Boletín 1: La emergencia por el coronavirus y el asesinato de los líderes y lideresas sociales

El anuncio de las primeras medidas de emergencia sanitaria en Colombia propuestas por el Gobierno de Iván Duque para contener la pandemia de COVID-19 ha coincidido de manera preocupante con una serie de agresiones y asesinatos a líderes y lideresas sociales, que han suscitado temor y preocupación entre las organizaciones y redes que defienden los derechos humanos en el país.

El jueves 19 de marzo, un día antes que comenzaran a regir las medidas de confinamiento en varias ciudades y departamentos, y cuando toda la atención de la opinión estaba centrada en los cuidados y temores generados por la pandemia ocasionada por el COVID-19, comenzaron unos días especialmente trágicos para las personas que defienden los derechos humanos.

Ese día fue asesinado en zona rural de Puerto Asís (Putumayo), el destacado líder nacional Marco Rivadeneira, quien fue retirado de una reunión por parte de 3 hombres vestidos de civil y armados y momentos después lo asesinaron, cuando dialogaba con la comunidad de la vereda Nueva Granda en busca de soluciones y alternativas para la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito. Marco Rivadeneira, vocero del Comité Operativo Nacional de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, CCEEU, líder histórico de las comunidades campesinas en Colombia y vocero regional del Proceso Nacional de Garantías, era el más reconocido líder agrario del departamento del Putumayo en los últimos años.

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Boletín 2: Militarización, paramilitarización y negación al amparo del estado de emergencia económica y social

Las condiciones generadas por la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional (Decreto presidencial 417 del 17 de marzo de 2020) y la imposición de severas medidas a la población como el aislamiento obligatorio con el fin de prevenir la propagación de la pandemia del coronavirus no han impedido la continuidad de graves violaciones a los derechos humanos y la represión a diversas manifestaciones de la inconformidad ciudadana. Desde el 6 de marzo, fecha en que se confirmó el primer caso de Covid-19 en el país al menos 10 excombatientes que firmaron la paz han sido asesinados en Sucre, Putumayo, Chocó, Tolima y Meta (1.)

Durante el mismo periodo, 21 líderes sociales fueron asesinados, generalmente en sus casas, o sacados de ellas mientras se resguardaban por la cuarentena para aparecer luego asesinados en otros lugares por los habituales “desconocidos” o “sicarios indeterminados”, quienes sí han podido moverse libremente en medio de las restricciones de movilidad impuestas (2.)

La represión violenta de la Fuerza Pública a sectores que protestan en diversas ciudades y regiones acosados por el hambre o por la destrucción de sus medios de subsistencia tampoco se ha detenido, especialmente por la intensificación en este período de la denominada “guerra” contra las drogas, que se ha centrado en la represión a miles de familias que han venido reclamando la sustitución concertada de cultivos ilícitos y planes alternativos para la subsistencia económica, reclamos para los que el Gobierno no muestra voluntad y dice no tener los recursos, mientras sigue incumpliendo en gran parte los compromisos asumidos con cerca de 90.000 familias que lograron ser incluidas en los programas de sustitución de cultivos acordados en el marco del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las Farc.

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Boletín 3: Violaciones graves a los DDHH por agentes estatales continúan al amparo de la emergencia económica, social y ecológica

Las medidas de excepción impuestas al amparo del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 que decreta la Emergencia Económica, Social y Económica y que han decretado el aislamiento obligatorio de la población con miras a impedir la propagación de la infección del Coronavirus no han impedido la continuidad de las violaciones a los derechos humanos por parte de integrantes de las Fuerza Pública.

Por el contrario, al amparo de la poca presencia de población en las calles y en los territorios, la escasa presencia de mecanismos de control y supervisión pública de sus acciones y la legitimación de acciones represivas contra personas que han transgredido los mandatos de encierro obligatorio, han propiciado un desbordamiento de acciones represivas y vulneraciones a los derechos humanos que se expresan en represión violenta a los sectores marginados que protestan debido al hambre y la desatención oficial, la multiplicación de sanciones pecuniarias y comparendos de manera masiva por parte de autoridades de policía, casos graves de abuso y violencia sexual por parte de agentes estatales, la represión violenta a cualquier reclamo o brote de protesta en las cárceles, y la reactivación de casos de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas cometidas directamente por agentes estatales o por connivencia de los mismos con estructuras criminales paramilitares.

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Boletín 4: Continuidad y sistematicidad de espionaje y persecución a defensores y defensoras desde la Inteligencia Militar Estatal

Una vez más, y como ha sido de manera recurrente en los últimos años, los medios de comunicación han puesto al descubierto operaciones de espionaje ilegal perpetrado desde batallones y brigadas de inteligencia y contrainteligencia que dependen directamente del Comando de las Fuerzas Militares[1]. En esta ocasión, al menos 130 líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos,  entre los que figura el Colectivo de Abogados “Jose Alvear Retrepo”, periodistas nacionales y extranjeros, políticos de oposición e incluso algunos mandos militares que estuvieron vinculados a tareas relacionadas con el proceso de paz, fueron objeto de “perfilaciones” y “trabajos especiales” que implicaban seguimientos, recopilaciones de datos sobre sus comunicaciones privadas, teléfonos, correos electrónicos, lugares de vivienda y trabajos, datos de sus familias y personas de contacto, intromisiones a su intimidad e incluso interceptaciones de sus comunicaciones. Para esto, se utilizaron herramientas informáticas y de software adquiridas mediante de recursos de cooperación de la agencia de inteligencia militar de los Estados Unidos.

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