lógico sería que en esa misma proporción o en al menos una muy similar estuviera el nivel de acción, pero eso no es lo que está pasando”, dijo a La Silla Diana Sánchez, coordinadora de la ONG Somos Defensores.
Tampoco ha habido avances sobre la creación del cuerpo de jueces especiales que se desplegaría en territorio para garantizar que los procesos se movieran y garantizar justicia, que presentó con bombos y platillos Duque arrancando el mes.
El Consejo Superior de la Judicatura, encargado de crear y eliminar despachos judiciales, le dijo oficialmente a La Silla que aún no se han reunido para definirlo, y que por ahora lo único que hay es el anuncio de Duque.
“Si usted quiere mirar el PAO, entiéndalo como una estrategia de Gobierno. Es válida, tiene una lógica sana, pero que no ha impactado el problema ni el territorio”, dijo a La Silla un alto funcionario que pidió no ser citado.
En cuanto a la formulación de la política pública de protección y prevención, hasta ahora está despegando.
El pulso con los líderes
Cuando arrancó el mes, el Ministerio del Interior presentó una ruta para construir la política pública para la prevención y protección de líderes sociales, e invitó a organizaciones de derechos humanos a participar.
Básicamente a lo que le apunta es a discutir con ellos qué debe contener esa política, para posteriormente crear un documento Conpes que, con resultados medibles, aumente la seguridad de los líderes.
Hasta ahora ha habido una reunión en el Ministerio del Interior en la que se trazaron las líneas gruesas de la discusión, y se estableció que en septiembre debería estar formulada la política.
De entrada, La Silla supo que entre las organizaciones hay reparos porque la formulación habla de protección y prevención, y creen que se necesita un enfoque integral que incluya la llegada del Estado a territorios vulnerables y el desmantelamiento de estructuras armadas.
Además, hay un problema de fondo: sienten que aunque el programa habla de construir sobre lo construido, eso no es lo que está pasando.
“Hay un desconocimiento casi completo de toda la normativa que dejó el Acuerdo de Paz. En ese momento hubo espacios de construcción y aunque hay cosas que se pueden mejorar, lo que está pasando es que estamos partiendo de cero”, le dijo a La Silla Christian Mantilla, investigador de CorpoPas.
En esa línea, hay dos reclamos claves.
Uno es que la Comisión Nacional de Garantías, la instancia interinstitucional que creó el Acuerdo para crear estrategias para la desarticulación de organizaciones criminales, se debe reactivar y ser protagónica.
La otra es que el decreto 660 de 2018, que firmó el Gobierno Santos e incluye una política de protección de líderes sociales en la era posacuerdo, sea implementado.
San José de Uré, municipio del sur de Córdoba en donde el jueves Los Caparrapos asesinaron delante de sus vecinos a tres campesinos que estaban dentro del programa de sustitución de cultivos ilìcitos, estaba incluido dentro de los pilotos que arrancó el Gobierno Santos en el marco de ese decreto.
La idea era que allí, así como Guapi en el Cauca, la Comunidad de Alto Mira y Frontera en Nariño, y el Tarra en el Catatumbo, se implementaran acciones de protección colectiva.
Aunque en la era Santos alcanzaron a concertarse, en la de Duque no se implementaron.
Tanto la Procuraduría como la Defensoría están en la misma línea que las organizaciones, pidiendo que no se ignore lo que ya existe.
Todos coinciden también en que hay que formular la política cuanto antes, pero como organizaciones y gobierno sectores entrarán a negociar, es probable que los tiempos no sean tan exactos.
“Si hay concertación entramos, pero si nos damos cuenta de que van a ignorar todo lo que propongamos y solo nos van a usar para decir que estuvimos presentes no tendría sentido participar”, dijo Sánchez de Somos Defensores.
Empezó, ahora sí, la cuenta regresiva.
