Entrevista a nuestra directora y coordinadora de Somos Defensores, Diana Sánchez sobre situación de riesgo de líderes y defensores de DDHH en Colombia.

Un total de 37 defensores de derechos humanos fueron asesinados en el país entre enero y junio de 2013. El documento señala que el período comprendido entre los meses de enero y junio de 2013 ha estado marcado por “una tensión constante en temas políticos y de derechos humanos”, en alusión a las protestas del gremio cafetero en mayo pasado y una larga protesta campesina de 53 días, que concluyó el fin de semana en el Catatumbo.

Para Diana Sánchez, vocera de Somos Defensores, “hay regiones en las que los actores armados han estado muy fuertes porque hay poblaciones que son muy resistentes y no quieren salir del territorio”. El informe también se refiere a las actividades de apoyo en las conversaciones de paz entre el Gobierno y las Farc, en La Habana, como la marcha del 9 de abril o el foro que se realizó sobre la eventual participación política de la guerrilla.

“El discurso político del Gobierno es muy fuerte y ayuda a que la gente sienta la necesidad de defenderse porque se supone que con políticas públicas y discurso político estarían protegidos. Pero hay actores armados, bandas criminales y desconocidos que cuando sienten que un líder o una Ong ponen en entredicho sus mafias o sus territorios, no tienen ningún empacho en asesinarlos”, agregó Sánchez.

Y ese es el caso de 37 defensores de derechos humanos que le dieron el título al informe de “Héroes anónimos” y a los que rinde homenaje con un perfil de cada uno, porque “nadie los reivindica” y son “gente pobre que no recibe sueldos ni prestaciones por su labor, que suele vivir en zonas alejadas de la atención del Estado y que quedan desamparados, porque a las autoridades no le parecen importantes”.

El informe destaca igualmente que en el primer semestre de 2013 ha habido una reducción del 5,6% de las agresiones individuales. La recomendación del programa Somos Defensores hecha al Gobierno es que busque la concordancia entre “un discurso político” favorable a la defensa de los derechos humanos y unas acciones que evidencien problemas en la cobertura de la seguridad, en la protección de los activistas y en las dinámicas sociales.