A la denuncia valerosa y el compromiso con los derechos de los menos favorecidos, en Tame, Departamento de Arauca, se responde con represión,  asesinato y amedrentamiento.

Leidy Milena Duran, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Salvador,  ha sufrido los embates de la represión por su accionar humanitario. En 2002 su padre fue asesinado, posteriormente  su hermano Vladimir Duran fue amenazado, y finalmente, el pasado  25 de Mayo, fue atacado su esposo Salvador Gaitán Garrindo.

A las denuncias efectuadas por los luchadores sociales, y la alerta temprana hecha por la Fundación de Derechos Humanos “Joel Sierra”, la Brigada 18 del Ejercito Nacional y el Comando de Policía de Arauca asegura que  en el departamento no existen Autodefensas, Águilas Negras o Bacrim. La preguntan es entonces, si no existen estas fuerzas ¿Quién esta detrás de los atentados? ¿Quién los ejecuta?.

Los hechos ocurrieron a dos cuadras y media de la estación de policía ubicada en el casco urbano del municipio de Tame, fue efectuada por dos hombres que se movilizaban en una moto sin placas. Se ha denunciado que en varios municipios del departamento  ocurren amenazas, extorsiones y asesinatos.

Según algunos testigos los sicarios que participaron en el atentado eran antiguos miembros de las estructuras paramilitares. Alias “Coco” y Alias “Matasiete”, hicieron parte de la estructura paramilitar denominada “Bloque Vencedores de Arauca”,  la cual tenia plena articulación con las fuerzas armadas legales y  funcionarios del Estado como el Ex-Alcalde de Tame  Alfredo Iván Guzmán Tafur, y el  Ex-Gobernador de Arauca,  Julio enrique Acosta Bernal, entre otros funcionarios que dieron apoyo logístico al grupo ilegal, según declaraciones de alias “mellizo” jefe de la estructura ilegal.

A pesar que la comunidad identifica a los agresores, y a quienes han venido sembrando el temor  en varios  municipios del departamento, no se dan acciones de denuncia pues se temen las represarías que se puedan sufrir, como en el caso de la presidenta de la Junta, toda vez que no se reconoce una voluntad política dirigida a capturar los sicarios, quienes cuentan  con apoyo de la fuerza publica y las  autoridades civiles.

Se reclama a la defensoría del pueblo, al ministerio de protección social y demás instancias regionales y nacionales,  que garanticen la  protección de la vida e integridad de los habitantes de la zona, así como que se den acciones que hagan realidad la defensa de los derechos humanos. Se solicita que se de rápido curso a la investigación que explique y permitan la captura y judicialización de los autores materiales e intelectuales del atentado y que se den procesos de desmonte real de las estructuras paramilitares que aun se manifiestan en esta y otras regiones del país.