Si quisiéramos definir un proceso social como radicalmente alternativo, uno de esos criterios fundamentales sería el de la participación; de ella depende la armonización y desarrollo de las culturas, la convivencia social y ambiental que es, al fin de cuentas, la esencia de lo político. Todos los conflictos que derivan en violencias, por lo general tienen sus orígenes en la manera como se adoptan las decisiones en un mundo que es absolutamente diverso, en sus gentes y en sus naturalezas. El empobrecimiento, por ejemplo, como el fenómeno más característico de la crisis que vive la humanidad en estos tiempos, es producto de cómo se distribuye la riqueza o el acceso a los bienes, y ello corresponde esencialmente a una decisión política. Y en el caso de Colombia, si revisamos la historia, bien podríamos concluir que la concentración de la riqueza es directamente proporcional a la concentración de las decisiones.
Las transformaciones de los graves conflictos que hoy reclama la humanidad y el país no serán posibles ni estables si no hay cambios en los sistemas de decisión, institucionales y sociales, que permitan la efectiva participación en la concertación de las alternativas y sean asumidas como políticas públicas suficientemente legítimas; es decir, enraizadas en la conciencia y la práctica de la gente, más allá de ser consignadas en un texto. Para tal fin, se requiere avanzar en la superación de las lógicas de representación y centralización que reflejan las estructuras jerárquicas surgidas de una falsa clasificación de las relaciones humanas y naturales, en la cual se sustenta el clasismo, el racismo, el patriarcado y el antropocentrismo (eso de que el ser humano –antropos- es una especie superior).
Las sociedades constituidas con base en tales criterios no son libertarias; por el contrario, tienden a ser autoritarias en todos sus ámbitos. Es preciso erradicar la idea de que sin centralismo no hay organización y que con diversidad no hay coherencia; el representativismo que delega el poder y el centralismo que homogeniza no reconocen las autonomías y definitivamente no constituyen prácticas emancipatorias. Los pueblos originarios y los estallidos sociales en nuestra Latinoamérica, en particular, vienen manifestando insistentemente y de diferentes maneras la necesidad de cambiar las formas de organización de las sociedades y las comunidades.
En esas condiciones, el propósito de fortalecer los sujetos sociales de cambio que le deberían dar sostenibilidad al proyecto histórico instalado ahora como Gobierno Nacional, se estrella con una limitada conciencia política del pueblo colombiano producto de siglos de un fuerte centralismo, soportado en una democracia representativa que ha enmascarado la violenta concentración de la riqueza y la consiguiente desigualdad social. Es un régimen impuesto entonces para la exclusión política que aisló a las mayorías de las decisiones de país, tanto por el descreimiento que produjeron las eternas promesas incumplidas y la corrupción del establecimiento, como también por el terror fomentado alrededor de tales contextos. Un régimen que buscó legitimarse a través del asistencialismo y creó una dependencia de la voluntad popular, reduciendo la política a la demanda de reivindicaciones parciales al Estado en los estrechos márgenes de una democracia restringida, muy a semejanza de una dictadura.
Por lo tanto, convocar a los sectores sociales a la construcción de lo público en clave de cambios históricos, implica caminar en la descentralización de la organización social y del Estado con orientación despatriarcal. En segundo lugar, derivado de lo anterior, asumir que lo público se construye en dos dinámicas: en lo institucional y en lo social, donde esta última es el componente determinante del proceso. Y, tercero, que desde un enfoque territorial, es necesario fortalecer la articulación del gobierno institucional con el gobierno comunitario, definir metodologías eficaces de cómo encajar las políticas nacionales en la materialización de los planes de vida, y viceversa.
«Convocar a los sectores sociales a la construcción de lo público en clave de cambios históricos, implica caminar en la descentralización de la organización social y del Estado con orientación despatriarcal»
Los escenarios de diálogo que el gobierno del Pacto Histórico viene promoviendo, pueden interpretarse que van en línea con esa participación protagónica que busca la emergencia de los sujetos sociales de cambio, y que pretende también un replanteamiento del papel del Estado y su relación con la sociedad para la construcción de lo público. Los diálogos regionales vinculantes para definir los contenidos específicos de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo, basados en la justicia social, la justicia ambiental y la paz total; junto con el proceso de la Convención Nacional Campesina en el marco de la implementación de la reforma agraria y el desarrollo rural integral, como política central del programa de gobierno, son acciones muy significativas que indican cambios en el viejo régimen político excluyente y antidemocrático.
Como gobierno de transición, afronta las resistencias al cambio de los sectores conservadores de la sociedad, donde los poderes del capital pretenden legitimarse para mantener los privilegios consolidados en más de 40 años de neoliberalismo. Esta disputa se manifiesta frente al manejo soberano de las relaciones internacionales, a la reconversión del modelo económico extractivista por uno productivo y a la transformación del propio Estado. Pero, primordialmente, esta disputa se vive en la memoria, el sentir y el pensar del pueblo colombiano, donde tiene mucho peso la hegemonía de las comunicaciones, la educación y la cultura. Y urge una articulación fuerte, el llamado de la Ministra de Agricultura es muy inquietante: “»Vamos a una reforma agraria participativa, pero no va a ser posible si no hay liderazgos definidos. Por favor, no más divisiones, se va a perder la oportunidad de la vida».
Quiere decir que habrá necesidad de asumir con mayor decisión la participación organizada en las políticas públicas de cambio, de recurrir a toda la audacia y la creatividad posibles para materializarlas en los distintos territorios. La prioridad no son los diagnósticos y las caracterizaciones, ahora se trata de acondicionar toda la capacidad organizativa en la concreción de las propuestas de país y de territorio, canalizando el respaldo político, técnico y financiero del gobierno central. Las comunidades tienen el saber y las iniciativas para gestionar, ambiental y socialmente, el agua, el bosque, la energía y la alimentación, como expresión de gobierno comunitario.
Dos nuevos escenarios de vinculación de la sociedad para avanzar en los cambios históricos están planteándose en el momento: el diálogo para la paz total y el diálogo para la transición energética justa. En el primero, se conjugan distintas iniciativas de paz, ante una violencia que se muestra más compleja, sostenidas en tres pilares fundamentales: la justicia socio ambiental, la democracia participativa y la proyección regional. La participación en los diálogos regionales para la construcción de la paz, exige de las organizaciones sociales la estructuración de unas propuestas integrales como proyecto de vida para la región, y un fuerte tejido comunitario dispuesto a liderarlo y llevarlo a cabo. Solamente alrededor de estos dos aspectos se garantiza la cohesión necesaria para exigir respeto a la autonomía por parte de todos los actores que afectan los procesos sociales; y no permitir que la violencia se cuele por algún resquicio de división e incoherencia.
«…habrá necesidad de asumir con mayor decisión la participación organizada en las políticas públicas de cambio, de recurrir a toda la audacia y la creatividad posibles para materializarlas en los distintos territorios. La prioridad no son los diagnósticos y las caracterizaciones, ahora se trata de acondicionar toda la capacidad organizativa en la concreción de las propuestas de país y de territorio…»
En el segundo, el Ministerio de Minas y Energía ha convocado el Diálogo Social de los diferentes actores del sistema energético para que, en un período de tres fases, se defina la Ruta de la Transición Energética Justa en Colombia. Un ejercicio que debe conducir igualmente al fortalecimiento de un sujeto social de cambio que le dé sostenibilidad a este otro eje importante de la transformación de la vida del país, si se agrupan las experiencias sociales y comunitarias en un ejercicio similar al de la Convención Campesina. Así tendrá que plantearse frente a otras reformas claves, como la de la salud o la de la justicia, donde se han manifestado también en años anteriores una diversidad de sectores alrededor de múltiples propuestas en cada una de estas áreas.
Finalmente, destacar en la voluntad de enraizar el principio de la participación directa y decisoria en la configuración de una nueva cultura política del pueblo colombiano, la directriz de democratizar la economía, en el impulso de la economía solidaria y popular, a través de medidas trascendentales como la contratación público-comunitaria. Se trata de vincular a la población en la producción colectiva, superando el asistencialismo y el consumismo, otorgando un mayor poder de participación en las decisiones como sujetos prosumidores. Los nuevos mandatos le exigen entonces a las organizaciones sociales mejorar las capacidades técnicas para asumir dichos compromisos, lo que quiere decir que será necesario recuperar las experiencias de las cooperativas como organizaciones especializadas en la economía comunitaria.
Se trata, en fin, de restablecer el Estado Social de Derecho en dos de sus bases fundamentales como lo es la democracia participativa y la descentralización; esa que los procesos territoriales han ejercido a través de los mecanismos de consulta popular, consulta previa, licenciamiento socioambiental, cabildos, referendos, etc., y que habrá necesidad de rescatar en sus propósitos originales. Contrario al autoritarismo y al individualismo neoliberal, la apuesta es integrar acciones democráticas y conciencias solidarias en las decisiones de país, en la construcción de comunidades y sociedades para el buen vivir.
