Organizaciones territoriales y nacionales nos unimos para hacer un llamado urgente ante la crítica situación de violencia, derechos humanos y humanitaria en el Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta, Norte de Santander

“Porque nada humano nos es ajeno”

En las últimas semanas se han incrementado los hechos de violencia en la región del Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta. Se registraron los asesinatos de 12 campesinos en dos masacres y asesinatos selectivos; así como el desplazamiento de 830 personas. Un grupo de familias se encuentra en la vereda Ambato del municipio de Tibú con aproximadamente 405 personas y el segundo en corregimiento de Banco de Arena zona rural de Cúcuta con al menos 430 personas. Estas comunidades se encuentran en una crítica situación humanitaria y no han sido atendidas debidamente por el gobierno departamental y nacional. Se encuentran a la espera de la protección de las instituciones del estado colombiano para evitar la consumación de mas daños y perjuicios irremediables como los ya ocurridos a pesar de la advertencia sobre esta situación emitidas por parte de la Defensoría del Pueblo mediante la Alerta Temprana Nº 011 – 2020.

A esta situación debe sumarse la reconfiguración del conflicto armado, al retorno de las ejecuciones extrajudiciales, el inicio de las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y las denuncias de presencia de militares estadounidenses en algunas zonas de la región de Catatumbo. Todos estos hechos se configuran en factores de riesgo para la sociedad civil que habita esta zona del país y que tuvo la esperanza de cerrar los ciclos de violencia a partir del proceso de paz con la exguerrilla de las FARC-EP, la mesa de diálogos con el ELN y otros procesos de sometimiento a la justicia de grupos asociados al narcotráfico.

Con el gobierno de Iván Duque esta esperanza se desvaneció. Sus constantes visitas al Catatumbo no se traducen en inversión social y garantías de bienestar para las comunidades. Por el contrario, constituyen un mensaje claro de militarización y profundización de los conflictos para justificar posibles acciones contra Venezuela. Con el aumento de la fuerza militar en la región sólo ha logrado que se presenten nuevos casos de asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, desapariciones y el retorno de las masacres. Además, se presentaron cuatro casos de posibles ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército. Se trata del asesinato de Alejandro Carvajal y Digno Emérito Buendía en medio de dos jornadas de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito; el asesinato del joven Salvador Jaimes Durán en el municipio de Teorama y de Joel Villamizar en Chitagá, Norte de Santander.

En medio de esta reconfiguración del conflicto armado, la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo también ha denunciado la intensificación de las estigmatizaciones por parte del Ejército, el asesinato del líder comunal Carmen Ángel Angarita y la desaparición forzada de Juan Jesús Peinado Mora en el municipio de Convención. A estos hechos debe sumarse la preocupación que genera la posible llegada de militares estadounidenses en medio de los contingentes de hombres que han aterrizado en varios puntos de la región en las últimas semanas y que ponen en riesgo a las comunidades en medio de la pandemia del Covid-19.

Por estos hechos, distintas organizaciones sociales y de Derechos Humanos locales y nacionales manifestamos nuestra preocupación ante los hechos y proponemos los siguientes puntos para evitar el incremento de la violencia e inseguridad en el Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta:

  1. Frenar las erradicaciones forzadas y cumplir lo acordado en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) a las 2698 familias que firmaron acuerdos colectivos de Tibú y las 302 familias de Sardinata.
  2. Promover espacios de diálogo y concertación con familias y comunidades dispuestas a adelantar procesos voluntarios de sustitución y transformación de economías que permitan el buen vivir de las comunidades.
  3. Frenar la militarización de la región y la estigmatización sobre las familias y comunidades campesinas de la región. Poner al frente de las Fuerzas Militares a hombres idóneos que respondan a valores éticos en el ejercicio de sus funciones y no sigan utilizando acciones contrarias a los DDHH como perfilamientos, seguimientos ilegales, ejecuciones extrajudiciales y ataques a las comunidades.
  4. Poner en funcionamiento a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para crear la política del desmonte del paramilitarismo y otros grupos asociados al crimen organizado.
  5. Acatar la Resolución 2532 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que insta a todos los gobiernos y grupos armados donde hay conflicto a cesar hostilidades en el marco de la pandemia.
  6. A los gobiernos departamental y nacional atender con diligencia debida a las familias asentadas en Banco de Arena y Ambato. Así mismo acompañar el retorno con garantías de quienes decidan volver a su territorio.
  7. A la comunidad internacional, especialmente agencias de Naciones Unidas para los DDHH y otras de carácter humanitario a acompañar a estas comunidades.
  8. A la Defensoría del Pueblo a acompañar y garantizar el cumplimiento de los derechos de estas familias, a la Procuraduría General de la Nación a abrir procesos a los funcionarios que incumplan su labor y a la Fiscalía General de la Nación a que investigue los hechos denunciados.
  9. A las comisiones de DDHH y Paz del Senado de la República a que hagan un seguimiento minucioso a esta crítica situación.
  10. Al Gobierno Nacional a que sea responsable con las acciones militares que adelanta en zona de frontera y pone en riesgo la estabilidad regional con Venezuela.
  11. Implementar el Acuerdo de paz, retomar los diálogos con el ELN y adelantar una ruta de sometimiento de otros grupos asociados al narcotráfico.
  12. A Defendamos la paz, plataformas de DDHH y movimientos sociales a que no detengamos nuestras acciones para exigir el cumplimiento del acuerdo de paz y la búsqueda de soluciones políticas al conflicto armado.

Participan en llamado colectivo:

Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA, Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT, Movimiento por la Constituyente Popular MCP, Vivamos Humanos, Ruta de Protección del Nororiente Colombiano, COPAZ, CORPOREDDEH, INDEPAZ, Corporación Cultura Democrática, Fundación Paz y Reconciliación, Asociación MINGA, Fundación PROGRESAR, PODER PAZ, Mesa de Fortalecimiento de Población Desplazada de Norte de Santander, Marcha Patriótica Norte de Santander y Campaña Colombiana Contra Minas.