Aumenta preocupación en organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos en Colombia, tras la nominación de ascensos a por los menos, 7 oficiales militares relacionados con los delitos de ejecuciones extrajudiciales y/o escuchas ilegales. 

Esto quedó claro en una carta enviada recientemente por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos- WOLA-, al Ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Villegas. En la carta, WOLA se refiere a la confirmación del Comando General de las Fuerzas Militares, sobre la nominación realizada por el Cuerpo de Generales y Almirantes,  a 19 Coroneles y Capitanes de Navío para integrar en 2016 el Curso de Altos Estudios Militares (CAEM); nominación donde llama la atención encontrar nombres de militares que han sido públicamente denunciados por falsos positivos y espionaje, y que, actualmente se encuentran bajo investigación o en espera de juicio.

Los militares señalados por la organización internacional son:

Coronel del Ejército Nelson Velasquez Parrado:  Investigado actualmente por la participación en la muerte de 15 personas ejecutadas extrajudicialmente entre enero y octubre de 2007 en el departamento de Antioquia; por este hecho se enfrenta a los delitos de persona protegida, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y falsedad en documento público. Con 26 años de servicio, antes de su «entrega» el pasado 10 de diciembre de 2015, se desempeñaba como director del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, sostuvo además cargos como director de Ingenieros de Combate y comandante del Batallón Especial Energético Vial No. 8 MY. Mario Serpa.

Coronel del Ejército Marcos Evangelista Pinto Lizarazo: Bajo su mando, el grupo pelotón Azteca del Batallón de infantería No. 27 Magdalena, ejecutó extrajudicialmente al campesino Ever Urquina Rojas el 17 de enero de 2008, en la vereda El Carmen Jurisdicción del Municipio de San Agustín. Recientemente se realizó imputación de cargos a 11 militares adscritos a dicho pelotón por este caso. En este mismo año, según información de la Fiscalía General de la Nación y el CINEP, miembros de su batallón ejecutaron extrajudicialmente a 26  civiles.

Coronel Edgar Alberto Rodriguez Sanchez: Relacionado con la ejecución extrajudicial de 16 civiles en el año 2007, cuando comandaba el batallón Magdalena.

Coronel Adolfo Leon Hernandez Martinez: Bajo su comando en el Batallón La Popa en el departamento del Cesar, organizaciones nacionales e internacionales registraron participación en casos de falsos positivos. Este Batallón ha sido uno de los más denunciados por su participación en ejecuciones de este tipo entre el año 2002 y 2008.

General Marcolino Tamayo Tamayo: Enfrenta acusaciones de fiscales de derechos humanos por obstruir investigaciones de 5 casos de ejecuciones extrajudiciales en Bogotá, valledupar, yopal y Urabá.

General Mauricio Ricardo Zúñiga Campo: Como director de inteligencia del ejército, ha sido relacionado con el reconocido caso de espionaje «Andrómeda», por el cual fue suspendido pero no arrestados ni acusados formalmente.

Coronel de la Fuerza Aérea Sergio Andrés Garzón Vélez: Se encuentra bajo investigación por el bombardeo indiscriminado a la población de Santo Domingo, Tame, Arauca en el año 1998, donde murieron 17 civiles y 21 resultaron heridos.

En la misiva, firmada por Adam Isacson, Coordinador Principal del Programa de Políticas de Seguridad Regional y Gimena Sánchez Garzoli, Coordinadora Principal del Programa de los Andes,  se alenta al Ministerio de defensa a abstenerse de los ascensos a oficiales de alto perfil sobre los que pese alguna investigación, al menos, hasta que el sistema judicial colombiano dé la última palabra, pues no hacerlo «envía un mensaje muy desafortunado al público colombiano, la comunidad internacional y especialmente a los mismos miembros uniformados de la fuerza pública colombiana»; así mismo en la carta WOLA manifiesta: » Es importante acabar para siempre las dudas sobre la transformación de las fuerzas armadas colombianas, y así enseñar que han llegado a ser de verdad una fuerza moderna que respeta los derechos humanos y el estado de derecho y que rinde cuentas sobre los miembros de su personal que no lo hacen.»

Conozca aquí la carta completa…

*Fotografía: Agencia EFE