La emergencia económica, social y ecológica decretada por el gobierno el 17 de marzo de este año, como respuesta a la llegada del COVID 19 al territorio nacional, deja en evidencia que el virus más extendido y descontrolado en el país, no es el covid, sino la violencia y el hambre. La crisis humanitaria, que ya es estructural en Colombia, se desnuda ante los ojos indiferentes de la institucionalidad, y el Putumayo no es ajeno a ello, todo lo contrario, la violencia y el abandono estatal se ensañan cada vez más con este territorio andino amazónico, mientras siguen expandiéndose el narcotráfico y avanzando las economías extractivas.
Crisis social y humanitaria
Según la encuesta de calidad de vida de 2018[1], la intensidad de pobreza multidimensional en el Putumayo es del 40,3 %; el indicador de trabajo informal es del 91%, el indicador de bajo logro educativo está entre un 60-70%, el 50.3 % de la población NO tiene acceso a agua potable. Estos indicadores, desalentadores por demás, se hacen más críticos en el contexto de la pandemia y las medidas de confinamiento, que impiden la movilidad del altísimo porcentaje de trabajadores informales, pero sobre todo frente a la profundización de un modelo de desarrollo departamental que no es sustentable ni social, ni cultural, ni ambientalmente. El Putumayo depende económicamente, en buena parte, de las industrias extractivas, (minería y petróleo) y del Turismo, esto dentro de las economías “legales”.
A 2019 el 71% de Putumayo estaba concesionado para exploración y explotación de hidrocarburos. En 2020, bajo la nueva modalidad “Proceso Permanente 2020, bajo la nueva modalidad “Proceso Permanente de Asignación de Áreas”, la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, tiene 11 contratos disponibles con áreas ubicadas en Puerto Asís, Valle del Guamuez, Mocoa, San Miguel, Orito, Puerto Guzmán, Villagarzón y Puerto Caicedo. También las comunidades denuncian la reactivación de un contrato minero que afecta a Mocoa y al corredor hacia el Alto Putumayo, frente alo cual están adelantando acciones en defensa del territorio.
Como es sabido, las industrias extractivas no son generadoras de empleo y por el contrario se “construyen” ambientes económicos caracterizados por ser efímeros e inestables, transforman y desplazan las actividades económicas tradicionales, cambian los usos del suelo, impactan profundamente el ambiente y conforman circuitos socioeconómicos asistenciales, pues asumen el papel de beneficiarios e incluso de proveedores de bienes y servicios en los territorios de enclave caracterizados por el abandono estatal, abandono y ausencia institucional y presupuestal, que parece a veces programada y concertada para legitimar la presencia de las empresas de un lado, y para crear una necesidad en las comunidades que justifique el ingreso de esta industria, del otro.
Esta es la dinámica del Putumayo en las regiones en donde los enclaves petroleros y mineros siguen creciendo, pues como lo decíamos antes, un gran porcentaje del departamento está concesionado, atentando no solo contra la sostenibilidad social y económica de su población y la soberanía alimentaria, sino contra la diversidad biológica y cultural de este departamento andino amazónico.
Es de destacar que el gobierno nacional excluyó la actividad minera y petrolera del confinamiento obligatorio y en el Putumayo la extracción petrolera se ha dado continuamente en marzo y abril de 2020, con todo lo que implica: transporte de crudo en carrotanques que entran y salen constantemente del territorio, hacia otros departamentos y hacia la frontera con Ecuador, poniendo en alto riesgo a las poblaciones campesinas, indígenas y Afro de las zonas con plataformas y pozos petroleros.
En cuanto al turismo, la cuarentena nacional y las medidas de control departamentales hicieron que esta actividad, de la que depende un sector importante de la población, esté paralizada y por ende, no estén percibiendo ningún tipo de ingreso. Si bien el turismo estaba tomando mayor fuerza en el departamento posterior a los Acuerdos de Paz, pues en realidad la percepción de seguridad en el territorio creció; la ausencia estatal y la falta de presencia institucional de forma integral, el incumplimiento en la implementación especialmente del punto 1 y 4 del acuerdo, y la permisividad (y en algunos casos complacencia/connivencia como ha sido denunciado por comunidades y organizaciones) de las autoridades y fuerza pública con los grupos narcotraficantes y armados, ha puesto al Putumayo como uno de los más violentos del país; esto y el riesgo de covid, afectan directamente al sector turismo.
Pero el extractivismo y la pandemia son solo algunos de los problemas sociales que aquejan a la población putumayense. Sin duda, la economía de la coca, instrumentalizada por el narcotráfico, sustenta en buena medida la dinámica socioeconómica del territorio en el medio y bajo Putumayo y constituye un importante renglón de ocupación para la población, contribuyendo de forma determinante (al igual que las industrias extractivas), en la pérdida de soberanía y seguridad alimentaria, profundizando el conflicto armado y la violencia, y rompiendo con los tejidos comunitarios y culturales, como lo veremos a continuación.
La disputa por el control social y territorial y las agresiones contra las comunidades y los liderazgos sociales
En el departamento del Putumayo, posterior a la firma de los Acuerdos de Paz Gobierno-FARC EP, hacen presencia distintos grupos armados que se disputan el control territorial y el negocio del narcotráfico: disidencias del frente 1 Carolina Ramírez y del frente 48 de las FARC, este último, según informes recientes, estaría operando conjuntamente con grupos narcotraficantes y reductos paramilitares autodenominados como “La Mafia” “estructura heredera del paramilitarismo al mando de Héctor Orlando Bastidas alias “Bonito”[2], especialmente en los municipios de Puerto Asís, San Miguel, Valle del Guamuéz y Puerto Guzmán. También se da cuenta de la presencia de estructuras narcotraficantes internacionales que se han aliado territorialmente con estos grupos armados. Todo esto sucede en medio del decreto nacional de confinamiento, el decreto departamental que refuerza aún más las medidas de control de la movilidad , el toque de queda y la presencia permanente de policía y ejército, encargados de hacer cumplir – a cabalidad – la cuarentena[3].
Pese a la altísima militarización, los asesinatos y agresiones en contra de la población y particularmente en contra de líderes y lideresas sociales, aumenta. Entre enero y junio de 2020 han sido asesinados, Gloria Isabel Ocampo secretaria de la Junta de acción comunal -JAC- de la vereda la Estrella en Puerto Guzmán, Yordan Tovar directivo del sindicato de trabajadores campesinos agrícolas del Putumayo y miembro de marcha patriótica, Biron Rueda Ruiz quien fue presidente de la JAC vereda la 18 en la frontera con Ecuador, Luis Alberto Parra y Jader Parra de la JAC de Villa Fátima en Puerto Guzmán, Emilio Campaña, Oscar Quintero Valencia, Gentil Hernández Jiménez, Diego Alejandro Nuñez, Guillermo Jojoa Jamioy, Edison León López, y Leydi Viviana Trompeta, indígena perteneciente al Cabildo indígena Nasa Kuesh Kiwe.
Otro de los crímenes atribuidos a las estructuras del frente 48 y la Mafia, es el de Marco Rivadeneira, asesinado el 19 de marzo, presidente de ASOCPUERTOASIS, miembro de la junta directiva del Coordinador Nacional Agrario CNA y del Congreso de los Pueblos, delegado a la plataforma de Derechos Humanos Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos CCEEU. Marco lideraba un proceso de transformación productiva con 7 veredas del corredor Puerto Vega Teteyé, con el que se busca transitar de las economías de la Coca a las economías campesinas agroalimentarias. En medio de esa lucha, y en desarrollo de los compromisos con las comunidades, fue asesinado. Cabe resaltar, que ese proceso es producto de una mesa de concertación entre las comunidades del corredor Puerto Vega, (que venían siendo presionadas y agredidas por la fuerza pública en operativos de erradicación forzada) y el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, proceso que inició en agosto de 2019. Este proceso está siendo retomado por los líderes de las siete veredas en medio de una situación de zozobra cada vez mayor, de la movilización social en contra de la erradicación forzada, y de la represión estatal. Además de los asesinatos a líderes/as sociales, en el primer semestre de 2020 han sido asesinados 4 excombatientes de las FARC que se encontraban en proceso de reincorporación: Daniel Jiménez Ospina, Juan Carlos Castillo Certijama, Angel Alberto Calderón Ruiz y Raul Lipence Peruche; Algunos de estos homicidios afectaron directamente el territorio del Pueblo Nasa, resguardo Kwinas Cxhab, que ve amenazados sus derechos colectivos y territoriales, y se ha declarado en Asamblea Permanente.
También las agresiones a las dirigencias sociales a través de amenazas aumentaron durante la cuarentena. Jani Silva, representante de la Zona de Reserva Campesina “Perla Amazónica”, el diputado Andrés Cancimance, excandidato a la gobernación, Yuri Quintero, Yule Anzueta, y Wilmar Madroñero quienes pertenecen a la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte (Cauca) y Cofanía Jardines de Sucumbíos (Nariño), han sido amenazados de muerte, algunos de ellos tuvieron que salir del departamento.
Estos hechos, aunados a la intimidación que produce la presencia y control permanente de estos grupos en el territorio, y dentro de las comunidades , hace que el Putumayo hoy, sea uno de los departamentos en dónde más líderes sociales están siendo agredidos y en dónde las comunidades están siendo presionadas, amedrentadas y desplazadas.
Pese a que en la segunda semana de abril el ejército y la policía anunciaran “golpes” en contra de los grupos narcotraficantes y las disidencias, como la captura de Abel Antonio Loaiza, disidente del alias “Azul”, disidente del frente 48 de las FARC, a quien responsabilizan de dirigir las caravanas de la muerte; el desmantelamiento de un laboratorio de procesamiento de coca del frente 1 Carolina Ramírez en Puerto Leguízamo; la crisis de Derechos Humanos durante la llamada “cuarentena por Coronavirus” está arreciando, y las acciones institucionales a nivel local, regional y nacional, son absolutamente insuficientes.
La Erradicación Forzada
El balance de implementación del punto 4 del acuerdo de Paz, especialmente en lo referente a la sustitución voluntaria no es alentador en el departamento. Según datos de naciones Unidas en el año 2019, veinte mil campesinos arrancaron de manera voluntaria más de doce mil hectáreas
-has- de coca en el Putumayo y más de once mil familias firmaron acuerdos en el Putumayo para sustituir 7.000 has de Coca, sin embargo, el incumplimiento sistemático del gobierno, la ausencia de programas productivos sostenibles, el control armado territorial que ejercen los paramilitares y mafias, y la erradicación forzada, sumen a la población en una crisis humanitaria sin precedentes.
Aunque las comunidades cultivadoras de coca se han manifestado de manera pacífica en movilizaciones y asambleas permanentes, exigiendo sus derechos al mínimo vital, a la salud, a la permanencia en el territorio, han recibido represión estatal y cada vez más operativos de erradicación forzada. Según el portal rutas del conflicto, en el departamento Putumayo se han registrado durante el 2020 alrededor de 17 incidentes graves en medio de la erradicación forzada. Así mismo durante los últimos tres meses estos operativos dejaron a un joven gravemente herido en la vereda San Diego del Municipio de Puerto Caicedo, la muerte del campesino Educardo Alemeza Papamija del corredor Puerto Vega Teteyé y de un joven menor de edad de la comunidad Awá en el municipio de Villagarzón, todos ellos por la acción desproporcionada de la fuerza pública.
Es importante destacar, que pese a la existencia de una mesa de concertación entre el Ministerio del Interior y comunidades del corredor Puerto Vega Teteyé, varios de los operativos de erradicación han sido adelantados en las veredas que hacen parte de ese proceso: la Esmeralda, Caucasia, Nueva Granada, en dónde se realizaron operaciones de erradicación solo dos días después del asesinato de Marco Rivadeneira. También se denunciaron operativos en el Resguardo el Descanso en Puerto Guzmán desde el 11 de abril.
Durante el mes de Julio más de 800 personas de las comunidades del corredor Puerto Vega – Teteye se movilizaron, cansadas de las agresiones recibidas en el marco de estas erradicaciones forzadas y de la indiferencia estatal, han exigido al gobierno nacional la instalación de una mesa de concertación donde se aborde la problemática de manera integral, y que paren las violaciones a los derechos humanos de las que han sido víctimas. Nuevamente, solo unos días después de las movilizaciones, en un operativo violento de erradicación forzada en Villagarzón, es asesinado un menor de edad.
Estas acciones represivas demuestran la falsa voluntad de diálogo del gobierno nacional y sobre todo, la hipocresía del llamado a la “unidad nacional” en un contexto de evidente emergencia frente a la pandemia.
Las comunidades afectadas se encuentran hoy frente a una situación de alto riesgo por los siguientes factores:
- La introducción del COVID 19 a la región por parte de los integrantes de la Fuerza Pública y del grupo de erradicadores quienes provienen de lugares en donde hay circulación del virus.
- La realización del operativo sin ningún tipo de protocolo sanitario que reduzca la propagación del virus a través de los agentes externos.
- La pérdida de garantías para la seguridad alimentaria de esta población en un contexto de extremas restricciones para la generación de ingresos.
- Los frecuentes abusos de la Fuerza Pública, ya denunciados en todos los casos similares, especialmente por la ausencia de entidades de control regionales y nacionales, y de organismos internacionales.
La política antidrogas de este gobierno se centra en la persecución a los cultivadores, familias campesinas, indígenas y afrocolombianas, que por diversas circunstancias, empezando por el abandono estatal, se han visto abocadas a depender de la economía de la coca en el Putumayo. Pese a que muchos de ellos firmaron acuerdos dentro del PNIS, que han sido incumplidos por el gobierno, otros no entraron en los programas derivados del Acuerdo de Paz; sin embargo, la situación de incertidumbre es la misma para todos.
¿Cómo se garantizará un mínimo vital para las familias cultivadoras que son sujetos de erradicación forzada? ¿Cómo se evitará una crisis humanitaria como la que se presentó en los años 90 y primeros años del 2000 con el plan Colombia?
¿Qué avances hay en políticas públicas que garanticen a campesinos, indígenas y afrodescendientes implementar proyectos productivos con seguridad de mercado y precios justos para el productor, para la sostenibilidad y recomposición económica de las regiones y territorios?
Quisiéramos ser menos pesimistas, pero la cruda realidad del Putumayo habla por sí misma. La violencia del narcotráfico y el paramilitarismo sigue recorriendo impunemente este bello territorio, y la única respuesta que el gobierno le da al pueblo Putumayense es la militarización, la corrupción y la represión. Pese a ello, otra vez, la resistencia, la defensa del territorio y la búsqueda de una vida digna, continúan orientando el andar de estas comunidades.
