Compartimos el artículo de PACIFISTA sobre el reconocimiento del Ejercito Nacional al sargento Carlos Eduardo Mora, primer miembro activo del Ejercito en denunciar participación de militares en ejecuciones extrajudiciales. Y a quien la Asociación Minga acompaña jurídicamente en las medidas cautelares impuestas por las CIDH en 2013, tras agresiones y amenazas por su valiente denuncia…

Este miércoles, en un acto cerrado a la prensa, el comandante del Ejército, general Alberto José Mejía, y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, le rindieron homenaje al sargento Carlos Eduardo Mora, el primer militar que se atrevió a denunciar los “falsos positivos”.

El evento tuvo lugar en el Centro Administrativo Nacional (CAN), en Bogotá, donde se reconocieron los esfuerzos de Mora por “hacer todo lo posible para apoyar los valores del Ejército y el respeto por los derechos humanos”, según informó la Embajada de Estados Unidos. Consultada por el acto de reconocimiento, la oficina de prensa del Ministerio de Defensa dijo que se trató de una “actividad interna”, que sólo se daría a conocer una fotografía y que “fue una actividad del Ministro, porque aquí hay muchas condecoraciones todo el tiempo”.

Otras fuentes, al contrario, señalaron que el evento tuvo la mayor trascendencia, toda vez que “el sargento Mora ha sido estigmatizado dentro de la institución como un ‘traidor’ por las denuncias que ha presentado”. Las mismas fuentes señalaron que se trató de un “acto público, pero sobre todo político, que buscó exaltar la acción de un militar que se enfrentó a sus superiores”.

Desde 2005, cuando realizaba labores de inteligencia para la brigada móvil número 15, en Ocaña (Norte de Santander), Mora se enteró de que sus colegas estaban asesinando civiles para presentarlos como guerrilleros y paramilitares muertos en combate a cambio de beneficios económicos y laborales. Vea también: “La jurisdicción para la paz facilitará la impunidad para casos de falsos positivos”: HRW Ese mismo año, el suboficial intentó denunciar los hechos, pero recibió “amenazas de muerte de los oficiales de la brigada”. No fue sino hasta 2008 cuando pudo acudir a la Fiscalía para contar lo que sabía, ayudando a destapar los “falsos positivos” de Soacha (Cundinamarca).

La persecución

En junio de 2013, después de cinco años de colaboración con las autoridades, Mora se vio obligado a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares. Según contó entonces, varios oficiales buscaban callarlo haciendo uso de amenazas e intimidaciones.

Así, narró que en mayo de 2010 un hombre le dijo vía telefónica: “Se va a morir por sapo hijueputa”. Tres años después, un mayor del Ejército lo habría amenazado de muerte desde su sitio de reclusión y, más tarde, otro militar le habría dicho que existía un plan para matarlo. Ya entonces, las declaraciones de Mora habían permitido condenar a un mayor, un teniente, un sargento segundo, un cabo primero y tres soldados profesionales. Su testimonio también tenía contra la pared a mayores, sargentos, coroneles y otros miembros del Ejército.

Rápidamente, Mora se convirtió en el testigo clave de la Fiscalía en las investigaciones sobre la alianza criminal que tejieron los militares para incrementar los resultados operacionales en el Catatumbo. Es por eso que, de acuerdo a la información que le entregó a la CIDH, el sargento había intentado desde 2008 que el Estado lo protegiera. Sin embargo, sólo hasta 2013 le ofrecieron alojarlo permanentemente en las instalaciones de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (Citec), allanadas en 2014 en desarrollo de las investigación por las ‘chuzadas’ que realizó el hacker Andrés Fernando Sepúlveda para desprestigiar el proceso de paz.

Entonces, el suboficial dijo que el ofrecimiento de vivir en la Citec no tenía en cuenta su intención de seguir colaborando con la Fiscalía. Mora también le contó a la Comisión que el Ejército había querido internarlo en una clínica psiquiátrica de Bogotá, de donde había escapado para evitar que se invalidara su testimonio.

Teniendo en cuenta esos hechos, en octubre de 2013 la Comisión le otorgó medidas cautelares al sargento y a su familia, por lo que le ordenó al Estado “preservar su vida y su integridad”, además de diseñar mecanismos de protección “tomando en consideración su rol de testigo, la naturaleza de los procesos en los que interviene y su calidad de miembro activo del Ejército”. Asimismo, le pidió a Colombia investigar el origen de las amenazas y garantizar su no repetición.

Actualmente, Mora sigue colaborando con la justicia y enfrenta investigaciones disciplinarias por suministrarle información a los medios de comunicación.