Compartimos el artículo publicado por el portal Verdad Abierta, sobre las preocupaciones de las familias de algunos casos de falsos positivos de Soacha acompañadas desde hace 8 años por la Asociación MINGA. 

Ocho años después de que se denunciaran estos casos de ejecuciones extrajudiciales, 27 altos militares han sido separados de las fuerzas armadas, pero solo seis coroneles han sido condenados y a ningún general se le han imputado cargos. Las víctimas esperan que Jurisdicción Especial para la Paz no sea un obstáculo para conocer la verdad.

El pasado 8 de febrero se cumplieron ocho años desde que Jaime Estiven Valencia, un menor de 16 años que vivía en Soacha, fue asesinado por un grupo de militares que entregó su cuerpo como el de un guerrillero herido en combate. Estiven fue una de los 14 jóvenes de Soacha que,  ilusionados con unas falsas promesas laborales, fueron transportados hasta Norte de Santander por militares que luego los mataron en Ocaña.

Para su familia han sido un doloroso y extenso proceso judicial. “Son ocho largos años esperando que haya justicia, ocho años de dilaciones. A nosotras nos han puesto tantas zancadillas”, contó María Sanabria, madre de Estiven.

La investigación comenzó en los juzgados de instrucción penal militar, donde no tuvo ningún avance. El 25 de febrero de 2008, luego de que los medios de comunicación destaparon el escándalo de los ‘falsos positivos’, el proceso fue asignado a un fiscal en Cúcuta y año y medio después fue trasladado a Bogotá al fiscal 97 de la Unidad de Derechos Humanos.

El asesinato de los 14 jóvenes fue asumido por dos fiscales de esta Unidad. En un mismo proceso, el fiscal Jorge Pinzón, investigaba la muerte de Estiven, de  Daniel Alexander Martínez y Diego Armando Marín Giraldo. El 11 de noviembre del 2015, luego de cinco años de investigación, por fin se programó la primera audiencia contra 10 militares (algunos todavía activos), pero solo tres de ellos asistieron y la audiencia tuvo que ser cancelada.

“Dentro del sistema penal acusatorio se supone que estos procesos deberían darse de forma más ágil, pero no ha sido así. Ocho años después y no se ha podido hacer la indagatoria, que es la primera etapa”, dijo Pilar Castillo, abogada de la Asociación Minga que lleva dos de estos casos. En la investigación por lo ocurrido con los jóvenes de Soacha, en el proceso más avanzado comenzaron las audiencias en 2009 y aún no hay sentencia.

El último anuncio para María Sanabria fue que el fiscal que hace cinco años llevaba la investigación sería nombrado como fiscal delegado ante la Corte y su caso sería reasignado. “Siento que es volver a empezar de nuevo. Se le cae a uno la moral, nosotras estamos luchando contra poderes muy grandes”, dijo.

Dilaciones de este tipo son solo algunas de las quejas de las familias de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, pues en algunas regiones del país han tenido que insistir hasta por cinco años para que la Fiscalía abra una investigación y el proceso no quede en manos de la Justicia Penal Militar. También les preocupa la incapacidad de los fiscales para vincular a los altos mandos militares, la racha de amenazas contra víctimas y testigos y, en algunas regiones del país, han denunciado presuntas las complicidades de los funcionarios judiciales con los miembros de la fuerza pública imputados.

¿Qué dice la Corte Penal Internacional?

Algunas de estas preocupaciones también son compartidas por la Corte Penal Internacional (CPI), que ha seguido de cerca lo que viene sucediendo con los llamados ‘falsos positivos’. “Si bien parece que las autoridades colombianas han hecho avances en sus investigaciones contra oficiales de alto rango por casos de falsos positivos, la Fiscalía (de la CPI) observa con preocupación los retrasos en facilitar pruebas tangibles y pertinentes que demuestren que las autoridades colombianas competentes están dando “pasos investigativos concretos y progresivos””, dice la Corte en un  informe de diciembre de 2015.

De acuerdo con el documento, la Fiscalía está investigando más de 3.000 casos contra miembros de las fuerzas armadas por presuntos ‘falsos positivos’ cometidos desde 1985, y al menos 837 miembros de las fuerzas armadas han sido condenados por homicidio. Sin embargo, hasta ahora no se ha podido probar si fue un plan orquestado desde las altas esferas militares, pues desde 2012 solo un coronel (6 desde que comenzaron las investigaciones) y dos tenientes coroneles han sido condenados por ejecuciones extrajudiciales. Un mayor, dos capitanes y tres tenientes fueron absueltos.

En junio de 2015, la Fiscalía llamó por primera vez a interrogatorio a cuatro generales de la República, incluido el general (r) Mario Montoya, quien fue comandante del Ejército entre 2006 y 2008 cuando estalló el escándalo de los falsos positivos y estuvo al mando de la IV Brigada en Medellín entre 2001 y 2003 en la época en que se presentaron más casos de ejecuciones extrajudiciales.

Esto hizo parte de una investigación que desde 2013 adelantó  la Dirección de Análisis y Contexto por órdenes directas del Fiscal. Más allá de casos particulares repartidos se trató de mostrar que más que “manzanas podridas” en el Ejército, fue una práctica que ocurrió en casi todo el país en un mismo periodo de tiempo y en la que, por acción u omisión, participaron altas esferas de la fuerza pública.

Pero poco se sabe del curso que siguieron estas indagaciones. “A pesar de las reiteradas solicitudes de información, aún no se ha brindado a la Fiscalía (del CPI) información concreta sobre los sospechosos, los alcances de las investigaciones, la naturaleza de las imputaciones o los pasos que se han dado en las investigaciones”, dice el informe de la CPI. La Dirección de Análisis y Contexto está ahora concentrada investigando los crímenes de las Farc y el Eln y los ‘falsos positivos’ quedaron de nuevo a cargo de la Unidad de Derechos Humanos.

Los ‘falsos positivos´ y la Jurisdicción Especial para la Paz

Las víctimas piden que bajo un sistema de justicia transicional no sea un obstáculo para conocer la verdad. Foto: Asociación Minga.

Desde finales de 2015 el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, habló de la posibilidad de que la Jurisdicción Especial para la Paz estudiaran los casos de militares vinculados en investigaciones por ‘falsos positivos’, bajo el argumento de que se trató de crímenes cometidos en el contexto de la guerra. Aún no se conocen detalles, pero en principio sería una sala de revisión la que entraría a determinar qué casos ocurrieron con ocasión del conflicto y cuáles no.

El país conoció la tragedia de las ejecuciones extrajudiciales a través de los 14 jóvenes de Soacha, donde un grupo de militares los asesinó y los presentó como guerrilleros muertos en combate a cambio de una serie de premios como vacaciones o permisos. Sin embargo, este es sola una de las formas en que funcionó este delito. De acuerdo con la Fiscalía, hay por lo menos siete tipos de ejecuciones extrajudiciales, entre ellos, el asesinato de guerrilleros fuera de combate, el homicidio de líderes sociales señalados de ser supuestos guerrilleros por información de inteligencia y la muerte de civiles a manos de paramilitares que luego fueron entregados a batallones del Ejército.

Delegados de la Corte Penal Internacional han insistido en que  el organismo observará atención  la restricción efectiva de la libertad en condiciones especiales y a la inclusión de agentes del Estado, para lo cual consultaría no solo con el Gobierno, sino también con organizaciones de víctimas.

La mayor crítica en este asunto ha sido la ONG Human Rights Watch, quien ha insistido en sus informes que es imposible que los altos mandos del Ejército no supieran nada de las más de 3 mil ejecuciones extrajudiciales cometidas en todo el país. “El acuerdo prevé que el Tribunal aplicará un régimen de sanciones, que no reflejan los estándares aceptados sobre el castigo adecuado frente a abusos graves, y hacen que sea prácticamente imposible que Colombia cumpla con sus obligaciones vinculantes conforme al derecho internacional de asegurar justicia por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra”, dice su más reciente comunicado.

Aunque apoyan el proceso de paz, algunas organizaciones que acompañan a las víctimas de ‘falsos positivos’ también están preocupadas con el futuro de los procesos, “Si partimos de lo anunciado y estos militares pueden acceder a un descuento de pena, nos preocupa el tema de verdad. No hay claridad sobre el tipo de verdad que tienen que contar”, dijo a VerdadAbierta.com Byron Góngora abogado de la Corporación Jurídica Libertad. Esta fue una de las conclusiones a las que se en el foro Desafíos de la Jurisdicción Especial para la Paz en los Casos de Ejecuciones Extrajudiciales, convocado por la organización.

La preocupación principal no son los años que pasen tras las rejas, sino el alcance que tenga esta jurisdicción para llegar hasta los altos mandos del Ejército. Los agentes del Estado que entren a ser juzgados por un tribunal especial, deben reconocer su responsabilidad en los hechos y contar toda la verdad, pero, tal como está escrito, el acuerdo no contempla por ejemplo una reducción de penas para quien delate a sus otros compañeros o a sus superiores.

“La Fiscalía ha destinado grandes esfuerzos con Dirección de Análisis y Contexto para investigar a las Farc y el Eln, pero no se ha ocupado igual con los agentes del Estado. Nos preocupa los poco que se ha explorado las líneas de mandos, lo que va a generar que  si los casos llegan a esa instancia el tema de altos mandos no va a estar documentado”, dijo el abogado.

Sin que esto se sepa es difícil que las víctimas se sientan reparadas. Cuando le preguntan a María qué tipo de verdad espera de este proceso judicial responde sin dudar: “que me digan de dónde vino la orden”.