Compartimos el comunicado de Techo Común, ante las recientes amenazas a líderes y defensores de DDHH, especialmente en el caso de José Humberto Torres. El 2015 inició con una nueva ola de panfletos amenazantes contra reconocidos y reconocidas dirigentes políticos, defensores y defensoras de derechos humanos, reclamantes de tierras, líderes y lideresas sociales. Estas acciones amenazantes se dirigen contra personas y organizaciones que realizan un trabajo por la construcción de paz, defensa de los derechos humanos y defensa del territorio.
Uno de los casos que refleja la gravedad del riesgo que pesa sobre estos sectores, es el del abogado José Humberto Torres, quien además de figurar de manera reiterada en varios de los panfletos, es el blanco de un plan criminal para acabar con su vida, fraguado presuntamente por paramilitares recluidos en la Cárcel de Barranquilla, entre los que figura Yonnis Rafael Acosta Garizabalo “alias 28”. Según la información reportada por las propias autoridades, en la planeación de la acción, habría participado un teniente de la Policía Nacional. Agrava esta situación la suspensión de manera inconsulta e injustificada de la protección policial que hacía parte del esquema de seguridad del defensor.
La situación de extremo riesgo por la que atraviesa José Humberto Torres, afecta al conjunto del movimiento de derechos humanos y paz, y requiere de resultados prontos y efectivos en materia de investigación y protección por parte de las autoridades, para garantizar su vida e integridad personal.
Después de 7 años de interlocución con el Gobierno Nacional para lograr garantías para la defensa de los derechos humanos, es imperativo que este proceso genere resultados concretos y efectivos. El Estado en su conjunto debe por tanto, comprometerse de manera inmediata a garantizar la vida e integridad personal de todas las personas comprometidas con el proceso de paz, la defensa de los derechos humanos y del territorio, que han sido amenazadas.
Las plataformas que suscribimos el presente comunicado, insistimos en nuestra preocupación por la falta de resultados en las investigaciones frente a las sistemáticas amenazas y otro tipo de ataques de que han sido objeto personas que defienden derechos humanos y desarrollan un trabajo por la paz, en especial integrantes del Frente Amplio por la Paz y personas de las organizaciones sociales y de derechos humanos de las cuatro plataformas de derechos humanos y paz. Mientras los autores de las amenazas y agresiones no sean identificados, investigados y sancionados por parte de la Fiscalía y los órganos de juzgamiento, mantendrán y extenderán sus acciones.
Este panorama pone en entredicho la intencionalidad y capacidad estatal para garantizar la vida de futuros liderazgos,en un eventual escenario de posconflicto.
¡El avance hacia la paz también es una cuestión de garantías!
